La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha vuelto a suspender el juicio previsto para este jueves al alcalde de la localidad malagueña de Manilva, Mario Jiménez; a la exregidora Antonia Muñoz y a otras cinco personas por presuntas irregularidades en el traspaso de fondos municipales a la entidad urbanística El Hacho cuando Muñoz era la primera edil.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que todavía no se ha puesto nueva fecha para la celebración de la vista oral. Este juicio ya se ha suspendido en otra ocasión anterior.
Se trata de una de las piezas en las que está acusada la exregidora y otros miembros de corporaciones municipales de Manilva de los últimos años y se refiere a un supuesto trasvase de fondos entre 2009 y 2012 desde el Ayuntamiento a la Entidad Urbanística colaboradora 'El Hacho'; así como la gestión y los procedimientos seguidos para ello.
La Fiscalía les acusa de delitos de prevaricación y malversación y solicita inicialmente ocho años de prisión para la exregidora; mientras que para el alcalde y otras cuatro personas pide cuatro años de cárcel y 17 de inhabilitación para empleo o cargo público. Asimismo, está procesado un asesor, para el que el ministerio público pide que se le impongan siete años de cárcel.
El ministerio público entiende provisionalmente que, "con pleno conocimiento de su ilicitud y a pesar de la oposición de la Tesorería Municipal, de la Intervención y de la Tesorería de la Seguridad Social", tanto Muñoz como la junta de gobierno, donde estaba el actual alcalde, ordenaron una serie de operaciones de mandamiento de pago "por conceptos no presupuestados" del Ayuntamiento a 'El Hacho'.
Dichos mandamientos de pago fueron aprobados mediante decreto por la entonces alcaldesa y se referían a distintos conceptos, "no constando" en algunos de los casos que se debieran efectuar préstamos por parte del Ayuntamiento a dicha entidad urbanística. Además, se señala que varias de estas transferencias se realizaron por petición del asesor jurídico procesado.
Asimismo, la acusación apunta en su escrito provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, que dos traspasos fueron aprobados en junta de gobierno local -en las que estuvo el actual regidor- "a sabiendas de la ilicitud" y constando informes en contra. El fiscal pide como responsabilidad civil que los siete acusados y la entidad urbanística El Hacho indemnicen al Ayuntamiento con 217.159,67 euros.