Operación Basalto: el fin de la trama que ha sofisticado el fraude a Hacienda

Esta semana la Policía Nacional detenía a catorce miembros de una trama delictiva basada en la provincia de Málaga. La Operación Basalto acababa con 14 detenidos tras 13 registros domiciliarios y una larga investigación. Según fuentes del cuerpo policial, esta operación ha destapado "una red que ha innovado en el fraude fiscal".

Dos de los detenidos son los considerados cabecillas del largo entramado empresarial que ha estafado más de cuatro millones de euros a la Hacienda española en los últimos cinco años. "Mientras estas dos personas se enriquecían, el resto de los detenidos apenas se aprovechaba de la actividad delictiva".

Uno de los jefes de la trama residía en una gran mansión en Fuengirola cuyo coste de construcción está documentado en casi 600.000 euros. Tenía piscina, gimnasio interior, un sofisticado sistema de domótica y varios pisos. "Aún se sigue investigando, pero sí consta que uno de los detenidos tiene un patrimonio valorado en más de 1,3 millones de euros", afirman fuentes policiales.

Uno de los detenidos

La Policía Nacional ha destapado una nueva forma de defraudar. Es habitual que se realicen los llamados "carruseles de IVA", una actividad que se da en operaciones intracomunitarias. La forma de actuar a través de un entramado de empresas en el que una de ellas repercute el IVA de una compraventa, permitiendo el derecho de deducción, pero sin ingresar el IVA antes de desaparecer.

"En este caso han ido más allá: han sofisticado la defraudación". Todos los detenidos, de nacionalidad española, son vecinos de Fuengirola y tienen principalmente vínculos familiares o de amistad con los principales responsables.

La trama compraba a operadores legítimos en Portugal: "Esos vendedores eran absolutamente ajenos a todo lo que ocurría después con sus productos", afirman fuentes policiales. Del mismo modo, los detenidos se dedicaban a colocar su producto en establecimientos de cash & carry, que tampoco conocían el proceso de los productos.

El objeto de este fraude eran bienes de consumo como pañales, cerveza o bebidas energéticas. Las empresas pertenecientes a la trama compraban y vendían entre sí los productos generando facturación falsa para evadir los impuestos "para dar apariencia de legalidad".

El proceso inicial se realizaba de manera aparentemente correcta. "Las empresas estaban dadas de alta en VIES", el sistema europeo de información de intercambio del IVA. "La principal diferencia con los tradicionales carruseles de IVA es que los intermediarios están controlados por los principales responsables".

Hasta ahora, era habitual que los propietarios de esas sociedades fueran personas sin ninguna vinculación con los defraudadores: "Era habitual tomar a un indigente, vestirlo bien, firmar en un notario y fin de la relación", afirman fuentes de la Policía.

En total contaban con más de 20 sociedades controladas por los dos cabecillas de la trama tienen antecedentes penales por delitos como secuestro o extorsión: "Su perfil no era el de comerciantes". La investigación, que sigue adelante, sólo ha llegado a los últimos cinco ejercicios, que son aquellos por los que se puede responder ante el juez.