El campo despierta en Málaga. Tras décadas en silencio, el sector primario, que surte a diario a los cientos de supermercados en los que a diario vamos a comprar hortalizas, frutas, verduras, ha decidido levantar la voz para clamar contra todos sus males, que son muchos.

La última semana ha sido una primera y sonada muestra del malestar de los agricultores malagueños, que por cientos han salido a las calles para hacer que los políticos españoles y las autoridades europeas sepan de su situación laboral.

Si el pasado martes el epicentro de la protesta fue la capital de la Costa del Sol, este sábado, los manifestantes se han desplegado por zonas del interior. Teba, Antequera, Vélez-Málaga... Plazas en las que los trabajadores han avanzado, cortando carreteras para evitar el normal funcionamiento del transporte de mercancías.

Son marchas con las que sus participantes, como antes lo hicieron los vecinos franceses, denunciar los perjuicios que genera la última reforma de la PAC (Política Agraria Común), la regulación de fitosanitarios, las importaciones de países terceros con, aseguran, "dudoso control" en la frontera, y los altos precios del gasóleo.

Y a todo ello se suma la abismal diferencia que hay entre el precio que estos agricultores cobran y el que acaban pagando los consumidores finalistas cuando compran ese mismo producto. Precios con los que ni siquiera, en muchos casos, son capaces de cubrir los costes de producción.

Fran es agricultor de la Axarquía, tiene 40 años y lleva dedicándose profesionalmente al campo desde los 17 años trabajando productos subtropicales como el aguacate y el mango de sol a sol. Ha llegado a vender por un intervalo de entre 50 y 80 céntimos el kilo de mango que produce, "de primera calidad". Sin embargo, en la última temporada, el producto es tan limitado que le han pagado hasta cuatro euros. “Pero lo peor es que cuando había más y lo vendía a 50 céntimos luego lo veía en Centroeuropa a seis o siete euros. La cosa está en quién se lleva ese dinero, porque la logística tampoco se lleva tanto como el último, los grandes almacenes”, lamenta.

Según los datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en el último informe del índice de enero de 2024, no solo es el limón el producto básico cuyo precio se encarece de la huerta a la mesa en un 880%. La situación de la patata, el plátano o la naranja también es desconcertante.

Sin ir más lejos, un kilo de patata cuesta en un supermercado 1,83 euros según COAG, mientras que el agricultor que lo cultiva solo recibe 31 céntimos por él (472% de diferencia). El plátano se vende a 2,27 euros el kilo y en origen se reciben apenas 27 céntimos por la misma cantidad (733%). En cuanto a la naranja, si bien el agricultor gana 39 céntimos por un kilo, el consumidor lo compra por 2,05 (426%). 

También es curiosa la situación del repollo, el brócoli y el ajo. El kilo de repollo se paga en origen a 34 céntimos, frente a los 1,82 euros que se pagan en el supermercado. Por el brócoli reciben 54 céntimos, mientras que en la caja del súper el consumidor paga 2,85 euros. Así, el ajo se encarece en un 456% de un extremo a otro de la cadena alimentaria. Si en origen le dan por un kilo 1,18 euros al agricultor, en el supermercado a la ciudadanía le cobran 6,56 euros por la misma cantidad.

Aunque se debate mucho sobre el precio del aceite de oliva, sin embargo, es curioso, pero la diferencia de precio desde el origen hasta el supermercado es solo de un 17%. Les dan por litro 8,70 euros y se vende a 10,20. Esto no significa que los productores se estén haciendo ricos con el aceite, sino que están cubriendo los costes de unas pésimas temporadas como las de 2022.

