El extraordinario plan diseñado por la Diputación de Málaga, pionero en España, mediante el que se aprovecharán los excedentes alimentarios de restaurantes, bares, supermercados y hoteles, entre otros, de la provincia para ayudar a unos 40.000 vecinos de la provincia da un paso clave.
La institución supramunicipal acaba de activar la licitación de esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros para un periodo de 5 años. Las entidades interesadas en participar en los lotes planteados tienen hasta el próximo 4 de diciembre para presentar sus ofertas.
El programa, bautizado con el nombre de Málaga no caduca, es un reto social que busca eliminar o reducir la inseguridad alimentaria, la exclusión sociolaboral y atajar problemas de salud que derivan de esas situaciones.
De hecho, tal y como explicaron los responsables de la Diputación en la presentación del plan, el objetivo no se reduce a "saciar a las personas", sino que busca mejorar su nutrición, "algo directamente relacionado en los niños, por ejemplo, con el fracaso escolar o en combatir la obesidad".
Otro de los objetivos es reducir el impacto medioambiental, al que se suma el elemento económico, logrando evitar la destrucción de excedentes se pueden obtener beneficios, por ejemplo, fiscales, además de imagen y sociales.
El proyecto se gestionará a través de una plataforma tecnológica integrada que pondrá en contacto a todos los intervinientes: Administración pública, sector privado y beneficiarios, todo ello con la participación también de Bancosol. La iniciativa quiere dar uso a las toneladas de alimentos en buen estado que se tiran cada año en la provincia.
El proceso de trabajo se está diseñando desde los donantes al Banco de Alimentos, las entidades sociales y la llegada a los beneficiarios. Todo a través de un proveedor de servicios sociales que gestionará el proceso con una base de datos única e integrada, para que se acerque lo máximo a la realidad y las necesidades de esas personas.
Una de las particularidades de la iniciativa es que va a ser el primer Contrato de Impacto Social (CIS) en España, lo que hace que el pago al proveedor del servicio se realice en función de los resultados: reparto de alimentos, inserción laboral y lucha contra la soledad no deseada.
El proyecto cuenta con un informe favorable del Banco Europeo de Inversiones y, según la consulta preliminar que han realizado, se ha constatado que hay entidades interesadas tanto para proveer el servicio como para financiarlo. Además, una peculiaridad de este tipo de contratos (CIS) es que el riesgo lo asume una entidad privada que adelanta el dinero.
Lotes
El servicio se divide en tres lotes. El primero de ellos es el relativo a la recogida y distribución de donaciones de alimentos y problemas nutricionales. En este caso, el adjudicatario final estará obligado a un mínimo de 100.000 recogidas al año, con un valor asignado de cinco euros por cada una de ellas; al tiempo que se fijan 120.000 entregas, valoradas en 7,5 euros.
El segundo lote es el de exclusión sociolaboral, que recoge 400 activaciones voluntarias a lo largo del año (50 euros por unidad) y 200 usuarios con contrato laboral firmado (1.000 euros por cada uno de ellos). El tercer lote es el de Soledad no deseada, con el que se busca la emancipación de al menos 200 usuarios al año (700 euros por usuario).