Cuenta la leyenda que por 1759, en una Málaga austera y llena de penurias, la pese se extendió por todas las calles de la ciudad.
La epidemia llegó incluso hasta las cárceles. En una de ellas, un grupo de prisioneros tuvo la idea de sacar en procesión la imagen de un Nazareno que se veneraba en un convento cercano con la esperanza de que el gesto trajera la protección divina a la ciudad.
La iniciativa no tuvo buena acogida en el centro penitenciario, aunque poco importó a los reclusos, que se amotinaron y salieron a la calle para portar a hombros la imagen de Jesús El Rico.
Tras procesionarlo por las zonas de Málaga más afectadas por la peste, los reos devolvieron la talla de Jesús El Rico a su templo y volvieron a sus celdas. Fue entonces cuando, de forma repentina, la epidemia desapareció.
La historia llegó a oídos del Rey Carlos III, que sorprendido por la gesta, decidió otorgar a la agrupación religiosa el privilegio de poner en libertad a un preso durante su desfile procesional en la noche del Miércoles Santo.
El indulto de El Rico no es el único que el Gobierno de España otorga a una cofradía, pero es especial, precisamente, por la frase que incluye en el decreto y que menciona al monarca: "En virtud de exposición elevada en cumplimiento del privilegio otorgado por el Rey Carlos III".
El Rico, en su salida.
Estas palabras dan cuenta de que las peticiones de la cofradía malagueña son inapelables, o casi. El único año que el Ministerio de Justicia rechazó la demanda de El Rico fue en 2017, aunque ofreció la oportunidad de presentar otro nombre para evitar que se perdiera "esa tradición tan importante y tan bonita del indulto", en palabras del entonces ministro Rafael Catalá. El perdón llegó pasada la Semana Santa, en el mes de julio.
Tampoco fallaron durante la pandemia, pese a que las procesiones estuvieron dos años sin pisar las calles. Aunque en 2020 no se recoge ninguna concesión, en 2021, el Ejecutivo central otorgó tres indultos. Según el análisis de que EL ESPAÑOL de Málaga ha hecho a partir del Boletín Oficial del Estado, desde el año 2000 se contabilizan 24 perdones, a los que este Miércoles Santo habrá que sumar uno más, el de Antonio Daniel, un joven condenado por un delito de tráfico de drogas.
Los indultados por El Rico no tienen un perfil concreto, pero si hay algo que destaca de la panorámica general de los últimos 23 años: solo hay tres mujeres.
En concreto, Antonia López Romero, condenada a cuatro años de prisión por un delito contra la salud pública y perdonada en 2021; María Yolanda Heredia Carmona, condenada por el mismo delito a tres años y tres meses de cárcel y liberada en julio de 2017; y Ana Belinda González Aguilar, una joven de 26 condenada por un robo con violencia e intimidación a poco más de dos años de prisión.
En cuanto a las infracciones, es especialmente reiterado el de delito contra la salud pública: se repite entre los indultados de 2008, 2011, 2017, 2018 y 2022.
Los perdones de El Rico, en virtud del privilegio otorgado por Carlos III, han ido también a varios condenados por tráfico de drogas. Fue así en 2013, 2019, 2021 y este 2023.
Las faltas por diversos tipos de robos (con fuerza, con violencia o con intimidación) están en siete de los 24 liberados analizados: los de 2002, 2004, 2005, 2012, 2015, 2016 y 2021.
Sobre todos, destaca el indultado en 2007: según el BOE, Francisco Ocaña Santos fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa a cuatro años y seis meses de prisión por unos hechos cometidos en 2000.
Tampoco siguen un patrón común la duración de las penas perdonadas, que van desde los dos años hasta los 13.
Por ejemplo, José fue el indultado en 2022. Hasta entonces, estaba preso de la cárcel de Archidona por un delito contra la salud pública. Durante su presentación, agradeció a la cofradía de El Rico, a la dirección de la prisión y a los guardias y funcionarios que "dentro de lo malo que supone que he entrado en prisión, he aprendido a valorar muchísimas cosas".
Clemente Pérez Rivas fue indultado en 2001 tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Málaga en 1993 como autor de dos delitos de robo con intimidación y con uso de armas, otro delito por utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno, uno más por tenencia ilícita de armas y un último por un delito frustrado de utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno, empleando intimidación con arma de fuego. Por todo ello fue condenado a 13 años y ocho días.
La polémica de los indultos
Antonio Daniel será liberado por El Rico el Miercoles Santo.
El indulto de El Rico en Málaga es una seña de identidad de la ciudad y así lo subrayan las autoridades competentes cada año en la presentación del reo liberado. Es "un acto social que tiene por finalidad dar una segunda oportunidad a alguien que se lo merece", resumió el pasado año el Hermano Mayor de la cofradía, Ramón Varea.
El subdelegado de Gobierno en Málaga, Javier Salas, dijo hace apenas unos días que este perdón tiene como objetivo que "las personas penadas vuelvan a formar parte de la sociedad y puedan reintegrarse en ella". "Los errores del pasado son subsanables", aseguró.
Pese a estas declaraciones, los indultos en España no son nada habituales. En 2022, según ha monitorizado Civio, se concedieron 18 perdones, siete de ellos por Semana Santa. En 2021 fueron 50; en 2020, 30; en 2019, 40 y en 2018, 17.
Según los datos de esta investigación, los indultos vinculados a las celebraciones religiosas no siguen la misma dinámica que el resto: pese a que el Gobierno defiende que todas las tramitaciones son iguales, acaba aceptando el 13,8% de los que llegan de parte de cofradías frente al menos del 1% de concedidos que llegan por la vía ordinaria.
La ley que regula esta medida de gracia en España data de 1870. El indulto perdona la pena de prisión y otras condenas accesorias, pero no el delito cometido. De facto, el efecto que tiene es que el reo puede salir de la cárcel antes de que finalice el periodo privativo de libertad.
Lo pueden solicitar los condenados o cualquier persona en su nombre, además del tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo o el Tribunal Fiscal y el propio Gobierno.
Es el Ministerio de Justicia quien recibe las diligencias junto a una evaluación del tribunal que sentenció al preso, un informe de conducta de la institución penitenciaria donde esté cumpliendo la condena y cualquier documentación más que se considere oportuna.
La última palabra la tiene el Consejo de Ministros, que lo concede mediante real decreto, aunque no será efectivo hasta que salga publicado en el Boletín Oficial del Estado.