“Todo el mundo habla de los riesgos naturales, quedan muchas veces mencionados en las memorias generales de las leyes, pero después se olvidan”, asegura Antonio Gallegos, doctor en Geografía por la Universidad de Málaga. Hace unos meses, este experto comenzó a bucear entre los Planes de Ordenación del Territorio (POT) de la provincia y el resultado de esa investigación, publicada junto a Laura Calvo-Delgado, deja unas conclusiones “decepcionantes” pero muy claras: la normativa pasa muy de perfil por la emergencia climática que azota el planeta y estamos perdiendo la (¿única?) oportunidad de abordar la problemática desde la prevención. 

La investigación se centra en los cuatro planes de ordenación del territorio que existen en la provincia: el de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, vigente desde 2006; el de la Aglomeración Urbana de Málaga, en vigor desde 2009; el de la Costa del Sol Occidental y el de la Serranía de Ronda, ambos en redacción. 

Estos documentos, tal y como subraya Gallegos, son la “mejor herramienta” para afrontar la emergencia climática y sus efectos en el territorio, ya que contienen los elementos básicos sobre los cuales se organiza y estructura el suelo. De hecho, su contenido sirve de marco de referencia para después desarrollar las políticas, los planes, los programas o los proyectos que las Administraciones, Entidades Públicas o particulares ponen en marcha. En la práctica, por ejemplo, condicionan si un suelo se cataloga o no como urbanizable o si se decreta un espacio concreto como protegido. 

Al analizar la inclusión en los mismos de los riesgos naturales, este experto encontró que suelen aparecer en las memorias informativas, pero no en la parte normativa y, cuando lo hacen, tienen el rango de directriz o de recomendación, “lo que a efectos prácticos supone que posteriormente no terminan incorporándose en el planeamiento general y menos aún en el planeamiento de desarrollo”.

Este doctor en Geografía también ha encontrado en los documentos carencias técnicas y metodológicas “importantes” que apunta a la necesidad de cambiar la forma de trabajarlos. “Es necesario contar con especialistas que lo hagan de manera profesional para evitar que estén llenos de generalidades vacías”, apunta. 

SEQUÍA, INCENDIOS O INUNDACIONES 

Gallegos asegura que ninguno de los cuatro planes estudiados tratan, por ejemplo, la problemática de la sequía, uno de los principales riesgos naturales que percibe sobre la provincia malagueña. El déficit hídrico, junto a los incendios, era hace tan solo unos años dos asuntos poco acuciantes que, sin embargo, ahora activan todas las alarmas. 

También preocupan las inundaciones, que pueden provocar pérdidas económicas y de humanas incalculables en la provincia malagueña, y, “aunque sea hable poco porque es más lento de percibir”, la erosión de suelo. “Cada vez el terreno es más árido. La poca tierra de labor que queda se va a ir perdiendo poco a poco y nos vamos a quedar sin suelo”, anticipa Gallegos.

Estos hechos son la más fehaciente prueba de que “el cambio climático y las repercusiones sobre el territorio son una realidad incuestionable”. Según este experto, “está más que verificado, es algo más que evidente”, pero “seguimos quedándonos en el discurso político, no se llevan a cabo medidas”. 

Un ejemplo de ello, a su juicio, es la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que la Junta aprobó en 2021. A pesar de que contempla hasta en su justificación la emergencia climática, esta norma “no incluye obligación alguna para implementarla”. “Seguimos como hace 40 años”, asegura Gallegos.

En el caso de Málaga, defiende el experto, la responsabilidad recae en la Diputación y en los ayuntamientos locales porque “donde más se puede trabajar es a nivel regional y comarcal”. Los riesgos naturales no se generan en un municipio en concreto, sino “ecosistémicamente”. Por ejemplo, cuando se producen inundaciones en una zona de la costa, estas no se han generado allí sino en el interior.

“Los ecosistemas funcionan a una escala que sobrepasa el municipio y por eso, cuando ocurren, los ayuntamientos pueden corregir el problema, pero la actuación para prevenirlo debe venir a nivel de cuenca”, argumenta Gallegos. 

ACTUAR YA

El catedrático no duda de que la lucha contra la emergencia climática puede comenzar en las ciudades. “Hay muchas posibilidades: se puede reducir la temperatura creando zonas con sombra, evitando alquitranar u optando por superficies permeables”, apunta. En esta línea, invita a repensar algunas realidades de Málaga, como que La Axarquía, “una zona árida”, esté llena de cultivos subtropicales o que los paseos marítimos de Málaga estén construidos con elementos duros que, cuando hay inundaciones, “actúan como una presa y no permiten la salida del agua”. “Hay cosas que no parecen muy razonables”, asegura.

Frente a todo esto, que los POT existentes no prevean la necesaria gestión de los riesgos naturales en este escenario es, a su juicio, “dejar pasar una oportunidad para abordar preventivamente una serie de problemáticas cuya repercusión social y económica en la provincia está siendo ya muy importante y lo será más aún en los próximos años”. 

La dependencia del sector turístico de Málaga hará, inevitablemente, que la economía de la provincia se vea resentida, según defiende este experto, que aboga por “presionar” a las administraciones para que “hagan leyes que impulsen cambios”. “No solo se trata de hacer una ley para flexibilizar un proceso urbanístico, como la LISTA, sino para incorporar nuevas realidades como el cambio climático, que ya es un problema”, asevera. 

Los dos POTs que están en redacción podrían hacerlo y no lo han hecho. Los otros dos son textos estáticos y seguirán vigente “de forma indefinida”, algo “incomprensible en un contexto en el que los cambios en el territorio y en las amenazas que en él recaen son evidentes”. “Unos deben incluirlo, otros deben revisarse. Es algo fácil de hacer, solo hay que querer hacerlo”, concluye Gallegos.