Ana Dávila es psicóloga y eso se nota. Tal vez por su formación especializada en el área infantil, principalmente centrada en trastornos del espectro autista, o por su labor atendiendo a personas con discapacidad y enfermedad mental, trata los temas que coordina desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid con especial delicadeza.

No quiere hablar de la rentabilidad, ni de las áreas más o menos "bonitas" de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Aunque es más que evidente que es mucho más cómodo explicar las ayudas a la maternidad (cuyos datos en Madrid se siguen disparando), que los problemas con algunos servicios en residencias. Aunque ella misma insiste "nunca se ha servido comida podrida". 

Su llegada a la consejería no fue un camino de rosas. La gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia de la Covid-19 y una crisis migratoria de total actualidad han acaparado gran parte de su tiempo.

Además, Dávila tiene entre manos una de las carteras en las que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto más peso ideológico y más proyectos personales: incrementar los datos de natalidad (con más de 99 medidas para ello) y conseguir que los mayores decidan dónde quieren envejecer (sea en una residencia o en sus casas).

Todo ello, rodeado de una modificación de las leyes Trans y LGTBI y de la ley de Familias, un 'muro de contención' contra las leyes nacionales que le están trayendo más de un dolor de cabeza al Partido Popular. 

PREGUNTA: ¿Cuántos menores no acompañados hay en la Comunidad de Madrid?

RESPUESTA: Bueno, es una cifra que fluctúa, sobre todo últimamente con esta crisis migratoria en la que el Gobierno de España no está controlando las llegadas. Hay momentos en los que llegan muchos y otros en los que llegan pocos. Si miramos el último año, estamos en cifras muy altas. Para darte una cifra más concreta, en lo que va de año, hemos atendido a casi 2.000 menores. Aún no tenemos cerrado el mes de octubre, pero es muy probable que esa cifra siga creciendo.

P: El Gobierno habló de un reparto, de unos mil más. ¿Tienen alguna previsión de cuántos más pueden llegar antes de que termine el año?

R: El problema es que el Gobierno ha usado informes que no diferencian la atención de todo el sistema de protección de menores de la atención específica a menores extranjeros no acompañados, que es una situación distinta. Han usado criterios a su antojo, como el de población, pero no han tenido en cuenta que nuestros recursos para menores no acompañados ya están colapsados. No han considerado criterios como la sobreocupación o la disponibilidad de plazas...

Llevamos más de un año advirtiendo de esta crisis migratoria. No se están usando sistemas adecuados para que el reparto de menores sea controlado. Necesitamos saber cuántos llegan, en qué condiciones, porque hablamos de menores con trayectorias emocionales muy duras. Algunos tienen trastornos mentales o discapacidades, lo que requiere adaptar recursos específicos. Si el Gobierno sigue gestionando así, pone en riesgo todo el sistema de protección de menores.

P: Aunque sé que es complicado hablar de personas en términos de competencias, en este caso es la Comunidad de Madrid la responsable de los menores. Ustedes acusan al Gobierno de "no tener un plan" con la crisis migratoria. Y, ustedes, ¿tienen algún plan específico para estos menores que llegan?

R: Claro. La Comunidad de Madrid siempre ha sido un referente en la integración. Somos una comunidad abierta donde, como dice la presidenta Ayuso, caben todos los acentos. Desde el primer momento en que un menor entra en nuestro sistema de protección, iniciamos un programa de integración. Empezamos por el idioma, la adaptación sociocultural y evaluamos sus necesidades, con profesionales que llevan años trabajando en esto. Estudiamos sus perfiles y les formamos para su integración sociolaboral. Muchos de ellos vienen con el deseo de trabajar, y nosotros adaptamos el plan de formación a sus características.

"En la Cantueña se incluirá formación en habilidades sociales como comunicación, trabajo en equipo, y resolución de conflictos y alfabetización digital para la búsqueda de empleo"

P: Todo ese proceso de integración se hace desde los centros gestionados por la Comunidad de Madrid. Como es el caso de la Cantueña, que ha estado rodeado de polémica, ¿qué van a hacer allí específicamente?

