Manuela Bergerot durante la entrevista en EL ESPAÑOL

Manuela Bergerot durante la entrevista en EL ESPAÑOL Javier Carbajal

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Más Madrid pide un banco de ADN para las víctimas de la Guerra Civil y exhumar las 322 fosas comunes en la región

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El enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso sigue subiendo de temperatura. Mientras el Ejecutivo central anunciaba este martes más de un centenar de eventos para conmemorar el final de la dictadura, la presidenta madrileña ha dejado claro que no participará en ninguno y ha asegurado que el presidente del Gobierno ha "enloquecido".

En este contexto de tensión, Más Madrid ha llevado a la Asamblea de Madrid una proposición no de ley (PNL) para dar voz y "justicia" a una memoria histórica que considera descuidada por parte del Ejecutivo autonómico. La normativa se ha registrado antes de que se produjera el choque entre administraciones, pero la actualidad política la ha puesto más en relieve.

Según han comunicado desde Más Madrid, el objetivo final de la ley es localizar, identificar y recuperar los cuerpos de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en la región. Dicen que es la primera de estas características registrada en la Asamblea de Madrid, pero con una mayoría absoluta por parte del Gobierno del PP de Madrid, su recorrido se prevé escaso. 

La iniciativa busca, dignificar a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo mediante la creación de un banco de ADN y la actualización del mapa de fosas comunes, un mapa que, según investigaciones recientes utilizadas por Más Madrid, ha sido subestimado.

Y es que, según explican en el argumentario legislativo, el mapa de fosas elaborado por el Gobierno madrileño en 2011 registra solo 50 puntos, un número que, según los estudios de la Asociación Científica ArqueoAntro, no se acerca a la realidad: existen al menos 322 fosas documentadas en la región. Más Madrid denuncia que la falta de interés y financiación ha frenado la localización y exhumación de muchas de ellas.

En el corazón de la propuesta está la creación de un banco de ADN que facilite la identificación de los restos exhumados.

Este sistema conectará los perfiles genéticos obtenidos de los cuerpos recuperados con las muestras aportadas por familiares, garantizando la gratuidad del proceso y la confidencialidad de los datos.

"Se creará un Banco de Datos de ADN en coordinación con bases de datos estatales y autonómicas, que contendrá las muestras genéticas de restos exhumados y las aportadas por los familiares, garantizando su conservación y confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos", explica la propuesta.

Según argumentan Alicia Torija y Manuela Bergerot, ambas firmantes de esta propuesta, este banco será una herramienta esencial para cerrar heridas abiertas desde hace más de 80 años. "En el caso de restos no identificados, sus perfiles genéticos serán incorporados al Banco de Datos de ADN para facilitar futuras identificaciones". 

Multas de 250.000 euros

Una de las medidas más destacadas de la proposición es el régimen sancionador, que contempla multas de hasta 250.000 euros para quienes prohíban o dificulten las exhumaciones. Esto incluye fosas ubicadas en terrenos privados o en propiedades eclesiásticas, como cementerios parroquiales, para las que Más Madrid exige acceso garantizado y colaboración de las diócesis mediante la apertura de archivos históricos.

El contexto político no es el único desafío. El tiempo apremia, como recuerda la proposición de ley: el paso de los años borra testimonios, destruye fosas y cambia paisajes, complicando la localización de los restos. Más Madrid propone la creación de un mapa integral y digitalizado de fosas, actualizado anualmente, que reúna investigaciones históricas, testimonios y datos forenses.

Concretamente, en el artículo 7, se concreta que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "publicará oficialmente, a través de una plataforma digital y actualizará anualmente los mapas de fosas en colaboración con las instituciones y las entidades que le suministren información, respetando los derechos de privacidad y protección de datos". 

Además, la ley busca garantizar la implicación de las familias en todas las etapas del proceso, desde la exhumación hasta la reinhumación de los restos identificados. También se incluye la restauración y conservación de objetos hallados en las fosas, que podrán ser catalogados como bienes patrimoniales si no son reclamados.