La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Europa Press
Ayuso da marcha atrás y acepta la subvención del Gobierno para contratar más profesores en las universidades públicas
- La Comunidad anuncia su adhesión al programa un día después de que la ministra Morat desvelará que Madrid era la única región que no se había sumado.
- Más información: Ayuso usará su Ley de Universidades para evitar "perfiles no cualificados" tras el 'caso Begoña Gómez'
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está ultimando la firma del convenio del programa estatal María Goyri, con el que se crearán nuevas plazas de profesores ayudantes de doctor en las universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Rey Juan Carlos y Alcalá), aunque lo "adaptará a la realidad" de sus centros con una propuesta alternativa.
Así lo han anunciado este martes desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, un día después de que el Ministerio de Ciencia y Universidades anunciara que todas las comunidades autónomas, excepto Madrid, se habían adherido al programa.
La ministra del ramo, Diana Morant, envió este lunes una carta al Gobierno regional pidiendo que rectificara su posición para no perder 169 millones de financiación, ya que el jueves terminaba el plazo para adherirse.
En cualquier caso, desde el departamento que dirige Emilio Viciana explican que el texto propuesto por el Ministerio "impone contratar" a través de este programa a una "única figura docente", la del profesor ayudante doctor.
Este puesto -tal y como agregan las mismas fuentes regionales- "según los propios rectores madrileños no soluciona sus problemas en plantilla e incide en esa temporalidad que se pretende evitar".
"Además puede plantear problemas legales a medio plazo, ya que se obligaría a priorizar la estabilización de esta figura por delante de otras categorías como las de profesor titular de universidad, profesor permanente laboral o cualquier otra de las previstas en el ámbito académico universitario", han agregado.
A su vez, desde la Consejería subrayan que la propia redacción del convenio incluye "numerosas referencias de tipo ideológico y nulo valor jurídico, como las alusiones a la 'oportunidad histórica' que ofrece la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) para estabilizar las plantillas".
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"Precisamente -añaden desde Madrid- es esta ley la que perjudicará la calidad y excelencia de las universidades y la igualdad de oportunidades de los alumnos". "Por todo ello, el Gobierno regional está trabajando en una propuesta alternativa del acuerdo, que enviará al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que pueda ser rubricado por todas las partes lo antes posible", concluyen.
Más presupuesto en 2025
Del mismo modo, la presidenta regional ha anunciado este mismo martes que la región incrementará casi un 4% su aportación económica para financiar a las seis universidades públicas de la región durante el próximo año 2025.
"Esta es una de las principales conclusiones de la reunión que ha mantenido hoy la presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos", ha adelantado el Ejecutivo en un comunicado reenviado a los medios.
La subida será concretamente de 42 millones de euros, un 3,8% más que lo destinado en 2024, en línea con el incremento presupuestario que ha tenido la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, y vinculando ya una parte de la financiación a la consecución de objetivos. Esto reflejará en el proyecto de las cuentas regionales para 2025, que ya se está tramitando en la Asamblea de Madrid para su aprobación antes de que termine el año.
Entre las principales medidas que se han acordado está iniciar los trabajos para desarrollar un modelo de financiación estable de las universidades públicas madrileñas, "que vinculará una parte de la financiación a la consecución de determinados objetivos".
Además, las aportaciones para 2025 contendrán un incremento de la partida para inversiones y mantenimiento de infraestructuras y edificios universitarios hasta alcanzar los 20 millones de euros.
Así, la Consejería ya está trabajando junto a los responsables universitarios en un plan de infraestructuras para definir el estado y necesidades que presenta cada institución.
Del mismo modo, han explicado que la segunda quincena de enero de 2025 continuarán los trabajos sobre el modelo de financiación vinculado a la nueva ley de Universidades.