R: Acabamos de poner en funcionamiento el centro de La Cantueña por la necesidad de nuevos recursos. Es un centro de primera acogida que, además, será un gran referente en integración. También estamos creando un centro de formación adyacente, con colaboración de la Consejería de Empleo. Nos vamos a enfocar en formar a los menores en áreas como la logística y, gracias a la Consejería de Medio Ambiente, también iniciaremos en noviembre un proyecto para formarles en manipulación de alimentos y ayudantes de cocina.

P: ¿En qué consistirá exactamente este proyecto de formación con Medio Ambiente?

R: Será un proyecto muy completo que se iniciará en noviembre. Queremos formar a los menores en el ámbito agroalimentario, con toda la experiencia del IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario) y la entidad social CESAL para que los jóvenes realicen prácticas en instalaciones de este organismo. Creemos que será un proyecto exitoso porque apostamos por una buena formación y una adecuada integración, todo ello con mucho cariño y dedicación por parte de las distintas consejerías implicadas. Comprenderá dos itinerarios: formación en Manipulación de Alimentos y formación de Ayudante de Cocina, combinando teoría, habilidades sociolaborales y prácticas supervisadas.

Además, la Fundación CESAL ofrecerá apoyo tanto psicológico como educativo durante este proceso, para asegurar que los estudiantes seleccionados estén motivados y que la formación elegida se ajuste a sus capacidades y deseos de crecimiento profesional. Este apoyo emocional y social les ayudará además a superar las barreras idiomáticas y culturales, e incluirá formación en habilidades sociales como comunicación, trabajo en equipo, y resolución de conflictos y alfabetización digital para la búsqueda de empleo.

P: Entiendo que no quieren que el centro sea simplemente un lugar de acogida, sino que estos chicos reciban una formación para incorporarse directamente al mercado laboral y que trabajen en áreas como logística o ayudante de cocina.

R: Pensamos que la integración comienza desde el minuto uno, con el conocimiento del idioma, las leyes del país, y sus derechos y obligaciones. También ayudamos a que conozcan los transportes, servicios y recursos, incluyendo los recursos deportivos. Utilizamos mucho estos recursos para ellos. Queremos empezar a introducirles en los ámbitos de formación si están interesados, y esto se puede hacer desde la primera acogida. Por eso creemos que este enfoque es pionero y tendrá éxito.

P: Además de la formación, ¿qué otros recursos necesitan estos menores? Porque imagino que habrán cerrado plazas educativas en Parla o Fuenlabrada y también dotación sanitaria. 

R: En el ámbito educativo no suelen ser jóvenes en edad escolar, pero, si se da el caso, se gestiona a través de la Consejería de Educación con total facilidad. Respecto a la sanidad, en nuestros centros de primera acogida contamos con personal sanitario que realiza valoraciones iniciales. Trabajamos con hospitales cercanos para la vacunación y la detección de enfermedades infecciosas, así como en coordinación con los profesionales que realizan evaluaciones en los centros.

P: El tercer sector tiene mucho que decir en esta crisis migratoria. ¿Qué le dicen a usted? 

R: Nos trasladan que es complicado trabajar en estas circunstancias. Algunas entidades han abandonado sus proyectos, como la que gestionaba las salas de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde hubo hacinamiento y condiciones insalubres. Las entidades trabajan bien, pero necesitan garantías de orden y previsión, así como información sobre la situación a la que se enfrentan. Porque estén acostumbradas a trabajar en situaciones tan difíciles, no las tenemos que dejar a su suerte. En los campamentos de Alcalá de Henares y Carabanchel han sido abandonados a su suerte. 

"Las entidades del tercer sector están acostumbradas. a trabajar en situaciones difíciles, pero no las tenemos que dejar a su suerte"

P: Y sus compañeros en otras comunidades autónomas, ¿qué les dicen? Parece que Madrid siempre es la región que se queja más...

R: Todas las comunidades autónomas hemos transmitido la necesidad de que el Gobierno de España trabaje en esta grave crisis migratoria. Nos ponen a hablar con ministerios que no tienen competencias, como Infancia y Juventud, para desviar el problema. Y, mientras, los ministerios competentes, que sí deben actuar en el control de fronteras, el trabajo en origen y la entrada de menores no acompañados, no hacen nada. Hemos visto un colapso en los recursos de atención a menores. Y no hemos sido nosotros los primeros que lo hemos denunciado, sino Cataluña. 

