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El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue planteando estrategias para evitar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, identifique la histórica Casa de Correos como lugar de torturas del franquismo.

Tras conocer que la sede del Gobierno regional estaba propuesta entre las edificaciones señaladas por la Ley de Memoria Democrática, el Ejecutivo regional ha ideado una serie de estrategias que pasan desde por la denuncia pública hasta el Tribunal Constitucional. ¿El objetivo? Que Sánchez no se haga la foto en la fachada de su 'casa', la sede de la presidencia regional, la Real Casa de Correos

La penúltima de las estrategias para evitar esta celebración es que la que llevará a cabo este viernes el grupo parlamentario del Partido Popular. Lo que harán será obviar el informe que una letrada que la Asamblea de Madrid ha emitido y que jugaba en contra de los populares. Según el documento no tiene cabida la enmienda del PP con la que quieren evitar que Sánchez declare la Real Casa de Correos como lugar histórico ligado con la guerra civil.

El PP anunció dicha medida al respecto a final de noviembre y ahora la han incluido como enmienda en una de las leyes Ómnibus que se aprobarán este viernes. La letrada asegura que el PP no debe incluir esta enmienda en la ley, pues son "leyes diferentes a las previstas". 

"En opinión de esta Letrada no guardan conexión material con la proposición de ley objeto del informe", afirma. O lo que es lo mismo, cree que el PP no puede 'colar' en una ley como esta un tema que afecta a cuestiones ajenas a la misma. 

Tribunal Constitucional

Desde el Partido Popular han asegurado, ya que en la votación de este viernes obviarán dicha recomendación (que no es vinculante), que seguirán adelante con la tramitación de la ley. Algo que, como tienen mayoría absoluta, saldrá adelante.

Aun así, esta será la batalla que librarán este viernes, pero no la última. El consejero portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, anunció este miércoles que ya están empezando a plantear los pasos para poder llegar hasta el Tribunal Constitucional.

De hecho, ya han solicitado al Gobierno central la anulación de la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. Un paso previo antes de acudir al Tribunal Constitucional al considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez está invadiendo competencias autonómicas.

Según fuentes de la Comunidad de Madrid, el objetivo principal de Ayuso es impedir que Sánchez utilice este enclave como parte de los actos del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, una efeméride que el Gobierno central planea conmemorar en el marco de la Ley de Memoria Democrática.

"Franco aniversario"

La pugna entre el Gobierno central y el regional se inició en noviembre cuando la presidencia de la Comunidad de Madrid envió alegaciones al procedimiento del Gobierno central que declaraba la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática.

El problema es que, ahora, con el anuncio del presidente del Gobierno relativo a celebrar los 50 años de la muerte de Franco, desde la Puerta del Sol 'temen' que el Ejecutivo central busque celebrar actos dentro de esa efeméride en la que es la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso

En lo que respecta a los actos relacionados con el aniversario de la muerte del dictador, la presidenta regional ha cargado duramente desde que se conociera la noticia a principios de diciembre. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado esta iniciativa como un intento de "dividir aún más a los españoles" y de "enloquecer con el pasado". Ayuso considera que el presidente del Gobierno está utilizando el franquismo como "una cortina de humo" para desviar la atención de los problemas actuales del país.

También ha asegurado que su Gobierno no participará en ninguna de estas actividades que, a su juicio, solo buscan "reabrir heridas ya cerradas por la sociedad". Y menos aún quiere que la sede del su Gobierno se vea implicada en dichas celebraciones.

Ayuso, conocida por su frontal oposición a Sánchez, ha convertido este enfrentamiento en una de sus principales banderas políticas de las últimas semanas. Asegurando que defenderá la autonomía de Madrid y la neutralidad de su sede gubernamental sin querer vincularla a su pasado como cárcel franquista.