La Audiencia de Málaga ha fijado inicialmente para el próximo mes de noviembre el juicio a un exentrenador de fútbol base para el que la Fiscalía pide 180 años de prisión al acusarlo de supuestos abusos y agresiones sexuales a menores a los que conocía por su profesión y a los que presuntamente también acosaba a través de perfiles falsos de chicas en redes sociales para que le enviaran fotos desnudos.
Así, según han informado fuentes judiciales, la Sección Novena de la Audiencia provincial ha previsto inicialmente la celebración de la vista oral entre el 15 y el 19 de dicho mes.
El pasado mes de abril hubo una comparecencia en la que el fiscal planteó una conformidad si el procesado reconoce los hechos, aunque habrá que esperar a la fecha fijada para saber si finalmente será necesario celebrar todo el juicio o se llegará a ese acuerdo. En cualquier caso, la declaración de los menores víctimas se hará por videoconferencia para la protección de los mismos.
Al hombre se le acusa por un delito continuado de distribución y tenencia de pornografía infantil, respecto a todos los menores; y de otros 22 delitos, de los que once son de agresión sexual a menores de 16 años, otros dos de agresión sexual con acceso carnal, tres de abuso con prevalimiento, uno de exhibición de actos sexuales a menores de 16 años, tres delitos de acoso a través de telecomunicaciones y dos de exhibicionismo.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, el acusado trabajaba para varias entidades deportivas, bien como entrenador de la categoría de alevines; cuyas edades oscilan entre los 12 y los 16 años; o con otras responsabilidades, con acceso al ordenador que contiene todas las fichas de los menores. Además, trabajaba también para una empresa de ropa deportiva.
Así, la acusación pública sostiene inicialmente que el procesado "seleccionaba a menores que conocía del fútbol, y los buscaba posteriormente en las redes sociales, sin conocimiento de los mismos, ocultando su identidad bajo el nombre de una chica", con lo que creaba "confianza" para mantener, en ocasiones, conversaciones de índole sexual.
Supuestamente, "les remitía fotos de una chica desnuda y los inducía a que le enviaran fotos de ellos desnudos"; posteriormente, dice el ministerio fiscal, una vez remitida por el menor la foto "les amenazaba con publicarlas si no le mandaban fotos con actos de sexo explícitos, videos desnudos o que hicieran directos desnudos".
"Incluso para otros menores más reacios a obedecer, una vez obtenía alguna foto comprometida, el procesado les decía que se la enviaría a terceras personas si no le mostraba sus genitales" o en ocasiones obligaba "a hacer videos en directo o enviarle otras fotos más comprometidas", indica el fiscal en su relato inicial.
También, apunta esta acusación, "en otras ocasiones conseguía la contraseña del perfil de un menor para convencer a otros a la finalidad expuesta, e, incluso, y en señal de la veracidad de la amenaza", supuestamente "llegó a remitir fotos íntimas de menores a otros menores, jugadores de fútbol y compañeros, por no haber cumplido lo que le ordenaba".
Según precisa la Fiscalía, en una ocasión fueron "cuatro años de abusos, desde los diez hasta los 14 años del menor", periodo en el que el investigado presuntamente "ejerció un control sobre este, le indicaba que se tenía que acercar a él, quién debía ser su amigo, le controlaba si estaba en línea en WhatsApp e incluso las horas que pasaban sin conectarse a dicha aplicación".
"El procesado ejercía un control sobre el menor, con los mensajes de que debe acercarse a él y que no debe tener amigos", dice el escrito inicial de la Fiscalía, indicando que le controlaba "que no estuviese con niñas, se mostraba celoso incluso" y a veces se quedaba a dormir en casa del acusado, lo que también ocurrió con otros menores.
Además de la pena de prisión, el fiscal solicita que el procesado indemnice a los menores en 3.000 euros por los hechos, "sin perjuicio de que tras el acto del juicio oral se fije otra cantidad en relación con los menores más afectados", considerando que deben ser declarados como responsables subsidiarios las entidades deportivas y la empresa para la que trabajaba el acusado.