El fiscal encargado del juicio por el asesinato de Lucía Garrido, hallada sin vida en la piscina de su finca de Alhaurín de la Torre (Málaga) en 2008, ha mantenido la acusación para el exmarido de la mujer como cooperador y para el procesado como supuesto autor; aunque ha rebajado un año la petición de prisión, al considerar que se debe aplicar la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas.

Así, inicialmente, el ministerio público les acusaba a ambos por un delito de asesinato y solicitaba para el presunto autor material una pena de 23 años y medio de prisión y para el exmarido solicitaba 25 años de cárcel, pero como supuesto cooperador necesario, con la agravante de parentesco.

Ahora, en el trámite de conclusiones definitivas, el fiscal considera que se debe aplicar la circunstancia atenuante simple de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento y solicita que se le imponga al acusado como supuesto autor material la pena de 22 años de prisión; mientras que para el exmarido pide una condena a 24 años de cárcel.

Asimismo, ha introducido una calificación alternativa, en la que se mantiene el relato de hechos con la única matización de que la ayuda que prestó el exmarido "facilitó considerablemente la ejecución del delito, pero sin llegar a ser imprescindible".

En este contexto alternativo, el representante de ministerio público entendería que los autores materiales "tenían otras fuentes de información sobre rutinas de la víctima, habrían podido acceder fácilmente al interior del recinto saltando la valla que lo circunda y, en caso de haberse topado con perros, estaban capacitados para eliminarlos o mantenerlos a raya".

En esta calificación alternativa, el fiscal mantiene la acusación por el mismo delito de asesinato para los dos acusados, solicitando la misma pena para el supuesto autor material y pidiendo que la expareja, al que acusa en este caso como supuesto cómplice, sea condenado a 19 años de prisión.

En lo que respecta a las acusaciones particulares, que representan a los familiares de la víctima, también han modificado sus conclusiones iniciales para considerar al exmarido como cooperador necesario, ya que entiende que no ha quedado probado que fuera inductor o autor intelectual, "pero sí que prestó ayudas decisivas para la comisión del delito".

Así, solicitan que se le impongan las mismas penas que pide el fiscal, 24 y 22 años de prisión, respectivamente también por las dilaciones indebidas.

Las defensas, por su parte, han mantenido sus conclusiones iniciales, en las que solicitaban un veredicto de no culpabilidad para sus representados. El juicio comenzó el lunes día 23 de octubre y la previsión es que los miembros del jurado reciban el objeto de veredicto el próximo lunes para comenzar a deliberar.