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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará en su reunión del próximo miércoles 11 de diciembre un convenio para la firma del Programa María Goyri, destinado a incorporar nuevos docentes en las seis universidades públicas de la región.

Según ha informado la Comunidad de Madrid, esta iniciativa permitirá la creación de 1.091 plazas de profesor ayudante doctor para ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesorado en estas instituciones.

La ministra del ramo, Diana Morant, envió el lunes pasado una carta al Gobierno regional pidiendo que rectificara su posición para no perder 169 millones de financiación, ya que el jueves terminaba el plazo para adherirse.

Insistencia del Gobierno

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades había escrito este lunes al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, instando al Gobierno regional a que firme el texto del convenio del Programa María Goyri antes del 13 de diciembre.

En el escrito, el Ministerio recordaba que "todos los elementos del convenio", que permitirá la contratación de cerca de 1.100 profesores, fueron acordados con las demás comunidades autónomas y universidades en junio pasado.

El Ministerio señalaba que 16 comunidades autónomas y 44 universidades públicas ya habín ratificado el acuerdo sin modificaciones. Asimismo, el texto fue finalmente aprobado, con el voto positivo de la Comunidad de Madrid, en la Conferencia General de Política Universitaria del 19 de junio. 

Por su parte, la ministra Diana Morant advirtió el pasado 4 de diciembre que "solo cabe" que la Comunidad de Madrid firme el mismo acuerdo de financiación de universidades públicas que el resto de las comunidades, tachando de "excusas o jugarretas" las condiciones propuestas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Reparos de Madrid

No obstante, el Gobierno regional ha expresado sus reparos al acuerdo. La Comunidad de Madrid considera problemático que se imponga la contratación de una única figura docente, la de Profesor Ayudante Doctor, y ha planteado una propuesta alternativa.

Además, ha cuestionado que la redacción del convenio incluya "numerosas referencias de tipo ideológico y nulo valor jurídico". El correo remitido por el secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, al consejero Viciana es en respuesta a estas modificaciones solicitadas por la Comunidad de Madrid.

Viciana, por su parte, ha señalado que el pasado miércoles envió al Ministerio una propuesta de convenio para adaptarlo a las necesidades de las universidades madrileñas.

En su propuesta, solicitaba que las universidades pudieran elegir qué figuras docentes contratar, sin limitarse exclusivamente a la figura del profesor ayudante doctor, al menos en lo que respecta a la parte financiada por la Comunidad de Madrid desde el inicio. Además, se pedía la eliminación de términos ideológicos que no corresponden a un acuerdo entre administraciones, como las referencias a la “oportunidad histórica” de la LOSU.

“Es falso que la Comunidad de Madrid no quiera dotar de mayor estabilidad a las plantillas universitarias. El verdadero problema es que esta ley perjudica la calidad de la universidad y la igualdad de oportunidades entre los alumnos. Y, como ha ocurrido en todo lo relacionado con la universidad, el Ministerio se ha negado a negociar una vez más, imponiéndonos esta cacicada”, ha denunciado Viciana.

El consejero ha subrayado que, a pesar de esta postura del Ministerio, la Comunidad de Madrid procederá a firmar el convenio, comprometida con la estabilidad y el futuro de las universidades públicas de la región.

Reparto de plazas

De estas plazas, 656 serán financiadas por el Ministerio, mientras que los 435 puestos restantes serán costeados por la Comunidad de Madrid. El Ministerio solo financiará la contratación de los 656 profesores durante los primeros seis años, y que, una vez transcurrido este periodo, el Gobierno regional asumirá los salarios de los 1.091 profesores del Programa María Goyri. Para poner en marcha esta iniciativa de inmediato, la Comunidad de Madrid destinará anualmente 17,5 millones de euros a partir de 2025.

El proceso de firma se firmará con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos.