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El mismo Ministerio de Cultura que acaba de liberar 82,7 millones de euros para la construcción de la Biblioteca del Estado en Barcelona sigue dando largas a las continuas demandas de Málaga para que participe económicamente en la ejecución del Auditorio de la Música.

Pese a los intentos del alcalde malagueño, Francisco de la Torre, no ha existido un solo pronunciamiento por parte del departamento dirigido por Ernest Urtasun que invite a pensar en la disposición del Gobierno a responder a la histórica deuda contraída con la capital de la Costa del Sol.

Algo que sí hace ahora con la Ciudad Condal después de que el último Consejo de Ministros del año, celebrado el pasado lunes 23 de diciembre, autorizase la contratación de la nueva Biblioteca Pública del Estado. El montante económico es de tal magnitud que, según admiten en el Ejecutivo, se trata de la operación de mayor envergadura de cuantas tiene comprometidas Cultura a corto plazo. 

Urtasun busca corregir con este acuerdo una anomalía que se venía dilatando en el tiempo desde 2010, que es el año del que data el proyecto inicial barcelonés. Una asignatura pendiente semejante a la que durante décadas ha tenido el Gobierno con Málaga y que está saldando desde principios de 2022, cuando arrancó la rehabilitación del Convento de San Agustín.

Sin embargo, la disposición ahora mostrada con Barcelona está ausente ante la petición de la capital de la Costa del Sol, que viene clamando por el Auditorio desde hace décadas. Oficialmente, el Gobierno central sigue eludiendo una respuesta clara sobre la posibilidad o no de participar económicamente en el proyecto.

"Todavía no se ha llegado a ningún acuerdo ni a ninguna cosa concreta", decía la semana pasada el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, quien pedía que las conversaciones entre administraciones siguieran "de forma cordial, natural y, sobre todo, con discreción". 

Las palabras de Salas, no obstante, no permiten determinar la voluntad del Ejecutivo en este asunto. Y ello es clave en un año en el que el choque entre el ministerio y el Ayuntamiento ha sido evidente. 

Reunión de mayo

El pasado mes de mayo, días después de que De la Torre se reuniese en Madrid con representantes de Cultura y diese por seguro el apoyo gubernamental a la operación, desde el ministerio reaccionaron de inmediato negando la mayor y rechazando la existencia de un acuerdo para financiar el equipamiento. 

"Estamos abiertos a estudiar lo que nos envíen y a valorar la participación en la inversión", afirmó un portavoz. Pero en los meses transcurridos hasta finalizar el año, lejos de existir un acercamiento, la distancia entre los dos actores institucionales parece ser mayor. 

Infografía con la Marina de San Andrés y el Auditorio de la Música.

La renuencia ministerial, que contrasta con lo ocurrido ahora con Barcelona, es clave en el futuro de esta infraestructura y el cumplimiento de la hoja de ruta diseñada por De la Torre para hacer realidad su viejo sueño. De los 209 millones de euros en los que se presupuesta ahora el Auditorio, 100 los deja en manos públicas. 

Y de ellos, 45 deben ser aportados por el Gobierno central; 25 millones por la Junta de Andalucía (ya ha consignado parte de esta suma en sus cuentas anuales); 10 por la Diputación provincial (no ha confirmado que vaya a aportar el dinero) y 20 millones por el Ayuntamiento. Los 109 millones restantes, según los cálculos del regidor, deberán ser aportados por socios privados que se sumen a la iniciativa.

Sin el Gobierno implicado, por más que el regidor mantiene que el proyecto se hará "con o sin el ministerio", al Consistorio se le complica la puesta en marcha de la maquinaria administrativa para licitar los trabajos de construcción. 

Un movimiento posible después de que haya cerrado la compra de los 30.400 metros cuadrados de la explanada de San Andrés donde, desde 2007, se dibuja este equipamiento. La adquisición de la parcela ha supuesto un desembolso de 9 millones de euros en favor de la autoridad portuaria. 

Antecedentes

La pretensión de Málaga de completar su ya extensa oferta cultural con un auditorio no es nueva en el tiempo. Hace ahora casi 20 años, las diferentes administraciones, las mismas a las que ahora De la Torre trata de reunir de nuevo, conformaron un consorcio con el objetivo de ir adelante con la ejecución de este edificio.

La crisis económica frenó en seco las aspiraciones de la ciudad, hasta el punto de que el órgano promotor acabó siendo disuelto a mediados de 2014 por el Gobierno central, en aquel momento con el PP al frente, ante la imposibilidad real de afrontar el reto.

Una década después, De la Torre se mantiene firme en su propósito y no desfallece en aunar las voluntades de todos los poderes públicos. Queda por ver si el Gobierno, finalmente, el guante lanzado por el regidor.

La petición de Málaga para que el Gobierno se implique en esta operación tiene precedentes más que notables. No sólo por el hecho de que la capital de la Costa del Sol es la única gran ciudad española sin este equipamiento, sino por el hecho de que en todos los grandes auditorios de España ha participado el Ejecutivo con dinero.

Ejemplo de ello es lo ocurrido con el Auditorio de Barcelona, que fue objeto de un acuerdo firmado a finales de 1989 y en el que participaban el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento barcelonés y la Generalitat. Los tres actores públicos se comprometían en aquel momento a ir adelante con el proyecto diseñado por Rafael Moneo y que estaba valorado en 6.216 millones de pesetas (más de 37 millones de euros). El edificio fue inaugurado, tras varios retrasos, en 1999.