Sánchez ha creado un problema, ha echado la culpa a las Comunidades Autónomas y nos ataca con todas las herramientas posibles cuando somos los que nos estamos dejando la piel. 

P: Esta semana ha surgido la polémica sobre el proyecto de crear un centro para migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. Ese centro aislado, junto a las condiciones en los centros temporales de Alcalá de Henares... ¿Qué le suscitan? ¿Qué piensa cuando ve esos proyectos y, mientras, el alcalde socialista de Fuenlabrada critica La Cantueña? 

R: Me parece una hipocresía. En los macrocampamentos, como el de Alcalá de Henares, hay 1.500 personas hacinadas, y se niegan a darnos acceso para verificar las condiciones. Es más, el Gobierno ha trasladado a menores a esos centros, contradiciendo sus propias afirmaciones. Luego, en Fuenlabrada, tanto el alcalde como el delegado del Gobierno están estigmatizando un centro que tiene profesionales y en el que se quiere integrar a esos jóvenes desde un primer momento. Es tremendamente triste que un socialismo, que se llama progresista, rechace a esos centros. 

"Con la dependencia, en la Comunidad de Madrid estamos proponiendo cambiar un modelo muy grande. Y eso no es algo que se logre de un día para otro, pero ya hemos avanzado mucho"

P: En los últimos meses, ha habido varios incidentes de agresiones en algunos centros de acogida, como ocurrió en Villalbilla, donde se agredió a una menor, o en Casa de Campo con coacciones a la dirección. ¿Qué medidas se toman en esas situaciones?

R: Las entidades responsables presentan las denuncias correspondientes. Una vez denunciado, es el juzgado quien investiga y define si hay medidas cautelares a aplicar. Mientras tanto, tenemos la obligación de seguir atendiendo a los menores y ellos tienen el derecho de volver a su domicilio.

P: Pasemos a hablar de dependencia, uno de los grandes proyectos de la Comunidad de Madrid para esta legislatura es que los mayores, si quieren, puedan seguir viviendo en sus casas. ¿Está el sistema preparado para acoger esa propuesta ¿Es rentable?

R: No me gusta hablar de rentabilidad cuando se trata de personas en situación de dependencia. Creo que hay que centrarse en las personas y en que elijan su proyecto de vida, especialmente si se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Debemos volcar nuestros esfuerzos en la dependencia, en los mayores y en las personas con discapacidad.

Pero, evidentemente, lo que estamos proponiendo es cambiar un modelo muy grande. Y eso no es algo que se logre de un día para otro, pero ya hemos avanzado mucho. Por ejemplo, la teleasistencia avanzada asegura un nivel de apoyo importante para todos los mayores en situación de dependencia, incluso para aquellos en grados menores o en situaciones previas. Esta teleasistencia incorpora nuevos detectores, como los de caídas, humos y fuego, así como recordatorios de medicación. Todos estos indicadores nos permitirán actuar de manera proactiva y prevenir.

Detrás de todo ese sistema, hay 450 profesionales listos para actuar según las necesidades del momento, incluso en situaciones de soledad. Creamos una gran red, por ejemplo, con Medicina de Familia. Porque un médico de Atención Primaria puede detectar cuándo una mujer se queda viuda y, a partir de ahí, iniciar un acompañamiento para que se incorpore a nuestros centros de día... Hay muchos ejemplos, y muchas situaciones diversas. Pero, reconozco que estamos es un proceso de transformación, donde lo primero de todo es informar a las familias sobre la teleasistencia avanzada y cómo puede ser una ayuda. El proyecto va a llegar a 100.000 hogares, pero se hace de una forma progresiva. 

P: ¿Y en las residencias?

R: Queremos que sean más similares a un hogar. Estamos trabajando en un nuevo modelo que implique residencias más reducidas y distribuidas en pequeñas unidades de convivencia. Así, las personas no sentirán que están en un lugar grande, sino en un ambiente más íntimo. También queremos darles la capacidad de elegir, que no sientan que por vivir en una residencia un tercero va a decidir por ti. Tú decides si quieres ir a actividad culturales, aprender un taller o ir a un centro de día, por ejemplo.

