"Prácticamente en una situación de quiebra técnica". Son las palabras con las que el juez decano de Málaga, José María Páez, describió el estado de los juzgados de la ciudad. El crecimiento exponencial de los casos, y la "pésima planificación" han provocado una situación "dramática" marcada por los colapsos y la tardanza en la resolución de los casos. Algo que repercute de manera directa en todos los profesionales implicados en el proceso. 

Elena Narváez lleva 30 años ejerciendo la abogacía. Especializada en Civil y Mercantil, asegura que los retrasos en la justicia “son enormes”, aunque la situación de la segunda jurisdicción resulta un tanto especial: “La sobrecarga de trabajo ha provocado que la tardanza sea generalizada, pero en los últimos tiempos ha sido algo menor ya que apenas se declaran concursos”.

Con la paralización de la actividad empresarial a causa de la pandemia, muchas entidades no pudieron hacer frente a su realidad económica, encontrándose en una situación de insolvencia. En otras circunstancias, se habrían visto obligadas a entrar en concurso, pero para evitarlo, se aprobó una moratoria concursal a modo de dispensa que finaliza el próximo junio.

Ante este futuro inminente, algunos letrados temen que se produzca una “posible avalancha” de concursos de acreedores que va a incidir directamente en la sobrecarga que ya existía: “Recientemente se ha creado el juzgado de lo Mercantil número 3, que pretende absorber parte de esa acumulación, pero es insuficiente”, subraya Narváez.

Estos procedimientos, “teóricamente”, deberían estar resueltos con respecto a la ley concursal en un año y medio o dos, pero es “imposible” por varias razones: “Nos encontramos con la demora del propio procedimiento, que se suma a la dificultad material para liquidar activos o tramitar la fase común. Solo por lo que tarda un juzgado en aprobar un plan de liquidación o resolver un incidente, ya estamos hablando de una lentitud considerable”.

Algo similar ocurre con los de primera instancia, aunque puntualiza que depende mucho de cuál te toque: “Entran en juego factores como el equipo, los jueces, la capacidad de resolver con rapidez…A todo esto hay que añadir las situaciones coyunturales, como son las bajas que no se cubren o que se sustituyen por alguien que no está al día de los procedimientos”.

Por dar algunas cifras, recalca que los concursos deberían resolverse en dos años, pero que se puede alargar a ocho o diez “por las dificultades del procedimiento y la situación”. En cuanto a las audiencias provinciales, las demoras en las resoluciones de recursos de apelación no llegan en menos de un año o año y medio.

Carlos Ismael Álvarez, también especializado en la jurisdicción Mercantil, expone que lleva más de dos años esperando a que la Audiencia Provincial resuelva varios recursos de apelación, a lo que hay que sumar el año y medio que ha pasado desde la primera instancia: “Nos estamos yendo a 3 o 4 años de duración”.

Además, destaca que Málaga necesitaría “por lo menos” cinco juzgados de lo Mercantil, cuando actualmente hay tres: “Todo esto produce una situación difícil de explicar a los clientes, ya que ellos no entienden por qué sus casos se acaban alargando durante tanto tiempo”, argumenta.

Sin embargo, reflexiona sobre la trascendencia de esta circunstancias: "Los abogados somos afectados; pero el que sale perjudicado es el ciudadano, porque la justicia tardía no es justicia".

El arbitraje, método alternativo

Sobre la propuesta del juez decano de incorporar 27 nuevos jueces, Elena Narváez opina que “todo lo que sea generar o incrementar el personal” va a agilizar los procedimientos, por lo que va a ser “bueno”: “Lo que no sé es si quizá es un poco ambicioso”.

Como presidenta del Tribunal Arbitral de Málaga, explica que “merece la pena” apostar por métodos alternativos para la resolución de conflictos, como es el arbitraje, algo que ayudaría a todas las partes implicadas en la labor de descongestionar la justicia: “Permite que los procedimientos sean más rápidos, flexibles y económicos que en los otros caso”.

Laboral

A pesar de que Mercantil y Societario son las áreas que se encuentran más perjudicadas, no son las únicas. Elena Cabezas, abogada del despacho Ámbitosocial, explica a EL ESPAÑOL de Málaga que en la jurisdicción Social se produce una situación contraria a la que debería ocurrir: “El principio que debe primar es la inmediatez, pero nada más lejos de la realidad”. Relata que no se trata de una cuestión puntual, sino que esos retrasos se están acumulando continuamente.

¿De qué manera se traduce este colapso en su día a día? En la prolongación que acaban adquiriendo los procedimientos: “Se extienden a tres o cuatro años vista como mínimo. Los de incapacidad y cantidad los están señalando como poco para finales de 2023 o principios de 2024”.

Más de dos años que repercuten negativamente, no solo en la propia experiencia del cliente con la Justicia, sino en el hacer diario de los letrados. Cabezas detalla que es algo tan generalizado que llega hasta los trámites más simples: “Presenté una demanda en febrero y, casi cuatro meses, todavía no tengo la citación. No me han tramitado ni el decreto de admisión”, se lamenta.

Incide en que esta lentitud también se da en los casos de tramitación no urgente, aunque “al ser laboral se supone que debería ser algo más inmediato" que otras jurisdicciones, añade. Pero es que hasta en aquellos que están considerados como “urgentes”, como los despidos, no se está aplicando: “Te pueden citar perfectamente a un año y medio vista”.