El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convertir en gratuito el transporte público para menores de edad; jóvenes, con la posibilidad de que se beneficien personas de hasta 35 años, y desempleados va a ser aprobado este miércoles por el Consejo de Ministros. Un paso ejecutivo esencial que va a permitir conocer en detalle todas las implicaciones de una acción que, bote pronto, puede provocar un verdadero dolor de cabeza a los ayuntamientos.

Buen ejemplo de ello es lo que puede ocurrir en una gran ciudad como Málaga, cuyos responsables municipales ignoran aún la envergadura de la iniciativa planteada por Sánchez. Uno de los interrogantes que pesa sobre la mesa es si la pretendida gratuidad afectará a todos los medios de transporte público o sólo a aquellos que son competencia estatal. En este último supuesto, la afectación se dejará notar, de manera especial, sobre las dos líneas de Cercanías que funcionan en la provincia.

Pero ¿y si va más allá y afecta también a los autobuses urbanos e interurbanos, así como Metro de la capital de la Costa del Sol? En ese caso, la operatividad va a obligar a las administraciones responsables de la explotación de esas líneas a realizar un esfuerzo arduo y rápido para la buena aplicación de la iniciativa.

Sobre ello, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, admite que hasta que no se analice la propuesta del Consejo de Ministros no se podrá fijar un plan de acción. Sea como fuere, en la Casona del Parque se ve con buenos ojos la posibilidad de que menores, jóvenes y desempleados en general se beneficien de la gratuidad del transporte en los buses de la Empresa Malagueña de Transporte (EMT). 

Sin embargo, confirma la dificultad máxima de que los beneficios de la política estatal se puedan aplicar de manera inmediata con el arranque del año, dada la necesidad de disponer de sistemas específicos para poder diferenciar a aquellos que tienen derecho a la bonificación máxima.

De acuerdo con varias fuentes consultadas, una de las opciones que no es descartable es que el Gobierno opte por prorrogar otros seis meses el actual sistema de bonificación que se viene aplicando desde septiembre del año pasado y que ha tenido un efecto más que significativo en el aumento de la demanda de pasajeros. El mismo incluye un 30% que sufraga el Gobierno y otro 20% que asume el Ayuntamiento, en el caso de la EMT. Los porcentajes son algo mayores en el Metro, por ejemplo.

De este modo, durante esos seis meses de ampliación se abriría un proceso de diálogo con las corporaciones locales para establecer los mecanismos a emplear para aplicar la gratuidad plena pretendida por el presidente del Gobierno a desempleados, menores y jóvenes.

El Ayuntamiento de Málaga y la Junta mantendrán sus bonificaciones

No obstante, a la espera de certezas, es posible que la decisión del Gobierno, como hemos apuntado antes, sólo beneficie a los usuarios habituales de los trenes de Cercanías. ¿Qué pasaría en ese caso con los autobuses urbanos de Málaga o el Metro? En el caso concreto de la EMT, Hernández confirma la intención del Consistorio de mantener la bonificación del 20% que vienen asumiendo las arcas municipales desde septiembre de 2021. De hecho, se trata de una acción que cuenta con asignación presupuestaria. Sería, por decirlo de algún modo, del mal menor en el nuevo escenario que se abre a partir del 1 de enero.

El mismo camino pretende adoptar la Junta de Andalucía. Desde la Consejería de Fomento se cuestiona que antes de su paso por el Consejo de Ministros no se tenga información sobre la política de bonificaciones planteada por el Ministerio de Transportes y Movilidad para 2024 "o si van a continuar las establecidas".

"Sin datos no es posible cerrar un criterio", han afirmado desde el departamento regional e insisten en que las bonificaciones extraordinarias de 2023 han estado vinculadas en todo momento a las ayudas del Estado. 

En todo caso, precisan que en Andalucía, y por tanto en Málaga y en el Metro de la capital de la Costa del Sol, la Junta seguirá aplicando las bonificaciones del sistema tarifario de los Consorcios de Transportes, con un descuento medio del 30%, al que se suma el 20% de la bonificación de la tarjeta joven de transporte.