El Gobierno central vuelve a escenificar su trato favorable a los intereses de Cataluña, territorio al que va a inyectar casi 1.200 millones de euros para el desarrollo de importantes mejoras en sus carreteras y ferrocarriles. 

Un movimiento estratégico que contrasta con la falta de medidas ciertas en Málaga, que desde hace años viene reclamando mejoras en las infraestructuras viarias, con el objeto de solventar los cada vez más habituales atascos en la ronda este de la capital de la Costa del Sol, así como en las líneas de Cercanías.

Lejos de obtener respuesta a estas exigencias, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha tratado de compensar a la provincia con la convocatoria de dos mesas de trabajo, que iniciarán su labor el próximo 28 de noviembre, en las que abordar posibles soluciones a los problemas de movilidad de toda la Costa del Sol, así como sentar las nuevas bases sobre las que planificar el tren litoral.

A esto puede añadirse la activación de los estudios mediante los que determinar cuál es la solución más adecuada para corregir la saturación que presenta la autovía de acceso a Málaga desde la parte oriental de la provincia, sometida casi a diario a importantes atascos.

Esta imagen contrasta con los pasos adelante que sigue dando el Ministerio de Transporte en el presente mandato en suelo catalán. Los últimos ejemplos de ello han sido los acuerdos alcanzados por el Consejo de Ministros declarando de urgencia la tramitación del Real Decreto para la financiación de los Rodalíes de Lleida, con una financiación planteada de 486 millones de euros para el periodo 2024-2026.

A esta primera medida hay que sumar la autorización otorgada para la firma de tres convenios con Cataluña para el desarrollo de mejoras en sus carreteras por valor de 710 millones de euros. Una suma que se empleará para reforzar la conectividad en la AP-2 y la AP-7; en ejecutar el Plan de Mejora del Eje Pirenaico, y en construir la Ronda Nord.