Una nueva normativa pone en jaque a las joyerías: tendrán que gastar mucho más dinero en seguridad

El próximo 1 de enero de 2024 entrará en vigor la nueva ley en materia de medidas de seguridad física, electrónica y sistemas de alarma, la orden INT/826/2020 de fecha 3 de septiembre de 2020. Entre los sectores que deben implantar estas mejoras se encuentra el de las joyerías, que piden ayuda para poner en marcha esta nueva normativa, ya que aseguran que se trata de una inversión de gran calado que las pequeñas empresas no pueden asumir. 

La Federación Andaluza de Joyeros con sede en Málaga ha expresado su "preocupación" por la entrada en vigor de estas medidas, ya que a partir de 2024 cualquier establecimiento que no las cumpla será sancionado en caso de inspección.

"Muchos pequeños comercios de joyería, como son tiendas de barrio y de gran tradición, están viendo como las empresas de seguridad les están comunicando que van a dejar de prestarle servicio porque no van a poder adecuar sus establecimientos a tiempo para poder cumplir con todos los requisitos", indican a este periódico fuentes de la federación.

Entre las medidas que incluye la nueva normativa se encuentra la instalación de una alarma conectada, un sistema de seguridad de doble vía, detector sísmico en paredes, cajas de seguridad homologadas, cristales de alta seguridad en escaparates y puertas de acceso reforzadas. 

Se trata de mejoras que suponen un gasto mínimo de 3.000 euros y que en algunos casos puede alcanzar los 10.000 euros, dependiendo del volumen de negocio. "Es una inversión muy grande, pedimos comprensión y dispensas en algunas de las medidas. Creemos que su aplicación debe ser razonable, en mayor o menor grado dependiendo del comercio en cuestión", explican.

Por ello, solicitan una reunión con el subdelegado del Gobierno en Málaga para llegar a acuerdos y establecer un conjunto de dispensas de aplicación de ciertas medidas "que pueden suponer un perjuicio económico para los comercios", especialmente en los casos en los que estas inversiones "resulten más desproporcionadas por el coste-beneficio que pueden suponer para el negocio".

La federación de joyeros también está manteniendo "encuentros informales" con miembros del departamento de Seguridad Privada de la Policía Nacional, encargada de hacer las inspecciones de seguridad. "El problema que nos estamos encontrando es que hay un cuello de botella en estos últimos meses de prórroga, y las empresas están recibiendo presupuestos desorbitados para acometer estas medidas. A partir", señalan.

El motivo principal del retraso en la adaptación a la normativa parte de la crisis económica derivada de la pandemia, una situación "que muchos establecimientos del sector siguen arrastrando y que se ha vuelto a agravar por la crisis de la guerra en Ucrania y la inflacción elevada", según aseguran.