La cadena alimentaria

Es importante reseñar, en este sentido, que el producto que llega a casa del consumidor, pasa antes por diferentes intermediarios en el marco de una cadena. En la fase primaria el agricultor lleva a cabo su actividad en el campo. La segunda fase es la de distribución o transformación. Como bien explican desde la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, aquí los productos son sometidos a diferentes procesos como el lavado, pelado, cortado, triturado, refrigeración y envasado, entre otros. La tercera es la fase minorista, es decir, cuando se vende el producto (no solo en tienda, sino que se incluyen bares y cafeterías). Y la última, la fase de consumo, que no es más que cuando llevamos el producto de la tienda a casa, lo guardamos, lo manipulamos y lo elaboramos.

En 2013, el entonces ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete puso en marcha la primera ley de la cadena alimentaria con el fin de promover relaciones justas y equitativas entre los diferentes actores de la cadena alimentaria, desde los productores hasta los consumidores. En 2020, con Pedro Sánchez, esta se reformó por primera vez desde su puesta en vigor, supuestamente con el fin de prohibir la venta a pérdidas por cada una de las fases de la cadena.

Esta ley no establece la fijación de los precios de los productos, pero sí permite que desde la Administración Pública se puedan hacer recomendaciones sobre estos. Concretamente, “elaborar, publicar y actualizar, periódicamente, índices de precios y de costes de producción mediante el empleo de los criterios que reglamentariamente se determine”. Unos índices de precios y costes de producción que los agricultores ruegan al Gobierno que se realicen, pues ellos acaban acarreando, aseguran, el 70% de los costes de producción, a lo que suman los efectos de la inflación.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez se ha comprometido esta semana a reforzar esta ley, pero no ha explicado cómo lo hará. También mencionó que trabajaría en simplificar la Política Agrícola Común (PAC) como piden los manifestantes. Pero, hasta el momento, no se ha materializado ninguna de estas promesas.

Competencia desleal

Fran se solidariza con compañeros que, por ejemplo, trabajan el limón. Asegura que la provincia produce la mitad de limones de Andalucía y que esta temporada cada agricultor ha podido coger, con suerte, 20 céntimos por kilo. Y hay muchos que han recibido 10 céntimos, mientras que otros han optado por no recogerlos porque el trabajo no les renta. “Luego he visto con mis propios ojos en Mercadona bolsitas de kilo por dos euros. Es algo que me parece una barbaridad. Encima no eran de aquí, eran de Sudáfrica. Es uno de los principales problemas que tenemos aquí”, lamenta.

Como sostiene Fran, la competencia desleal es algo de lo que muchos de sus compañeros se quejan, sumado al problema de los precios en origen, pues ambas cuestiones van de la mano. Hace unos días, en la tractorada de Málaga capital, que bloqueó los accesos al puerto, Rafael, un agricultor del Valle del Guadalhorce que se dedica al cereal y al olivar, lamentaba que no se tomen medidas de control en las fronteras españolas sobre los productos que llegan de otros países como Turquía o Marruecos.

Sobre todo porque, aseguran, el Pacto Verde Europeo los está “destrozando” al obligarles a cumplir determinadas medidas medioambientales en sus cultivos que luego no se tienen en cuenta en estos productos importados. De la misma manera, criticaban la mano de obra "esclava" en Marruecos, muchas veces por parte de empresarios españoles que se trasladan a países de fuera de la Unión Europea para producir.

Por su parte, además, Fran hace un apunte sobre la situación del agua en la Costa del Sol. "A mí me sigue quedando agua de pozo, pero el agua regenerada que está viniendo es horrible. Viene con una cantidad de sal exagerada. Quien usa el agua regenerada ve cómo se le están secando los árboles. La solución son las desaladoras o al menos las portátiles, de emergencia, para salvar el año", dice.

En la misma línea, Francisco Díaz, miembro de la Asociación de Regantes del Guadalhorce, defendía que los turistas llevan años viniendo en masa a Málaga y que "si a todos ellos se les hubiera cobrado una pequeña tasa por pernoctación, por ejemplo, la Costa del Sol estaría llena de desaladoras". "Pero como no se ha hecho, estos son los costes", zanjó.