El coche sigue siendo el rey para la gran mayoría de trabajadores de la Diputación de Málaga. Así lo confirma el diagnóstico realizado por la institución provincial entre 600 de sus operarios y cuyos resultados constatan el enorme peso que sigue teniendo el vehículo privado en la movilidad de sus empleados.
Aunque con un porcentaje inferior al trabajo realizado en 2018, la realidad es que hay un 72,2% de encuestados que admite desplazarse en coche para ir al trabajo. Cuatro años antes este dato era del 79,2%.
El sondeo realizado permite a la Corporación conocer cómo se desplazan sus trabajadores, punto de partida para la puesta en marcha de una serie de medidas con las que promover el uso del transporte sostenible. Para realizar el diagnóstico se han hecho más de 600 encuestas.
El resultado final determina que hay otro 22% que dice utilizar sistemas de movilidad más sostenibles como ir a pie (10,7%), coger el transporte público (8,8%), la bicicleta (1,6%) y el patinete eléctrico (0,9%). En el caso de los empleados que desempeñan sus funciones en la sede principal, localizada en la calle Pacífico, el porcentaje de quienes usan modos sostenibles sube al 23,2%.
Preguntados sobre la posibilidad de cambiar sus hábitos actuales hacia un modo de transporte más sostenible si hubiese aparcamientos y cargadores eléctricos para coches, bicicletas y patinetes, el 68% asegura estar dispuesto a hacerlo.
Medidas adoptadas
Esta aceptación ha hecho que la Diputación se anticipe a la culminación del estudio para activar algunas actuaciones con las que invitar a sus empleados a cambiar el coche por otros medios. Con este objetivo, ha empezado a instalar un primer aparcamiento para bicicletas cubierto, en el que se permite la recarga de bicicletas y patinetes eléctricos.
Según han informado este viernes desde la institución malagueña, este modelo es energéticamente autosuficiente, ya que tanto la recarga como su funcionamiento se realiza con la alimentación de paneles solares adosados a la estructura del aparcabicis. El aparcamiento, de siete plazas, cuenta con un sistema de seguridad por control remoto a través de una aplicación móvil.
Además del diagnóstico y de esta primera medida, la iniciativa incorpora una veintena de líneas estratégicas y actuaciones para llevar a cabo a corto, medio y largo plazo. Entre ellas, destaca acciones de formación, fomento e incentivos para el uso de transporte público colectivo, la creación de lanzaderas e instalación de más aparcabicis y puntos de recarga, entre otros.
El diputado de Medio Ambiente y Cambio Climático, Cristóbal Ortega, ha explicado que la iniciativa se enmarca en la Carta Verde de Buenas Prácticas Ambientales de la Diputación, un documento transversal por el que la institución se compromete a implementar buenas prácticas medioambientales que reduzcan su huella de carbono.
Ortega ha destacado que la Diputación se anticipa a la aprobación en 2023 de la Ley de Movilidad Sostenible que, entre otras cosas, obligará a los centros con 500 o más empleados a elaborar planes de movilidad sostenible. Entre las medidas recogidas en la ley está la de facilitar el uso del transporte público o compartido, los vehículos eléctricos o la bicicleta en el transporte diario.