Once alcaldes de Madrid en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Once alcaldes de Madrid en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Ayuntamiento de Fuenlabrada

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Los 11 alcaldes que desafían a Ayuso y piden que sus pueblos sean zonas tensionadas: "Hay que controlar el alquiler"

J. Soler
Publicada

Once alcaldes de la Comunidad de Madrid se plantan frente al problema del acceso a la vivienda y quieren poder limitar los precios del alquiler en sus municipios. Por eso, once Ayuntamientos de la región han aprobado este jueves el texto de la iniciativa para modificar la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid.

Su objetivo es que las ciudades tengan la iniciativa a la hora de declararse como zonas de mercado residencial tensionado y, de este modo, exista la posibilidad de actuar sobre el mercado inmobiliario para facilitar el acceso a la vivienda. Una medida sobre la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está totalmente en contra, pues consideran que "no ha funcionado en muchas capitales europeas, al igual que en Barcelona".  

El citado texto con el que once alcaldes desafían a Ayuso se someterá a aprobación por parte de todos los plenos de los diferentes municipios durante el mes de noviembre. Hay que destacar que, al final, es el Ejecutivo autonómico el que tiene todas las competencias en materia de vivienda.

Esta unión entre alcaldes busca llevar a cabo algo que Getafe intentó a finales de 2023. En aquel entonces, Sara Hernández, pidió que se declarase su municipio como zona tensionada, pues los alquileres habían rebasado la cifra de 1.000 euros. La respuesta del Gobierno de Ayuso fue clara: rechazaba la solicitud por considerar que la limitación de precios no había funcionado en otras ciudades. 

Ahora, los Ayuntamientos de Pinilla del Valle y San Martín de la Vega se unen a Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Parla, Ciempozuelos, Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio con un objetivo común y claro: controlar los alquileres y que el acceso a la vivienda sea más fácil.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha destacado que "las administraciones estamos obligadas a actuar con el objetivo de hacer efectivo el derecho de las personas a una vivienda".

"En el momento actual eso significa poder utilizar las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance como es el caso de la ley que permite declarar zonas como especialmente tensionadas y, en consecuencia, nos da la posibilidad de intervenir sobre el mercado para, por ejemplo, controlar los precios de los alquileres", ha dicho.

Javier Ayala ha añadido que "eso es lo que estamos pidiendo los ayuntamientos. Tener la posibilidad de poder hacer uso de esa ley sin el veto de la Comunidad de Madrid, trabajando de manera coordinada todas las administraciones con un único objetivo: hacer asequible la vivienda para todos y todas, pero especialmente para las personas jóvenes".

De hecho, la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, envió el pasado mes de mayo 178 cartas a todos los ediles de la Comunidad de Madrid en la que les pedía que se sumaran a la iniciativa legislativa que permitiera aplicar en la región el mecanismo de las zonas tensionadas.

Iniciativa legislativa

La Comisión de alcaldes y alcaldesas ha procedido este jueves a la aprobación de la exposición de motivos y del texto de la iniciativa legislativa para regular la declaración de zonas tensionadas en la Comunidad de Madrid.

Como hemos referido, estos documentos serán ahora aprobados durante el mes de noviembre por los diferentes plenos municipales de forma que la iniciativa se eleve a la Mesa de la Asamblea de Madrid.

Los alcaldes y alcaldesas han coincidido en la necesidad de que salga adelante para intervenir en el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía.

Por el momento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha negado de manera sistemática a declarar zonas de mercado residencial tensionado tal y como está previsto en la Ley estatal por el derecho a la vivienda.

En ese sentido, se han mostrado convencidos de que esta iniciativa, impulsada por municipios que representan alrededor de 900.000 ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid, será debatida en la Asamblea de Madrid.