Resta poco más de un mes para que se cumpla el quinto aniversario de la moción de censura que permitió a Pedro Sánchez desbancar a Mariano Rajoy y hacerse con la Presidencia del Gobierno. Alcanzado este hito, en la cuenta atrás ya activada para las elecciones municipales del 28 de mayo y con la última visita de Sánchez a Málaga bien fresca (ha tenido lugar este martes), resulta oportuno y necesario analizar hasta qué punto este periplo de gestión desde la Administración central ha impactado sobre la provincia.

A diferencia de lo que venía sucediendo en periodos anteriores, en los que era habitual que los ministros y presidentes aprovechasen la ocasión para anunciar nuevas inversiones o novedades en los proyectos comprometidos con Málaga, en el caso de Sánchez son más bien escasos, por no decir nulos, los avances.

Y su modus operandi es extensible a lo sucedido con los ministros que en los últimos meses han hecho acto de presencia por estas tierras, en muchos casos para dar su apoyo formal al candidato socialista a la Alcaldía, Daniel Pérez.

El evento de este martes ha tenido ese mismo objetivo: ensalzar la figura de Pérez como alternativa a Francisco de la Torre, que busca su sexta reválida en estos comicios locales. Lo hace con la vivienda como eje central de su estrategia política, aprovechando las tensiones que pesan sobre una ciudad que viene siendo protagonista de algunas de las mayores subidas de precios del residencial, ya sea en compra o alquiler.

Sánchez, en ebullición desde hace semanas con la promesa de ejecutar pisos sociales, ha aprovechado el mitin malagueño para insistir en la idea y en dar su apoyo a Pérez en su apuesta por generar un parque de 10.000 viviendas en el próximo mandato municipal. Lo que no ha hecho el presidente del Gobierno, como tampoco el alcaldable socialista, es precisar cómo se van a concretar esos nuevos desarrollos residenciales. 

Por este motivo llama la atención que el máximo dirigente del PSOE nacional eludiese en su discurso mencionar que el Gobierno es propietario de una gran bolsa de suelo en la zona de Buenavista con capacidad para unas 1.300 viviendas sociales. 

Un proyecto que, todo sea dicho, está anclado en el tiempo desde mucho antes de que el PSOE recuperara el Gobierno central. Sin embargo, estos casi 5 años de gestión no han permitido desbloquear una parcela estratégica. Lo más que ha logrado en este intervalo es licitar y estar pendiente de adjudicar la redacción del proyecto de urbanización. Un hito que obliga a fiar muy largo en el tiempo el día en que esas viviendas sean realidad.

Su intervención ha estado marcada por las ausencias y la falta de mención al estado de proyectos altamente trascendentes para el futuro de la provincia. A modo de ejemplo, ni una palabra sobre la Catedral y al compromiso asumido en su día por el ministro de Cultura, Miquel Iceta, de colaborar en los trabajos de construcción del nuevo tejado. Un gesto con el que sumarse a lo ya asignado por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación provincial.

El termómetro de los presupuestos

Si hay un termómetro que permite medir a la perfección el nivel de atención por parte de una administración pública, ese es el de sus presupuestos. Las cuentas de 2019, las primeras con Sánchez ya instalado plenamente en la Moncloa, reservaron para la provincia malagueña 373 millones de euros, un 152% más que el ejercicio anterior. Eso en la teoría. 

¿Pero adónde se destinó ese dinero? Principalmente al eje ferroviario Bobadilla-Algeciras. Aunque el valor de la operación era de 223,5 millones, la parte malagueña era de 159 millones. Una referencia que se ha repetido en las anualidades posteriores como el gran referente del programa estatal de inversiones.

La suma total bajó hasta unos 200 millones en 2021, para dispararse de nuevo por encima de los 400 millones en 2022 y desplomarse hasta los 220 millones para el presente ejercicio. Pero más allá de los elementos numéricos es de resaltar cuántos proyectos largamente comprometidos se han hecho realidad o están en visos de completarse antes de finalizar la legislatura.

Salvo el apoyo expreso dado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la candidatura de Málaga a la Expo de 2027 y los fondos europeos del programa Next Generation aportados a los municipios para operaciones estratégicas como las zonas de bajas emisiones (tienen que estar en funcionamiento a finales de año) o el impulso de viviendas de promoción oficial (véase el caso de los suelos de Universidad), pocas son las reseñas a destacar.

La apuesta por el Bobadilla-Algeciras, que acumula un importante retraso en su desarrollo, contrasta con la ausencia de movimientos que permitan adivinar el desbloqueo a medio plazo no ya del que fue bautizado como tren litoral, olvidado desde hace décadas, sino de la extensión de la línea de Cercanías desde Fuengirola hasta Marbella, en una primera estación, y Estepona, en una segunda fase.

Lo más que han aparecido en los papeles son apuntes testimoniales, sin visos de ir a más. Entre otras razones porque, salvo novedad desconocida, no se ha dado forma a los estudios que permitan asentar la apuesta gubernamental por esta infraestructura.

En materia ferroviaria sí se han dado pasos en el conocido baipás de Almodóvar del Río, infraestructura que permitirá reducir en unos 20 minutos el trayecto entre Málaga y Sevilla. La actuación, concentrada eso sí en Córdoba, avanza con cierto retraso respecto a las previsiones originales.

La situación de estancamiento es aplicable a otra de las grandes obras planteadas años atrás por la Administración central: el acceso norte al aeropuerto. Pese a que los trabajos fueron adjudicados en marzo de 2018 por casi 27 millones de euros, el Gobierno tomó la decisión de revisar el proyecto inicial y volver a sacar a concurso su redacción. Documento que fue contratado en septiembre del año pasado. Desde ese momento, unos dos años de redacción.

San Agustín, la otra cara de la moneda

Tampoco hay noticias nuevas sobre los Baños del Carmen y las obras marítimas planteadas hace años. Las menciones en las cuentas estatales a este histórico enclave vienen siendo testimoniales, a la espera de que quede aprobada la declaración ambiental necesaria para validar la operación. La misma negación pesa sobre el compromiso del Gobierno de financiar la obra del parque marítimo terrestre que ha venido abanderando el Ayuntamiento estos años.

Igualmente llamativo es el caso del Centro Oceanográfico de Málaga, terminado desde hace meses, pero que sigue sin abrir sus puertas. En el otro lado de la balanza hay que colocar la apuesta del Ejecutivo por la transformación del Convento de San Agustín, en pleno Centro de Málaga, en sede de la Biblioteca Pública del Estado. 

Tras modificar sustancialmente el proyecto original, el Ministerio de Cultura adjudicó y arrancó a principios de 2022 las obras en el inmueble. El calendario sitúa a finales de 2025 la culminación de unos trabajos valorados en 12,3 millones de euros (sin IVA).