La lista de desacuerdos y tensiones entre el PP y Vox en Torrelodones es larga. Su pacto en 2023 permitió a la derecha recuperar uno de sus feudos históricos. La relación, en cambio, tardó poco en hacer aguas. Los populares suspendieron el acuerdo de gobierno en verano. Pero las dos formaciones siguen gobernando el municipio juntos 'bajo el mismo techo' y entre reproches mutuos. 

Uno de los últimos desencuentros ha sido por la famosa tasa de basuras que los ayuntamientos españoles están obligados a establecer antes del 10 de abril de 2025. Hasta ahora, los dos partidos no se han puesto de acuerdo y no podrán llevarla a pleno en 2024. Y la alcaldesa, la popular Almudena Negro, reconoce que el Consistorio ya no llega al 1 de enero.

Por eso intentará aprobarla en los primeros meses de 2025. Este retraso impedirá que Torrelodones cobre el nuevo tributo a los vecinos el próximo año, tal y como confirma a este periódico la concejal de Hacienda, Concha Pastor de Pablo (PP). Por tanto, la localidad seguirá aplicando en 2025 la tasa de residuos que ya tenía vigente. 

"Ley vaga y poco precisa"

En los últimos meses, muchos ayuntamientos madrileños han ido configurando y aprobando sus propias tasas de basura. Bajo el principio 'quien contamina paga', el tributo será obligatorio por mandato estatal y recomendación europea. La Ley de residuos nacional aprobada en abril de 2022 dio tres años a los consistorios para establecer el nuevo sistema de pago. 

La normativa estatal obliga a los municipios a establecer un tributo diferenciado. Hasta ahora, los ayuntamientos han financiado la recogida de basuras con los presupuestos generales. Podían optar, además, por usar un tributo para pagar lo restante. La nueva tasa será obligatoria y deberá cubrir el servicio por completo.

Como es habitual, las corporaciones locales están regulando sus tasas de basura vía ordenanza fiscal. Como el servicio de gestión de residuos tiene un periodo impositivo que comprende el año natural y se devenga el 1 de enero de cada año, la tasa de basuras "debería estar aprobada cuanto antes" para que pueda aplicarse en 2025. Así se recomienda en una guía técnica elaborada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y asesorada por un catedrático de la Universidad de Sevilla. 

El documento recuerda que, para la aprobación de una ordenanza fiscal, se tienen que tener en cuenta los acuerdos provisionales, el periodo de exposición pública, las posibles alegaciones, la aprobación definitiva en el pleno y la publicación en el Boletín Oficial que corresponda. 

El plan de la alcaldesa Negro y su equipo es intentar aprobar en pleno el mecanismo a principios de 2025 para que el sistema esté configurado antes del 10 de abril. El 'socio' popular del Ayuntamiento interpreta que la "obligación legal" es que el tributo esté aprobado antes de esa fecha, no que deba repercutirse a los vecinos desde el año que viene. Por eso, consideran que está "dentro de la legalidad". Sin embargo, otros consistorios madrileños del PP consultados por este diario sí que entienden que la nueva tasa tiene que cobrarse ya el próximo año. 

Al igual que otros ayuntamientos, el de Torrelodones es muy crítico con las pautas que marca el Gobierno para la configuración del tributo. "Es muy vaga y poco precisa. Deja un gran margen a los ayuntamientos y nos deja una situación muy complicada porque la litigiosidad va a ir contra nosotros. Nos hubiera gustado que fuera más clara y consensuada", apunta Pastor.

"La ley no dice nada de sanciones"

La Ley no diseña un régimen sancionador ante el incumplimiento de algún municipio. Una nota informativa publicada por el Ministerio de Hacienda sí que explica que el incumplimiento de los objetivos comunitarios que afectan a los residuos municipales podría conllevar que España fuera sancionada. "Dicha sanción sería repercutida a las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector público responsables, lo que se aplicaría a aquellas entidades locales que no cumplieran con el establecimiento de la Tasa/PPPNT que tenga en cuenta el sistema de pago por generación y que no sea deficitaria", detalla la circular. 

La responsable de Hacienda de Torrelodones también interpreta que en este punto hay un "gran vacío legal". "La Ley no dice absolutamente nada de sanciones", remarca Pastor, que insiste en conversación telefónica en que el PP trabaja en el ayuntamiento para "cumplir la ley".

Las versiones de PP y Vox

El 'encontronazo' entre PP y Vox por la tasa de basuras se produjo en octubre. Los populares han explicado que el plan era llevar a un pleno extraordinario en octubre un 'pack': una tasa "lo menos gravosa" posible y una bajada del IBI del 0,49 al 0,45%. Todo ello con el objetivo de para la gran mayoría de los vecinos salga "lo comido por lo servido". 

"Les presentamos la tasa [a Vox]. Esto ha supuesto meses de trabajo de los técnicos municipales y todavía estamos esperando su contrapropuesta. No han sido capaces de presentar nada, por lo cual ya nos hemos ido de plazo para la tasa", argumentó Negro en una entrevista para La Razón publicada el 4 de noviembre. 

¿Qué dice Vox? En un comunicado publicado el 29 de octubre, el partido, liderado en el municipio por Sonsoles Palacios, acusó al PP de no contar con Vox para redactar la modificación de la tasa y de las ordenanzas fiscales. "Impidió su negociación al no aportar la documentación necesaria y ofrecer un plazo coactivo de solo tres días que Vox no aceptó", justificaron.

En este sentido, Palacios explicó que su partido exigió a los de Negro el expediente completo. Cuando recibieron la información, descubrieron que la nueva ordenanza pretende aplicar "coeficientes extremadamente recaudatorios a centros escolares, residencias, comercios y hostelería".

"Queremos asegurarnos de que se apliquen los coeficientes menos gravosos tanto a familias como a usos no residenciales y eso supone un estudio en profundidad para el que se necesita más tiempo", defendió Palacios, que dentro del equipo de Gobierno es la segunda teniente de alcalde y concejal de Servicios Sociales, Familias y Mayores.

Una delegación compuesta por concejales de Vox de las ciudades de Valladolid, Cartagena, Burriana, Torrelodones y Elche ha intervenido esta semana al Parlamento Europeo para denunciar la entrada en vigor del 'tasazo' de basuras en sus municipios, según ha explicado el partido en otro comunicado.