Rápido, sin gran coste y, sobre todo, en marcha antes de final de año. Uno de los grandes anuncios que ha hecho este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera sesión del debate del estado de la Región ha sobresalido por encima de los demás: la popular ha presentado una nueva línea antiokupas, una oficina dotada de un teléfono tipo 112 para atender las consultas y guiar a los propietarios madrileños en el caso de que sus propiedades sean invadidas.

Así, “como tarde a finales de año”, apuntan fuentes del Gobierno madrileño en conversación con EL ESPAÑOL, la Comunidad contará con un nuevo servicio para la lucha contra la invasión de la vivienda ajena.

Porque puede que, para algunos, cada vez que escuchen la palabra okupación se le venga a la cabeza historias inverosímiles, imágenes que consideren ciencia ficción. Un problema menor que afecta a unos pocos, que son, por lo general, bancos o fondos buitre, propietarios de pisos y edificios que durante la crisis económica quedaron desiertos y, después, abandonados y okupados por aquellos que no tenían donde vivir.

No les falta razón, esos casos existen. Pero no son los únicos, ni sus inquilinos, digamos, necesitados. La realidad es que esta lacra puede afectar a cualquiera. Del nivel social más bajo al más alto, sin distinciones. Y que si ocurre, la indefensión del propietario es total. La ley no les protege.

4.000 casas okupadas en Madrid

La okupación no es ajena a la Comunidad de Madrid. En datos de la propia Consejería de Vivienda, facilitados a este diario, en la región hay, aproximadamente, 4.000 casas okupadas: 2.017 inmuebles pertenecientes a la Agencia de Vivienda Social y en torno a 2.200 referentes a viviendas libres, promociones privadas o de bancos. De esas 2.017 de titularidad pública, “unas 300 de las viviendas han sido okupadas de manera violenta (patada en la puerta, rotura de ventana). El resto tiene distintos grados de okupación ilegal y no regularizadas”, deslizan fuentes regionales.

El método ideado por Ayuso es sencillo: si un propietario se da cuenta que su vivienda ha sido invadida, tan sólo tendrá que llamar a este número -una línea 900, explican, que aún está en proceso de diseño- para buscar orientación. El gasto, que saldrá del presupuesto de la Consejería de Justicia e Interior, será mínimo, afirman, dado que se trata de “formar a personal de la Dirección General de Seguridad para atender las llamadas y hacer el asesoramiento y derivar esa información a las Policías Locales y la Guardia Civil”.

Un servicio de este tipo, integrado en un servicio de emergencias como el 112, no existe en España. “Es pionero”, indican. “A nivel europeo no tenemos constancia de que haya algo específico incrustado en el servicio de emergencias al uso”.

Idea de la propia Ayuso

Desde el Palacio de Correos, sede del Gobierno madrileño, apuntan que se trata de una idea de la propia Díaz Ayuso. Lo atestigua el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, nuevo hombre fuerte de Ayuso, en una charla con este diario. "El diseño de este servicio de asesoramiento y coordinación antiokupación surge de una petición expresa de la presidenta, que conoce y valora el trabajo que desarrolla la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 y la Dirección General de Seguridad, y pensó que podíamos aprovechar la experiencia de sus profesionales para, en la medida de nuestras competencias, hacer frente a este problema social y de seguridad".

En la misma línea se manifiestan otras fuentes regionales. La oficina “responde a una realidad: en particular la Comunidad de Madrid la sufre en su propio patrimonio público de vivienda, que se ha traducido anteriormente en distintas iniciativas”, como una mesa de trabajo, formada antes de la pandemia junto con el Ayuntamiento de Madrid, para el estudio de la situación, “para ver el problema que estábamos detectando”.

El resultado de aquello: una petición a la Delegación del Gobierno para que tomara medidas a través de la Policía Nacional para hacer un seguimiento de los barrios en los que se detectara mayor presencia de okupación.

También el Gobierno liderado por Ayuso, pero integrado tanto por PP como por Ciudadanos, presentó ante la Fiscalía una denuncia para “que se abriera una investigación por las okupaciones por partes de grupos mafiosos de varias viviendas en distintos barrios y municipios”

Agilizar los juzgados y coordinar

Tras estos meses pandémicos, el Gobierno madrileño ha querido dar un paso más, sobre todo dada la coyuntura, donde los números que radiografían la okupación en nuestro país -y, por tanto, en la Comunidad-, han vuelto a las cifras habituales, tras un bajón propiciado por el confinamiento. “Ahora no sólo las noticias de okupación están más en boga, sino que hay más casos concretos, gente privada de su derecho a la propiedad”, insisten voces de la Consejería de Justicia.

“Creemos que es muy importante, porque, además que la gente no sabe qué puede o qué debe hacer para evitar, falta cierta coordinación, poner en contacto a las personas con la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil”, ahondan. “Es un tipo de supuesto delito que, cuanto más rápido se detecte y más rápido haya una respuesta, facilita la resolución del problema”.

Fuentes de la Consejería de Vivienda, que comparte competencia en el terreno de la okupación con Justicia e Interior, deslizan que “ha habido montaña rusa durante la pandemia. Durante el estado de alarma ha bajado un poco. El país estaba en un estado de shock. Ahora está volviendo a los límites normales de la okupación. No estamos en el año 2015, punto álgido de la okupación, pero estamos otra vez en registros altos. En el IVIMA no estamos notando un repunte salvaje, pero en la promoción privada sí está habiendo (SAREB, bancos) un mayor repunte”.

“Pretendemos que los juzgados agilicen. Que se le exija a un tío que okupa un título habilitante, y si no, fuera”, sintetizan. Algo totalmente en línea con las palabras del consejero del ramo, David Pérez, que recientemente alegó que “desde la Comunidad de Madrid se declaraba frontalmente la guerra a la okupación porque cada vivienda que se okupa es una familia menos que de manera legal y ordenada ha solicitado una vivienda y se le priva de ella”.