La Policía Nacional detuvo el pasado viernes en Madrid a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, por tener un carnet de conducir falso, por lo que se le imputa un delito de falsedad documental.
Según ha adelantado el diario El Mundo y han confirmado a Efe fuentes de la investigación, la detención se llevó a cabo de forma conjunta entre las jefaturas de Madrid y Granada.
El Pequeño Nicolás fue arrestado como autor de un delito de falsedad documental por poseer un carnet de conducir falso, pero no contra la seguridad vial, ya que no se tiene conocimiento de que lo usase.
La investigación se ha desarrollado en el marco de la operación Jordan, que en marzo de 2022 logró desarticular una organización criminal que habría "hackeado" sistemas informáticos de instituciones públicas de Madrid y Granada.
Gómez Iglesias ya fue condenado en cuatro ocasiones y absuelto en una. En un caso, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a 1 año y 9 meses de prisión por falsificar un DNI para que un amigo le hiciera el examen de la Selectividad de 2012.
En un segundo caso, fue condenado a 3 años de cárcel por delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho activo por el viaje que hizo en agosto de 2014 a Ribadeo (Galicia) haciéndose pasar por un enlace entre Gobierno y Casa Real.
En un tercer procedimiento fue condenado a 3 años y 5 meses de cárcel por un delito de usurpación de funciones públicas y un delito continuado de falsedad en documento oficial por hacerse pasar por un miembro del Ejecutivo de Mariano Rajoy en una operación de compraventa de un inmueble.
Y en un cuarto caso se le impuso una condena de 4 años y 3 meses de prisión por haber accedido en 2014 a información "confidencial" en bases de datos policiales.
El Pequeño Nicolás permanece en libertad, ya que ninguna de sus condenas todavía son en firme. Las ha recurrido todas y aún no se ha resuelto sobre sus recursos. En total, el joven acumula 12 años y 5 meses de condenas privativas de libertad.
La única absolución que ha conseguido hasta ahora se dictó en 2018 por un delito de injurias y calumnias contra el CNI, del que le culpaban por acusar al organismo de 'pinchar' su teléfono ilegalmente.