Málaga se encuentra en una situación hídrica complicada debido a la ausencia de lluvias en las últimas semanas. Pero estas condiciones meteorológicas no son las únicas que están afectando a la situación del agua en la provincia. En este contexto, la Guardia Civil ha detenido a 26 personas por supuestos delitos contra los recursos naturales y el medioambiente y usurpación de aguas públicas.
Todo ello supone un presunto uso fraudulento del agua en el riego de cultivos subtropicales, con grave riesgo de daño medioambiental.
La investigación se inició hace cuatro años cuando se recibió una denuncia ante el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. En aquel entonces, las miradas apuntaban a los agricultores de cultivos subtropicales que podrían estar provocando un daño importante de las reservas hidráulicas.
Los investigadores inspeccionaron un total de 3.453.008 m2; de cultivo de
subtropicales donde se pudo comprobar cómo se realizaba la extracción
continuada, durante varios años, de aguas subterráneas públicas en la masa de
agua denominada Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara a través de 299
aprovechamientos, por medio de pozos, sondeos, balsas, etc.
Según informe del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de
Andalucía, que ha colaborado con la investigación, más de 250 de los 299
aprovechamientos inspeccionados eran ilegales, todo ello a pesar de la grave
situación hídrica existente en la zona.
A tenor de la información facilitada por la Junta de Andalucía, se estima que el
total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a
25.951.198 m3; aproximadamente, y que la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240,242 hectáreas, pudiendo causar todo ello unos
daños al dominio público hidráulico que se estiman en unos 10.000.000 euros
aproximadamente.
La Junta de Andalucía informó que estas detracciones ilegales de agua se
habían producido encontrándose la masa de agua sobreexplotada, e incluso
estando la zona desde junio del 2021 declarada por la administración
medioambiental autonómica en situación de sequía prolongada y de situación
de excepcional sequía, y como consecuencia de ello se había establecido un
período de restricciones de agua regulada.
Respecto a las irregularidades denunciadas contra las comunidades de
regantes, los investigadores estiman que un total de 2.220.555 m2; del suelo de
esa zona podría estar siendo regado ilegalmente con agua procedente de las
Comunidades de Regantes, que estaba siendo derivada con el conocimiento de
las propias Comunidades de Regantes y de sus responsables, los cuales
podrían incumplir su específica obligación legal de actuar.
La cantidad de agua derivada ilegalmente por estas comunidades de regantes
se estima que asciende aproximadamente a 2.481.712 m3; y económicamente
podría suponer unos 3.000.000 € de daños al Servicio de Dominio Público Hidráulico durante los últimos años. Además de los detenidos y los investigados hay 39 personas implicadas como partícipes a título lucrativo.