P: ¿Hay algún municipio que ya se haya interesado por su nuevo modelo de residencias? Se de muchos alcaldes que le están ofreciendo terrenos. Además, de Madrid ciudad donde ya anunció que se van a poner en marcha la mayoría. 

R: Exacto, otros ayuntamientos también están presentando terrenos. Estamos elaborando un calendario de reuniones con estos ayuntamientos para estudiar las parcelas. Tienen que tener unas características determinadas. 

P: El precio de la vivienda está caro, pero el de las plazas de las residencias no se queda atrás. ¿ Cómo podemos regular ese mercado?

R: Tenemos prestaciones económicas vinculadas al servicio en residencias. Además, queremos que las nuevas plazas, de esas residencias de las que hablábamos, sean más asequibles mediante un modelo de colaboración público-privada. Esto permitirá que la administración y los usuarios se beneficien.

"El Gobierno sólo financia el 30% del coste de la dependencia en Madrid mientras que a Cataluña y País Vasco les ha prometido hacerlo hasta el 50%, que es lo que marca la ley"

P: ¿Qué podría hacer el Gobierno de España para mejorar esta situación?

R: El Gobierno de España actualmente aporta solo el 30% para la dependencia. Si aumentara su aporte al 50%, podríamos atender a muchas más personas. En 2023, el Gobierno dejó de financiar la dependencia en 273 millones de euros en Madrid. Si se incrementara la financiación, muchas personas tendrían acceso más ágil a las residencias. A País Vasco y a Cataluña sí le prometió financiar el 50% de la dependencia, nosotros hemos exigido ser iguales, porque todos los españoles se merecen un trato igual por parte del Gobierno de España. Además, ese 50% es lo que marca la ley. 

P: La gestión de las residencias durante la Covid-19 y el mal estado de la comida de muchas residencias han sido motivo de polémica de un tiempo a esta parte. ¿Se sirve comida en mal estado? 

R: Se han hecho afirmaciones falsas sobre la calidad de los alimentos en nuestros centros. Es falso que lleguen alimentos podridos al plato de las personas que atendemos en nuestros centros. Nosotros trabajamos arduamente por un control de la alimentación adecuada y hemos incrementado entre el 20% y el 50% la inversión en este aspecto. Se realizan auditorías e inspecciones para asegurar que ningún alimento en mal estado llegue a nuestros mayores. 

Ahora no hablan tanto del tema porque están en otras cuestiones, pero siempre que le surge un problema al Gobierno de España, aprovechan para criticar a la Comunidad de Madrid. Pero nuestro compromiso con la calidad y la atención a nuestros mayores es firme, y siempre trabajaremos por su bienestar.

P: En su consejería también gestiona las ayudas de apoyo a la maternidad. Un proyecto muy grande de la Comunidad de Madrid. ¿Se van a seguir incrementando los presupuestos y las prestaciones con los próximos presupuestos generales de la Comunidad de Madrid? 

R: La presidenta Isabel Díaz Ayuso apostó por una estrategia de apoyo a la natalidad con un total de 90 medidas que abarcan todas las consejerías. Es una acción transversal a todo el Gobierno y en la que todos estamos comprometidos. La medida de más impacto es la ayuda económica, que se otorga a las madres desde la semana 21 de embarazo hasta que su bebé cumple dos años. Hemos detectado que muchas mujeres retrasan la maternidad por temas económicos, especialmente a partir de los 30 años, y para ellas también hemos incrementado medidas para promover la fertilidad. Pero, en lo que respecta a los presupuestos, todavía estamos en periodo de negociación, así que no puedo avanzar nada específico.

"La izquierda ha transmitido el mensaje de que se da marcha atrás con la ley Trans, pero eso no es cierto. Mantenemos la esencia de la ley, que se basa en el acompañamiento de los profesionales, especialmente en el caso de menores"

P: Hace algo más de una semana su grupo presentó una modificación de la ley Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid que, desde el PSOE y Más Madrid se ha interpretado como un paso atrás por saltarse la ley nacional. ¿Esto es así?

R: La izquierda ha transmitido el mensaje de que se da marcha atrás, pero eso no es cierto. Mantenemos la esencia de la ley, que se basa en el acompañamiento de los profesionales, especialmente en el caso de menores.

