Dinero, drogas y corrupción policial o en los puertos: un combo letal

España ha vuelto a ser en 2023 el país europeo en el que más cocaína se ha incautado, en concreto 141,75 toneladas. Esa mercancía rozaría un precio de 3.000 millones de euros si fuera vendida al por mayor a organizaciones criminales, todo ello contando que la droga aún no ha sido cortada. Algo que aumentaría aún más los beneficios.

Por comparar la magnitud de estos números, en una economía como la española, el Banco Sabadell tuvo de beneficio el año pasado de 1.332 millones de euros, Bankinter 844,8 millones, y Unicaja 267 millones de euros.

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A esos 3.000 millones en cocaína habría que sumarle las 43 toneladas en marihuana y las 357 toneladas incautadas en hachís. Demasiado dinero en juego y lo incautado es sólo una parte del pastel. La mayoría de la droga que discurre por España no se detecta, por lo que la dimensión de las cantidades reales es incalculable.

Lo que es seguro es que lo requisado por Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera no sobrepasa el 20% del total que circula por el estado. Y tanto dinero que se está repartiendo entre organizaciones criminales provoca grietas en el Estado.

En Málaga a principios de año ya conocimos la detención del jefe de la Unidad de Análisis de Riesgos de Aduanas en el puerto de Málaga, un puesto clave en el control de las mercancías que se introducen en el territorio de la UE. Supuestamente estaba a sueldo de un narcotraficante que simulaba su actividad con una empresa de importación de pescado congelado que controlaba el único escáner de contenedores con el que contaba el puerto malacitano.

Siguió el año con la Audiencia Provincial de Sevilla condenando en abril a un guardia civil y dos policías nacionales por realizar labores de contravigilancias a narcos que sacaron un alijo de cocaína en 2022 del puerto de Málaga y lo transportaron a Carrión de los Céspedes (Sevilla).

Ha continuado luego con varias operaciones importantes. Incluso esta semana se informó de otra más ejecutada a final de octubre en la que se detuvo a varios estibadores que se encargaban de rescatar la cocaína de los contenedores que atracaban en el puerto. En esta última investigación también estaban involucrados otros trabajadores del puerto con acceso al recinto portuario. Su labor consistía en tratar de recuperar alijos que están adosados al casco de los buques mercantes. Se les requisó equipo profesional de buceo.

Pero sin duda la noticia que ha dado un vuelco en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha sido la detención del Jefe de la UDEF en Madrid después de incautarle unos 20 millones de euros en efectivo. Su arresto se precipitó tras localizarse 13 toneladas de cocaína en un mismo contenedor en el puerto de Algeciras que provenían de Guayaquil (Ecuador).

Es el mayor alijo de este estupefaciente de la historia de España y de Europa. Un negocio multimillonario que se fue al garete, y por el que Óscar Sánchez Gil está en el punto de mira. Hasta la semana pasada era el jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Madrid. De la UDEF.

En los registros que se realizaron en varias viviendas se encontraron 20 millones de euros en efectivo e incluso escondía un millón de euros en su propio despacho de la comisaría, probablemente porque acabaría de cobrarlo.

Es también una de las mayores incautaciones de este tipo en España. A la agencia EFE sus fuentes de la Policía Judicial le han revelado que Gil cobraba un millón por cada alijo introducido.

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Ahora queda por saber qué papel exacto jugaba y cual es la información privilegiada que proporcionaba a organizaciones criminales con capacidad para vender cientos de millones de euros en droga. Por su puesto de relevancia en la Policía podía tener acceso a todo tipo de comunicaciones internas con las que poder derivar investigaciones en curso, o advertir de las mismas a las propias organizaciones. Otro gran problema de este tipo de corrupción policial en un alto nivel es que estarían a merced de ser captados por servicios de inteligencia extranjeros con chantajes.

Ahora se está tratando de bucear en su patrimonio. Por ahora se le ha relacionado con su cuñada, que posee más de 80 licencias de VTC y vehículos tras crear varias empresas. Y según los periodistas Luis F. Durán y Daniel J. Ollero se descubrió un monedero virtual de criptomonedas en su ordenador principal.

El barrio madrileño de Vallecas era la sede central de la trama de blanqueo. En abril, la cuñada del inspector Gil creó una sociedad con sede en un taller de barrio en la calle de los Picos de Europa. Lo más sorprendente es que ese local escondía un capital social de más de 500.000 euros. La nueva sociedad que crearon en abril aglutinaba una agencia de publicidad que la tenían domiciliada en una discoteca abandonada de Madrid y la empresa que gestionaba las licencias de VTC que fueron adquiriendo desde 2017.

Este caso de corrupción debe alertar sobre los mecanismos internos en las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, ya que amasar tanta fortuna no es fruto de un día. Gil debía llevar al menos desde 2017 involucrado en tramas de narcotráfico, año en que su cuñada comenzó a administrar sociedades con cierto volumen de negocio.

En España se está bastante lejos de las averiguaciones sobre patrimonio del crimen organizado que tiene Italia, a pesar de que como vemos cada vez entra más droga por este país. Como ejemplo de ello, esta semana en Italia un juez de instrucción de Milán ha decretado órdenes de embargo preventivo de 520 millones de euros en inmuebles que poseen clanes de la Cosa Nostra y la Camorra.

Si Óscar Sánchez Gil cobraba un millón por alijo a los diferentes narcos, el resto del dinero que mueven estos clanes son de cientos de millones y no están precisamente escondidos en una pared como hacía el policía. Deben estar más cerca de ese tipo de restaurante que abre, se le realiza una gran obra de remodelación y a los dos años vuelven a cerrar para luego de nuevo a abrir otro establecimiento en el mismo lugar. Y así, en bucle.