Gritos, puñetazos, amenazas y cristales rotos. Cuatro funcionarios de prisiones del centro Málaga II, de Archidona, sufrieron lesiones este sábado a raíz del ataque de I.B., un interno que tiene un largo expediente: agresiones a trabajadores, destrozo de ventanas, quema de colchones, peleas con otros internos…

"Los días pueden pasar normales, pero en algún momento sabes que esto puede estallar", relata a este periódico un trabajador de la penitenciaría. El pasado fin de semana, cuatro personas tuvieron que reducir a un preso que amenazaba con lesionarse. El interno, de unos 140 kilos, estuvo más de una hora y media en estado de agitación: "No paraba de exigir que le dieran tabaco". Esa fue la causa de que rompiera un cristal y comenzara todo".

Personal de la prisión describe a I.B. como "una persona con la que no se puede razonar, sólo exige". Los gritos se escucharon en todo el módulo de aislamiento de Málaga II, donde suele haber unos 25 reos. En muchas ocasiones exageran ante las intervenciones: "Quieren que los demás piensen que los estamos torturando". En este sentido, hay funcionarios de prisiones con formación en autodefensa. "Si pretendes reducir a una mole como esta con tu fuerza, es casi imposible", afirman fuentes de la prisión.

"En esta ocasión los compañeros intervinieron rápido", ya que, como aseguran, es un preso con "tendencia a autolesionarse". También "amenazó con prender fuego a su celda con un mechero escondido", algo que hizo que la llegada de los funcionarios fuera inmediata para reducir al preso. Varios de los trabajadores tienen lesiones derivadas del "el sobresfuerzo de controlar a una persona tan agresiva y pesada".

Otras fuentes de la penitenciaría destacan que hay "dos presos especialmente peligrosos", pero el agresor de este fin de semana es el más conflictivo. Y es que hay momentos en los que los trabajadores "lo pasan realmente mal, a muchos presos les da igual todo". En referencia a los reos en aislamiento, "hay agresiones a funcionarios que le salen casi gratis". El protocolo implica una apertura de partes de agresión que, en ocasiones, "no llegan a ningún lado". Esta es una de las principales demandas de los funcionarios de prisiones, poder tener la condición de autoridad como los policías o guardias civiles.

Según los datos actualizados a 16 de octubre, el Centro Penitenciario de Archidona cuenta con 389 reclusos concentrados en cuatro módulos. La prisión tiene otros ocho que se mantienen cerrados y que ampliarían la capacidad del centro hasta 2.000 plazas en 1.000 celdas. Actualmente cuenta con más de 200 trabajadores.

Falta de personal

Desde Acaip-UGT, sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones, han denunciado esta agresión y han querido visibilizar las condiciones de un centro penitenciario que en su inauguración fue considerado "un palacio" por sus instalaciones. Sin embargo, actualmente está a medio gas.

Antonio González, delegado sindical, además, ha denunciado la falta de personal. Aunque el centro esté muy por debajo de la mitad de su capacidad, "hay puestos que deben estar cubiertos como si la prisión estuviera al 100%, como el control de barreras o puertas".

Desde el sindicato confirman: "Es muy difícil trabajar con esta pandemia en la prisión". Los funcionarios, por su propia seguridad, extreman las medidas, pero los reclusos son más laxos. En junio se dio un caso de positivo por covid de uno de los reclusos y se aisló a los 90 reos de este. Por entonces, los vis a vis estaban permitidos: "Si el virus viene de fuera y el contacto es estrecho, es imposible pararlo'', confirman desde el sindicato, a la vez que apuntan a que estos encuentros han sido cancelados de nuevo.

El pasado lunes, se reunió el comité de seguridad y salud laboral de los centros penitenciarios de Málaga. En él se destacó el número limitado de material preventivo frente a la covid con el que cuentan los funcionarios. Además, se ha solicitado desde Acaip-UGT que se habilite en la cárcel de Alhaurín (Málaga I) un espacio específico de cuarentenas para evitar la dispersión de los infectados. También la suspensión de cualquier actividad conjunta entre internos de diferentes módulos y la prohibición de entrada de voluntarios o asociaciones.