El efecto de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional anulando el estado de alarma decretado en el intento de frenar la expansión de la Covid y obligando a la devolución de las multas impuestas durante ese periodo, se empieza a notar de manera clara en la provincia de Málaga.
La edición del Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes publica once resoluciones de la Subdelegación del Gobierno malagueña dando cumplimiento al mandato judicial y declarando "finalizados los procedimientos sancionadores" que figuran en los diferentes anexos.
En los mismos únicamente se recoge el número del expediente, el año y el número del documento nacional de identidad (DNI) de los que fueron sancionados en su momento por incumplir las órdenes fijadas por el Gobierno durante el estado de alarma.
De acuerdo con los datos recogidos en las citadas publicaciones, son unos 3.000 los expedientes recogidos a los que hasta el momento se pone fin desde el punto de vista de la tramitación. La gran mayoría de estos expedientes tienen fecha de 2021; solo 251 lo son de 2020.
Es decir, se invalida la aplicación de las penalizaciones que estuviesen recogidas contra los infractores. Y ello en respuesta a la decisión del Constitucional, que estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid. De manera precisa, en su fallo han sido declarados inconstitucionales y nulos los apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7.
El estado de alarma habilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario. A nivel nacional, según los datos manejados, se impusieron más de 1,1 millones de multas (desde el 14 de marzo al 21 de junio), a las que hubo que sumar otras 220.000 sanciones en el segundo estado de alarma, que se extendió entre el 26 de octubre hasta el pasado mes de mayo.
De unas 480.000 actas de propuesta de sanción que habían sido tramitadas, 172.482 se habían resuelto con sanción; 87.826 habían sido trasladadas a otras administraciones (autonómicas y locales); 54.193 se encontraban todavía en proceso de instrucción; y 11.206 habían sido archivadas.
El resto, 156.262, tras el análisis del instructor correspondiente se había determinado que, a la vista de los hechos, "no procedía iniciar el procedimiento sancionador por distintas causas". Andalucía (195.986) y Madrid (184.517) eran las comunidades autónomas en las que más expedientes de denuncia se interpusieron.