El pueblo de Málaga con nombre franquista que celebrara el 28M sin cumplir aún la ley de memoria

En Villafranco del Guadalhorce, un núcleo de localidad malagueña de Alhaurín el Grande de alrededor de 700 habitantes, ni los vecinos ni los dirigentes tienen interés en que desaparezca de su nombre la referencia al dictador.

Es uno de los siete pueblos de España donde todavía persiste el nombre franquista, pese a que la Ley de Memoria Democrática obliga a cambiarlo. Con esta denominación e incumpliendo la normal celebrarán las elecciones municipales del 28 de mayo. 

La razón de este municipio, como en la mayoría de los demás casos, es que no lo consideran una prioridad. En Villafranco del Guadalhorce, lo ven un asunto más bien político.

La referencia al dictador en esta pedanía malagueña, además, no solo está en el nombre. Más de una treintena de vecinos se apellidan Franco, pero algunos de ellos consultados por EFE aseguran que "nada tiene que ver con el caudillo".

"Lo que les preocupa (a los vecinos) es que no llueve, no el nombre del pueblo", asegura por su parte Andrés Antonio Arroyo (PP), el alcalde de Llanos del Caudillo (Ciudad Real), otra de las localidades que mantiene nombre franquista junto con Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).

Este regidor se ampara en una sentencia de 2018 dictada por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real que rechazó la petición que hizo un abogado para que el municipio cambiara su denominación oficial en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, aunque la actual Ley de Memoria Democrática es más clara con las obligaciones relacionadas con la toponimia.

Además, este alcalde afea que el interés por su pueblo se despierte solo por su denominación y no por las cosas que se hacen en él. Asegura que no le molesta "su apellido" porque forma parte de la historia, de "esa historia que hay que aprender para no volver a caer en los mismos errores", añade.

En algunos de estos pueblos, como Quintanilla de Onésimo -unos mil habitantes- y San Leonardo de Yagüe -unos dos mil habitantes-, el asunto del cambio de denominación se ha convertido prácticamente en tema tabú para los políticos y también para algunos vecinos.

"Después de las elecciones hablamos", dice a EFE el alcalde de Quintanilla de Onésimo, Carlos del Barrio (PSOE), que al ser preguntado directamente si el cambio de denominación está en sus planes contesta que mantienen "la denominación de origen Ribera del Duero", ya que el pueblo está enclavado en este entorno vitivinícola.

Tampoco Villafranco del Guadiana tiene intención por el momento de modificar su denominación, ya que "simplemente, esta cuestión no está en el día a día" de los vecinos, como ha expresado a EFE su alcalde, Daniel Sánchez (PP).

No obstante, ha asegurado que se "cumplirán las leyes y se aceptará la voluntad de la población", la cual, sin embargo, y según ha recordado, se muestra "contraria" a la modificación del nombre.

De hecho, la mayoría de habitantes de esta pedanía del término municipal de Badajoz no quiere cambiar el nombre del pueblo -800 de sus 1.500 vecinos firmaron en 2016 por mantener la denominación-. "Los vecinos no se levantan todos los días pensando si somos Villafranco o Villapedro", señala Sánchez, que asegura que su objetivo es "gobernar y sacar proyectos adelante para los vecinos, no enredarse en líos".

El único pueblo de los siete que ha iniciado los trámites para cambiar su denominación es Alberche del Caudillo, que depende del Ayuntamiento de Calera y Chozas, si bien el alcalde, Gabriel López-Colina (PP), señala a EFE que en estos momentos el procedimiento está paralizado.

El motivo es que la administración local pidió un informe jurídico en el que se recomienda dicha paralización hasta que no esté elaborado un catálogo oficial de los municipios, calles y otros espacios que deben cambiar su denominación en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. "Nosotros queremos cumplir con la ley, en cuanto esté el catálogo nosotros volveremos a realizar los trámites", ha asegurado el regidor.

OBLIGADOS POR LEY

Estas reticencias y parálisis chocan con las obligaciones de la nueva Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el pasado mes de octubre y considera elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos a dirigentes y participantes de la dictadura franquista, llegando a contemplar multas de hasta 10.000 euros por incumplimiento.

"La apología del franquismo en España sigue saliendo gratis pese a las leyes democráticas", lamenta a EFE el abogado Eduardo Ranz, que ha solicitado formalmente el cambio de topónimo en estos siete pueblos presentando instancias en los ayuntamientos.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática explican a EFE que en estos momentos están elaborando el catálogo de elementos contrarios a la memoria democrática, que incluirá previsiblemente los nombres de estos pueblos.

Y señalan que aunque algunas administraciones públicas ya han adoptado las medias oportunas para retirar o modificar dichos elementos, otras están esperando "al término de la confección del catálogo" para hacerlo.