La Fiscalía de Málaga da una vuelta de tuerca en la investigación que desde hace varios meses viene realizando sobre la gestión del que fuera presidente de Unicaja, Braulio Medel. De acuerdo con un escrito fechado el pasado 12 de mayo, el fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero, ha decidido ampliar el objeto de las diligencias e incluir en las mismas los "pagos efectuados en su día por Unicaja a las entidades Ausbanc Empresas y otras".
Conforme al documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, con este movimiento, el Ministerio Fiscal da respuesta a la denuncia efectuada en su día por el exdirigente de Izquierda Unida y responsable de la Plataforma Salvemos Unicaja, Pedro Moreno Brenes, y por el sindicato Confederación Intersindical de Crédito (CIC).
Hasta esta última novedad, las pesquisas del fiscal se ceñían a la figura de Medel como posible responsable de los delitos de estafa, apropiación indebida, administración fraudulenta o desleal y un delito contra la Hacienda Pública. Una actuación motivada, igualmente, por una denuncia previa del CIC.
"Procedo a incoar diligencias de investigación penal número 11/22, por si los hechos denunciados fuesen constitutivos de infracción penal", comunicaba López Caballero en un escrito del pasado 26 de enero, que no se conoció hasta principios de marzo.
Esa primera denuncia de CIC se construía en torno a las dietas cobradas en el pasado por Medel y su relación con Ausbanc, que coincidió con su desimputación en el caso de los ERE.
El sindicato considera que el supuesto pago de más de un millón de euros de Unicaja a Ausbanc para que esta asociación pidiera la desimputación de Medel en este causa, podría implicar delitos de administración desleal, apropiación indebida y uno contra la Hacienda.
Un informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) que obra en el caso Ausbanc apunta que Medel no solo fue el beneficiado de dicho supuesto acuerdo, sino que tuvo un "papel activo" en las negociaciones entre la entidad y el expresidente de Ausbanc, Luis Pineda.
Hay que recordar que este mismo asunto motivó que Moreno Brenes pidiese a finales del año pasado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con sede en Madrid, la reapertura de una antigua causa judicial.
En concreto, Moreno Brenes tomó como punto de partida la relación de "hechos probados" admitidos por la Audiencia Nacional (sección 4) en una sentencia de 9 de julio de 2021. Los mismos están relacionados con las negociaciones entre Ausbanc “y determinadas entidades mediante el uso del Sindicato Manos Limpias como medida de presión”.