Los vecinos del distrito de Latina están en pie de guerra contra los narcopisos. Y es que desde la Asociación Vecinal de Lucero se han dirigido a las tres administraciones para reclamar presencia policial las 24 horas en la zona. Su objetivo: la recuperación de los narcopisos okupados de la calle Cullera que pertenecen a la Agencia de la Vivienda Social y la instalación inmediata de cámaras de vigilancia "y no a finales de 2025, como prevé el Ayuntamiento", ha informado la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado.
Fue a finales del mes de abril cuando el Ayuntamiento anunció la instalación de cámaras de videovigilancia dotadas de inteligencia artificial en tres nuevos puntos de la capital: el Parque Calero (Ciudad Lineal), el Parque Pradolongo (Usera) y la calle Cullera (Latina).
Pero los residentes de esta última ubicación no pueden esperar a finales de 2025, fecha en la que el consistorio anunció que se pondrían en marcha estas nuevas cámaras. La vecindad denuncia un incremento del almacenamiento y tráfico de droga en pisos de varios portales de la calle Cullera y alrededores, así como constantes intimidaciones a los vecinos y un deterioro físico de portales, ascensores y escaleras.
"Los traficantes usan tanto pisos propios como okupados, propiedad de la Agencia de la Vivienda Social, para el almacenamiento y trapicheo de droga, lo que genera un tránsito constante de toxicómanos no solo en esa calle, sino en todo barrio", han descrito.
La intimidación a los vecinos y vecinas de la zona es constante "llegándose a situaciones estremecedoras y a un deterioro físico de portales, ascensores y escaleras, con jeringuillas, roturas de cerraduras o defecación".
Presencia policial
"La presencia policial en la zona cada vez tiene menor efecto en la vida real de la ciudadanía. Los causantes de esta situación saben que esa presencia es puntual y que en breve pueden seguir con sus actividades delictivas", ha subrayado la entidad vecinal, que ha mantenido diversos contactos con la Delegación del Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
A la Delegación del Gobierno en Madrid le reclaman que establezca una presencia policial las 24 horas del día en los portales señalados y que incremente la vigilancia policial en toda la zona para que no se traslade el problema a puntos cercanos.
También que inste a la aceleración de los procesos judiciales en marcha fruto de la intervención policial de hace más de tres años y que, una vez lo haya solicitado el Ayuntamiento, acelere los permisos para la instalación de cámaras de vigilancia.
Por otro lado, a la Comunidad de Madrid le piden que empiece por la denuncia por las viviendas okupadas ilegalmente dado que son propiedad de la Agencia de la Vivienda Social de Madrid.
También, que inste a la dirección de Metro de Madrid a que se incrementen las medidas de control de la seguridad en la estación de Laguna, "donde se producen situaciones desagradables y peligrosas para quienes la utilizan". Demandan igualmente la implementación de medidas de todo tipo de atención a los drogodependientes.
Requieren igualmente que se implique a la Policía Municipal en las labores de vigilancia en la zona. A las tres administraciones les demandan un plan integral de intervención para resolver definitivamente la situación, así como "medidas económicas y sociales de ayuda a las comunidades de vecinos afectadas para la rehabilitación de los portales y escaleras".
"Cumplir con la normativa"
Al respecto, la vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha afirmado que los procesos administrativos "lamentablemente tienen los tiempos que tienen" y hay que "cumplir con la normativa".
"Hay que hacer un estudio previo respecto a la zona donde se va a instalar, si es viable desde el punto de vista técnico, luego se hace el proyecto y luego la licitación y la instalación de las cámaras que dura varios meses, por lo tanto, no es posible acortar los plazos, pero en todo caso estaremos dispuestos a hablar con ellos para ver todas sus demandas", ha indicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
Asimismo, ha subrayado que es algo "necesario" y que tiene "viabilidad técnica y policial". "Estamos corriendo todo lo que podemos dentro de que los procesos administrativos ya digo son lentos, las licitaciones son largas y evidentemente los plazos no los podemos acortar", ha insistido.