La Policía Nacional ha desarticulado dos redes criminales dedicadas, presuntamente, a la explotación laboral en los sectores de la construcción y agrícola, en dos operaciones distintas, llevadas a cabo en Cuenca y Málaga, en las que han sido detenidas un total de 23 personas.
En la operación desarrollada en Málaga, los agentes detectaron una red que, bajo la apariencia de una estructura empresarial, utilizaba la imagen de asociación de ayuda al inmigrante captando así a sus víctimas para su explotación en el sector de la construcción.
Las víctimas tenían que comer y dormir en el interior de vehículos y, además, realizaban servicios de peón o de seguridad de obras en jornadas que continuaban más allá de 24 horas, según ha precisado la Policía en un comunicado.
Tras diversas gestiones, los agentes llevaron a cabo un operativo que culminó con la detención de 18 personas (17 en la ciudad de Málaga y uno en Madrid), y la realización de cuatro entradas y registros en Málaga donde se intervinieron 30.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, varios teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación. Además, se han bloqueado 95.000 euros, dos viviendas y 27 vehículos.
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos y coincide en el tiempo con la celebración del Día Mundial contra la Trata de Seres Humanos.
La otra de las investigaciones, desarrollada en una localidad de Cuenca, comenzó cuando los agentes localizaron una bodega donde vivían hacinadas unas 40 personas. Tras varias gestiones, los agentes descubrieron la existencia de una red empresarial, dedicada al sector agrícola, que mantenía a sus trabajadores en condiciones infrahumanas. Las víctimas pernoctaban en una estancia sin ningún tipo de enseres, con un baño prefabricado e insalubre y sin las mínimas condiciones de higiene.
La investigación culminó con la detención de cinco personas, una de ellas en Albacete y cuatro en la provincia de Cuenca. Además, los agentes realizaron dos entradas y registros, interviniendo más de 1.000 euros en efectivo y documentación relacionada con la investigación.