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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación del Plan Regional contra las Drogas, a 4 de noviembre de 2024, en Madrid (España).
Ayuso considerará "droga" los cigarros sin nicotina y los vaper en su uso por menores: las multas las pagarán los padres
Sanidad insiste en que estos dispositivos electrónicos "suponen un riesgo para la salud asociado tanto al uso como a la exposición al aerosol que emiten".
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Ayuso tiene casi todo preparado para sacar adelante su nueva ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos. Con esta modificación de la Ley 5/2002 la Comunidad de Madrid pretende endurecer las sanciones al consumo de derivados del cannabis y vapeadores así como su venta a menores de edad. Un debate en el que el Ministerio de Sanidad todavía no ha empezado a legislar.
Ayuso toma la delantera y, según consta en su anteproyecto de ley que ya ha sido publicado, el objetivo principal es endurecer las restricciones de los nuevos tipos de adicciones. Algo que hace con el objetivo de "proteger especialmente a los menores de edad" y que va de la mano de sus proyectos en escuelas e institutos que ya ha presentado.
La legislación es bastante amplia y modifica muchos aspectos, aunque tal vez uno de los más llamativos es cómo modifica el concepto de droga, incluyendo algunas que hasta ahora no eran consideradas como tal entre las que se encuentran el CBD o cannabidiol, los vapeadores y los cigarrillos sin nicotina.
En el argumentario de la ley, elaborado por la Consejería de Sanidad, se explica que se modifica la Ley 5/2002, de 27 de junio, "al objeto de adecuar la regulación de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, de los cigarrillos o dispositivos electrónicos sin nicotina y de los cannabinoides, enfocado en la protección de la salud de las personas menores de edad".
En este sentido, argumentan que los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y los cigarrillos o dispositivos electrónicos sin nicotina se publicitan como productos inocuos, pero "suponen un riesgo para la salud asociado tanto al uso como a la exposición al aerosol que emiten".
Al ampliar en la categoría de drogas estos productos, existen multas por la venta de estos productos a menores de edad, pero también a los propios menores si se considera que estos son infractores. Por ejemplo, compran un vaper presentando un documento de identidad falso que les acredite como mayores de edad.
En estos casos, la ley explica que "la persona adulta responsable responderá solidariamente del pago de las sanciones derivadas de las infracciones cometidas por personas menores de edad".
Una ley y 70 medidas
La idea es que, una vez superada la fase de audiencia pública y de alegaciones, el nuevo plan esté aprobado en el primer trimestre de 2025. Será después cuando arranque su tramitación en la Asamblea de Madrid.
Esta modificación legal supondrá, a su vez, la adecuación de la legislación actual a la Ley autonómica de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y de la Adolescencia de 2023. Este último texto prohíbe la venta a los niños de sustancias nocivas para su organismo y obliga a informar sobre su composición y características.
La gran mayoría de las 75 medidas del plan regional antidrogas de 2025 presentado en noviembre serán nuevas. Con ellas, el objetivo es proteger a los menores de edad de productos como vapeadores, snacks o gominolas con CBD que ya se venden en establecimientos y que, según el Gobierno autonómico, tienen "importantes riesgos para la salud".
Una vez en marcha, la legislación impedirá que se venda a menores de edad este tipo de productos a través de máquinas expendedoras, dispensadores, móviles, portátiles, etcétera. Se vetará su publicidad a una distancia mínima de 300 metros respecto a los colegios e institutos.
También se restringirá que se patrocinen estos artículos como algo beneficioso para el rendimiento físico o laboral.
Asimismo, se van a incrementar la presencia de cursos y formación dentro de los colegios, institutos y universidades y poner en marcha la vigilancia de zonas calientes (con sistemas como el control de aguas residuales).
Puntos destacados de la ley
1. Justificación y marco legal:
• La reforma se basa en la necesidad de proteger la salud de los menores, conforme a tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, y a la legislación española y autonómica.
• Pretende responder a nuevas evidencias científicas sobre dispositivos electrónicos como cigarrillos electrónicos, productos derivados del cannabis, y otros productos con potencial adictivo.
2. Nuevas regulaciones sobre productos específicos:
• Prohibiciones y restricciones para dispositivos susceptibles de liberar nicotina (DSLN), cigarrillos electrónicos sin nicotina (DESN) y productos con cannabinoides.
• Regulación estricta de su publicidad, venta, consumo y suministro, especialmente en espacios frecuentados por menores y en medios de comunicación.
3. Principios rectores:
• La reforma sigue principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, con especial énfasis en prevenir conductas adictivas entre los menores.
4. Restricciones a la publicidad:
• Prohibición de promoción y patrocinio de estos productos en medios accesibles para menores, en un radio de 300 metros de centros educativos, y en contenidos audiovisuales y videojuegos.
5. Medidas de control y sanciones:
• Endurecimiento de las sanciones por infracciones relacionadas con el suministro de estos productos a menores, incluyendo multas y restricciones comerciales.
• Requerimientos de documentación que acredite la edad del comprador en establecimientos y máquinas expendedoras.
6. Impacto en la salud:
• Reconocimiento de los riesgos asociados a estos productos, como problemas respiratorios, efectos en el desarrollo cerebral y aumento de la dependencia.
• Incorporación de medidas preventivas y educativas para minimizar estos riesgos.
7. Estructura del proyecto:
• Modificación de artículos específicos de la ley vigente para incluir definiciones y regulaciones adaptadas a los nuevos productos.
• Periodo transitorio de tres meses para implementar las medidas propuestas.