¿Cuál es el ayuntamiento de Málaga más endeudado? ¿Y los que no deben nada?

La deuda contraída por los ayuntamientos de la provincia de Málaga con los bancos crece. Tras un ejercicio de contención máxima por parte de las corporaciones locales, 2022 se ha cerrado con un incremento en el débito de estas mismas administraciones, que alcanzan un endeudamiento de casi 579,8 millones de euros. 

El montante, que supone un reparto de 337,6 euros por cada uno de los habitantes empadronados en las 103 localidades de la provincia malagueña, aumenta en 43,6 millones de euros respecto a 2021. Esto es, un 8,1%.

Pese a esta ligera subida, los valores absolutos están muy alejados de los que se registraron hace algo más de una década, cuando la deuda viva estaba por encima de los 1.200 millones de euros. El pico histórico, no obstante, se produjo en 2013, con más de 1.449 millones adeudados (casi 877 euros por persona).

Los datos más recientes acaban de ser publicados por el Ministerio de Hacienda en el informe de deuda viva de las corporaciones locales de finales de 2022. Si bien en el documento no se precisan las razones de esta subida, que contrasta con lo que ocurre a nivel nacional, una de los motivos puede ser la necesidad de los municipios de afrontar nuevas inversiones de cara a las elecciones locales de 2023.

Analizando en detalle la información ministerial, hay 45 localidades que pueden presumir de no deben nada a los bancos: Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Almáchar, Almargen, Almogía, Alpandeire, Árchez, Benadalid, Benahavís, Benamargosa, El Burgo, Canillas de Aceituno, Carratraca, Cartajima, Casabermeja, Comares, Cómpeta, Cuevas Bajas, Cuevas del Becerro, Cuevas de San Marcos, Cútar, Faraján, Fuente de Piedra, Igualeja, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Monda, Montejaque, Ojén, Parauta, Pujerra, Salares, Sedella, Teba, Totalán, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera, Villanueva de la Concepción, Montecorto y Serrato.

En términos absolutos, Málaga capital es la que tiene una mayor deuda viva, con 266,6 millones de euros. Sin embargo, en términos relativos esta suma supone apenas 460,5 euros por habitante. Aunque es el que lidera el listado de localidades, el dato acumulado decrece respecto a los 283,5 millones de 2021. Y justo una década antes, la cifra total superaba los 748 millones. Es decir, en el transcurso de diez años, Málaga ha sido capaz de quitarse de encima una losa de 481,4 millones de euros.

Le sigue Torremolinos, con 56,4 millones de euros (819,5 euros por habitante); Marbella, con 54,6 millones (362,2 euros por vecino), y Rincón de la Victoria, con 47,4 millones (937,3 euros por habitante). Es llamativo el caso de Marbella, que a finales de 2021 tenía una deuda viva de apenas 2,6 millones.

De las grandes capitales españolas, destaca Madrid, con una deuda viva de 1.738,4 millones de euros, lo que supone una media de 530 euros por habitante. Es valor es superado por los 683 euros de deuda por habitante de Barcelona, que a finales de 2022 tenía un endeudamiento total de 1.117 millones de euros. Valencia, con 234,8 millones, tiene una deuda media de 296 euros por habitante, y Sevilla cuenta con una deuda viva de 216,1 millones (317 euros por habitante).

Es igualmente apreciable el comportamiento de las administraciones supramunicipales, caso de la Diputación provincial, que cerró el año pasado de 453.000 euros. Por su parte, las mancomunidades de municipios de la Costa del Sol, la Axarquía y la Sierra de las Nieves acumulan una deuda viva de 1,4 millones, 430.000 y 214.000 euros, respectivamente.

Aunque este último ejercicio se observa un ligero aumento de la deuda viva, la realidad es que el esfuerzo de contención en la última década es evidente. Y ello en buena medida a la decisión de apretarse el cinturón que han protagonizado la práctica totalidad de administraciones locales. 

Ha contribuido a mantener la estabilidad de las cuentas los recursos extras repartidos por el Estado a raíz de la pandemia y las normas presupuestarias. Hay que recordar que las reglas fiscales imponen un corsé muy estricto a los municipios, que no pueden incurrir en déficit ni usar libremente los ahorros que consiguen.