Vamos a seguir realizando un acompañamiento por parte de los profesionales de la salud mental infanto juvenil, incluso antes de que se inicie el tratamiento farmacológico, porque tenemos la experiencia de otros países en los que las consecuencias han sido devastadoras por el uso de estos fármacos. Nos preocupa que algunos tratamientos pueden ser irreversibles, y queremos asegurar que se realiza un acompañamiento adecuado.

P: ¿Se eliminará el informe psiquiátrico obligatorio?

R: No se eliminará. Lo que hacemos es que el informe sea, precisamente, un informe. No tiene porque ser vinculante ni favorable, pero sí tiene que ser un informe. Elaborado por los profesionales que atienden a la persona en caso de que tenga alguna enfermedad, para garantizar que no haya interacciones entre tratamientos. La protección de la salud de la persona es nuestra prioridad.

Por otro lado, la oposición no para de hablar de informes, pero no se utiliza la palabra informe en la parte del articulado que habla del apoyo antes y durante el tratamiento farmacológico. Lo que hemos hecho ha sido matizarlo un poco. 

P: La ley Trans regional la presentaron como un plan de choque contra la nacional y se hicieron eco de casos de hombres que se habían cambiado de sexo tras agredir a sus parejas ¿Ha pasado más veces?

R: Sí, hemos recibido información de ayuntamientos sobre casos en los que personas que han cambiado su sexo registral y están solicitando utilizar vestuarios femeninos, lo que ha generado preocupación entre las mujeres del municipio. Consideramos que es un problema que no debería existir, y hemos instado a la ministra a revisar la ley para proteger a las mujeres y nos dijo que no. El Gobierno de España no tuvo en cuenta a las sociedades médicas para elaborar su ley, nosotros sí. 

P: ¿Considera que un joven de 16 años puede tome tomar esta decisión? ¿Está preparado? 

R: Más que la edad es una cuestión de madurez. Hay chicos y chicas con 16 años muy maduros y otros de 22 que no. 

P: Pero las leyes hablan de edades. No evalúan cómo de maduro es un joven. 

R: Por eso nosotros queremos que exista el acompañamiento de profesionales. Porque es una decisión muy importante. Tenemos unidades pioneras, y queremos que pasen por ellas. Quien conoce la madurez de un joven son sus padres, su entorno, sus profesores, y los profesionales de la salud mental, que para eso les formamos durante años. 

"El centro para hombres víctimas de violencia de género en Madrid atenderá a hombres que hayan sido agredidos por otros hombres en contextos de prácticas sexuales"

P: Cuéntenos algo más de la creación de su centro para hombres víctimas de violencia de género que será pionero en España. Localización, plazos para su puesta en marcha...

R: Es una solución para un problema que nos preocupa y que tiene como objetivo seguir apoyando a menores víctimas de abuso sexual y brindarles acompañamiento psicológico y asesoramiento jurídico más allá de los 18 años. Nuestros recursos de atención a menores víctimas de violencia sexual atendieron a unos 250 jóvenes víctimas de estos abusos.

Se trata de menores que, a partir de los 18 años, podrían necesitar seguir con esos tratamientos, con ese seguimiento e, incluso, con ese asesoramiento jurídico. Y, si no creábamos esto, no podían seguir. Nosotros queremos seguir acompañando a esos chicos, la Administración está obligada a seguir dando ese apoyo, que en el caso de las mujeres sí que existe y que no va en detrimento, bajo ningún concepto, de los recursos a mujeres. Es complementario. Y, de hecho, no paramos de incrementar los recursos para mujeres víctimas de violencia sexual.

P: Entonces, ¿quiénes serían los principales usuarios de estos centros?

R: Principalmente, se atenderá a hombres que han sido agredidos por otros hombres en contextos de prácticas sexuales.

P: No son hombres víctimas de violencia física por parte de sus parejas, femeninas.

R: No, sabemos que eso es algo totalmente puntual. Nosotros hemos detectado esta necesidad en caso de hombres que son agredidos por otros hombres. La intención no es criminalizar a las mujeres, sino proporcionar apoyo a quienes lo necesiten, reconociendo que también hay hombres víctimas de agresiones.