La Fiscalía de Málaga ha acusado a 15 personas y a una veintena de empresas por un presunto fraude a través de la venta de combustibles entre marzo y octubre de 2020, ya que supuestamente los procesados desarrollaron una serie de operativas destinadas a no abonar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Esta acusación calcula que el supuesto beneficio ilícito ascendió a unos 13,1 millones de euros.
Según las conclusiones iniciales de la Fiscalía, a las que ha tenido acceso Europa Press, los acusados, "puestos de mutuo y previo acuerdo y con ánimo de enriquecerse injustamente a costa del erario público", se habrían dedicado supuestamente a la venta de carburantes que adquirían del depósito fiscal a distintos clientes, generalmente, estaciones de servicio.
Para la acusación pública, estos acusados empleaban operativas en esas ventas "dirigidas a no abonar el IVA del 21% en estos casos", que generaba la venta, "tanto ocultando la cantidad que por ese impuesto deberían ingresar con facturas falsas, como interponiendo sociedades a las que hacían pasar por el obligado tributario que, aunque declaraban el IVA, ni lo pagaban ni tenían bienes para hacerlo".
Paralelamente, "y con vistas a disfrutar de forma impune de tan pingüe beneficio", el dinero percibido de los clientes finales que pagaban el IVA correspondiente a la venta, supuestamente, "lo hicieron desparecer de las cuentas de las mercantiles obligadas para, en distintas operaciones y transferencias, pasarlo a otras controladas por los acusados", señala el ministerio fiscal.
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha celebrado este mes de noviembre una vista con las acusaciones y defensas de los acusados en esta causa con el fin de fijar un calendario de cara a la celebración del juicio, que, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, comenzaría en marzo de 2026 con el trámite de cuestiones previas.
La Fiscalía sostiene que la actividad se hizo "de forma organizada y estable" en el ejercicio fiscal 2020 con una operativa planificada y dirigida por uno de los acusados, que tenía un grupo de estaciones de servicio. Para su ejecución se requería "la puesta en marcha de un entramado de empresas que permitiera eludir el pago de los impuestos y disimular el disfrute de los beneficios de su ilícita actividad".
Para esta actividad, el principal procesado, entonces también propietario del Club de Fútbol Badajoz SAD, tenía la cooperación de otros dos acusados "de su confianza", dedicados sobre todo a la gestión de las cuentas corrientes y de las diversas mercantiles usadas como pantallas; y de otros procesados, entre ellos el hijo del supuesto cabecilla, que actuaban como supuestos testaferros.
A los acusados se les imputan delitos contra la hacienda pública, falsedad de documento o blanqueo, según el caso. Para el principal procesado se solicita una pena de 15 años y medio de prisión y multa de 45 millones de euros, , al acusarle de los tres delitos. Además, se insta a que nueve acusados indemnicen conjuntamente a la Agencia Tributaria en la cantidad de 13.194.212,15 euros.