La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el último pleno en la Asamblea de Madrid, el asado mes de junio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el último pleno en la Asamblea de Madrid, el asado mes de junio. Carlos Luján / Europa Press

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Ayuso recula su Ley Trans tras suspender temporalmente el TC varios artículos: no habrá informe medico en menores

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El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso atrás en la que fue una de sus grandes bazas electorales la pasada legislatura: el cambio de la ley Trans y de derechos LGTBI. 

La líder del PP madrileño apostó por eliminar aspectos de la ley tras la aprobación de la legislación nacional que pasaba, entre otros puntos, por volver a obligar al menor de edad a tener un informe psiquiátrico para cambiar su género. Una medida que el Gobierno de Pedro Sánchez recurrió ante el Tribunal Constitucional y en la que los socialistas obtuvieron la razón.

Ahora, unos meses después, el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid ha registrado, un viernes y enmascarándola con otra propuesta de vivienda, una Proposición de Ley para modificar la Ley 2/2016, de 29 de marzo, y la 3/2016, de 22 de julio, de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas transexuales e intersexuales de la Comunidad de Madrid.

Según argumenta el Partido Popular, la reforma de estas dos leyes introduce "mejoras técnicas y de redacción de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Estado emitidas tras la modificación de dichas leyes en diciembre de 2023".

"Unos cambios que fueron aprobados en el Parlamento regional a iniciativa de los populares con el objetivo de proporcionar mayor claridad y seguridad jurídica y, así, garantizar la protección y asegurar la igualdad efectiva entre todos los ciudadanos, dando especial relevancia a la protección de la infancia, la profesionalización de los servicios y el rigor jurídico", explica la formación.

Sin más información, ha sido el diputado socialista Santi Rivero el que ha explicado en sus redes sociales en qué consiste exactamente la modificación propuesta por el PP. Así las cosas, hay dos cambios sustanciales.

El primero es relativo al informe psiquiátrico previo necesario para el menor de edad. Algo que eliminaba en su ley nacional el Gobierno de España y que Madrid ha intentado recuperar sin éxito. 

Por otro lado, la otra modificación es relativa a los vestuarios infantiles para niños y niñas trans. Rivero ha celebrado el paso atrás de los populares aunque ha dicho que, lamentablemente, no todo lo que le gustaría. 

Por parte del Partido Popular, fuentes parlamentarias evitan dar más información de dichos cambios y aseguran que son "mejoras técnicas". 

Por su parte, Más Madrid ha asegurado que Ayuso "recula por obligación" y para evitar un varapalo judicial. "Atacar estas leyes fue desde el inicio un acto cobarde y miserable y consideramos que esta auto-enmienda es un pequeño triunfo del movimiento en defensa de los derechos LGTBi". 

"Gracias a los recursos del Gobierno de España y de Más Madrid a instancias del defensor del Pueblo, hoy el PP ha tenido que rectificar y las personas LGTBi y en particular las y los menores trans estarán un poco más seguros en nuestra región", se han enorgullecido desde el partido de Manuela Bergerot.

Tribunal Constitucional

Sea como fuere, la 'culpa' de que el Partido Popular haya tenido que dar un paso atrás en la redacción de esta ley es, principalmente, del Tribunal Constitucional y el recurso presentado por el Gobierno de España. 

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el pasado 18 de julio los recursos del Gobierno central contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid y suspendió varios artículos. Precisamente, el que exigía a los menores trans informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición.

Al admitir a trámite su recurso, el pleno del Constitucional suspendía la vigencia y aplicación de los artículos impugnados, entre los que figura el que abre la puerta al asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estimaba una excepción a la prohibición absoluta de las terapias de conversión.