Las peleas de perros ilegales siguen siendo, contra todo pronóstico, una realidad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado una sentencia de la Audiencia Provincial que condena a 21 personas por criar canes luchadores y organizar peleas en Canarias. Entre ellos, hay dos criadores madrileños que tenían -en sendas fincas- más de 30 animales heridos y en condiciones deplorables.
La investigación comenzó en septiembre de 2016 y tuvo su punto de inflexión el 18 de febrero del 2017. Aquel día, una redada de la Policía Nacional irrumpió en una finca de Güímar (Tenerife) donde se estaba celebrando la "convención canaria de peleas de perros", clandestina, por supuesto.
Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UCDEV) entraron en medio de una pelea y encontraron en el lugar a una decena de personas con fajos de billetes listos para ser apostados.
El organizador de este evento era Eloy P.C., ahora condenado, y que aquel día ejecutó a uno de sus pitbulls. El hombre había abandonado voluntariamente una de las peleas celebradas. Tras someter a su perro a los ataques de su rival, le fracturó el cuello.
"El cuerpo del animal fue encontrado por los agentes, aún caliente, dentro de una bolsa de plástico en el interior de la finca", se puede leer en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico. Entre los asistentes había dos menores de edad. En un registro posterior en la finca de Eloy, en Santa Cruz de Tenerife, "fueron encontrados 32 perros con cicatrices de peleas anteriores".
"Como consecuencia de dicha investigación, ha quedado acreditado que los acusados, tanto en Madrid como en Tenerife, Alicante, Murcia, Málaga y Almería, se dedicaban a la crianza y entrenamiento de perros de raza potencialmente peligrosa, sobre todo pitbull o presa canaria, a fin de destinarlos a pelear, apostando en dichas peleas ellos y/o terceros".
Después de intervenir en esta sangrienta "convención", los investigadores continuaron tirando del hilo, que les llevó hasta dos fincas en la Comunidad de Madrid. Una, en la localidad de Batres (al suroeste de la región). Allí encontraron a 22 perros de raza potencialmente peligrosa, llenos de cicatrices por las batallas. Los animales pertenecían al dueño de la finca, Rafael R.D., quien los 'cuidaba' junto a sus hijos.
La segunda finca registrada en la región capitalina estaba en Fuente el Saz de Jarama, propiedad de Ángel O. R. Allí fueron hallados 17 perros de razas potencialmente peligrosas, "en muy mal estado de higiene y salubridad" y con "numerosas cicatrices". Ángel estuvo presente en la "convención" de Güímar.
Asimismo, fueron registradas numerosas propiedades en Alicante, Murcia, Málaga y Almería. Los canes rescatados en todos estos registros fincas fueron entregados a la asociación Salvando Ángeles sin Alas (SASA) que ha ejercido la acusación particular en este proceso judicial.
Entre los condenados hay veterinarios, cuidadores, contables, organizadores... Asimismo, fueron intervenidos medicamentos, sustancias dopantes y material para entrenar a los perros en la crueldad del combate.
Macrojuicio, sin entrar prisión
La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid condenó en julio de 2022 a 21 personas por delitos continuados de maltrato animal, cada uno de ellos con diferentes atenuantes y agravantes.
Asimismo, el tribunal condenó a varios de los acusados de un delito de pertenencia a organización criminal. Todos los condenados no podrán tener mascotas en propiedad durante varios años. La sentencia fue recurrida por 16 de los condenados y, finalmente, en septiembre de este año, el TSJM desestimó todos los recursos.
Eloy P. C., el organizador de la "convención", fue condenado a 22 meses de prisión por dos delitos de maltrato de animal continuado "con causación de muerte y uso de armas o instrumentos peligrosos y en presencia de menores de edad", y por un delito de pertenencia a grupo criminal.
Rafael R.D. y Ángel O. R., los criadores madrileños, fueron condenados a 18 y 22 meses de prisión, respectivamente, por los mismos delitos que Eloy. A menos que acumulen condenas por otros delitos, ninguno de los tres ingresará en prisión por estos hechos, al ser sus penas inferiores a los dos años.