La desesperación del Puerto de Málaga por el proyecto de las oficinas de Muelle Heredia: “Estamos en un punto muerto”

El nivel de desesperación que empieza a existir en el Puerto de Málaga ante el estancamiento en el que se encuentra su proyecto estrella para construir más de 26.000 metros cuadrados de oficinas premium sigue en aumento. Y, por lo que parece, no va a disminuir de manera inmediata. 

Esto es lo que trasciende del mensaje del presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, cuando se le pregunta por esta operación, cuyo desarrollo se estima en no menos de 60 millones de euros. "Estamos en un punto muerto", confirma en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga. El contundente mensaje contrasta con el relativo optimismo manejado en ejercicios anteriores, en los que llegaban a prever avances en los trámites previos a la activación del concurso para adjudicar la concesión demanial de los suelos de Muelle Heredia.

Aunque es cierto que en estas anualidades los acuerdos del Puerto con el Gobierno han permitido desbloquear el traslado, por ejemplo, de la Guardia Civil a un nuevo edificio, liberando parte de los terrenos afectados, el escollo se mantiene sobre la parcela de la Agencia Tributaria, organismo que también tiene que ser trasladada a otro espacio del recinto portuario.

Pese a que hay proyecto constructivo y disposición económica para afrontar la materialización del complejo, cuyo coste ronda ya los 9 millones, la realidad es que el asunto sigue encallado, afectando de manera severa al futuro centro de oficinas.

"Es un proyecto (en referencia a la nueva sede de la Agencia Tributaria) que tenía que estar ya en construcción. Desgraciadamente, por problemas fundamentalmente técnicos y administrativos, lleva una demora de aproximadamente dos años y ahora mismo estamos en un punto muerto", afirma Rubio, quien explica que el proyecto inicial tiene que ser adaptado a la nueva normativa, "pero no tenemos el medio o no tenemos el camino claro para hacer esa adaptación". 

Según Rubio, el cambio de normativa obliga a realizar modificaciones profundas en el documento técnico, lo que impide poner en marcha la maquinaria para la licitación de las obras. Una muestra de la preocupación existente es que hay abiertas conversaciones desde hace tiempo con Puertos del Estado "para ver si encontramos la forma de desbloquearlo".

"Sinceramente, en este momento no tenemos claro un calendario; estamos buscando el camino para agilizarlo, para intentar tener el proyecto adaptado antes de fin de año o principios del año que viene", indica. Hay un doble motivo de conflicto en este asunto: los requerimientos realizados por el CEDEX y las peticiones de Puertos del Estado. 

La situación se complica dada la existencia de un contrato con una ingeniería, con la que, a priori, no se puede contratar una ampliación de los servicios iniciales. "No sabemos ahora mismo cuál es el procedimiento administrativo para conseguir esa modificación; esto es una empresa privada no pasaría". "Con la Ley de Contratos del Estado no puedes hacer eso. Y nadie sabe darnos la respuesta. Ni la Abogacía del Estado ni Puestos del Estado… Hay un cambio de normativa y hay que adaptar el proyecto, pero no puedes a dedo decirle a la empresa que ya hay contratada que lo haga ni tampoco tenemos claro que podamos contratar a otros. Estamos en un embrollo jurídico administrativo en el que nadie sabe dar respuesta y así llevamos un montón de meses", sentencia.

A ojos del máximo responsable de la Autoridad Portuaria, pese el gran retraso que acumula esta operación, el interés empresarial por la misma se mantiene intacta. De hecho, se muestra convencido de que en el momento en que la institución esté en disposición de salir al mercado, serán muchos los operadores que den el paso para presentarse y pujar por este desarrollo terciario. 

Sobre lo que no duda Rubio es sobre la decisión de haber mantenido el esquema urbanístico que fue pactado y concretado en el actual Plan Especial del Puerto. Y ello pese a la existencia de algunos estudios que ponían sobre la mesa la posibilidad de incrementar de manera sustancial el techo edificable, elevando la altura de los futuros edificios. A su juicio, se trata de un esquema aceptado por todos que, de haber sido sometido a una variación, hubiese obligado a una nueva discusión social.