
Narcolanchas en Estepona esta semana.
Nada ha cambiado: la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado sigue estancada en España
Según la Fiscalía Antidroga, en 2023 se avistaron 471 narcolanchas en Andalucía; solo esta semana, se han observado más de 30 en el litoral andaluz.
Tras el asesinato de dos Guardia Civiles en Barbate hubo indignación y promesas políticas, pero todo sigue igual.
Más información: Demasiados retos para el Estado: el narcotráfico internacional se dispara en España por tierra, mar y aire.
Esta semana, un temporal ha afectado a la costa andaluza desde Almería hasta Huelva, una situación meteorológica que ha recordado una vez más a la ciudadanía y a las autoridades que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado sigue estancada, igual que el año pasado.
En febrero de 2024, a la vista de todos, una flota de narcolanchas fondeó en el puerto de Barbate durante horas debido a condiciones del tiempo similares a las de esta semana. Aquel episodio terminó con el asesinato de Miguel Ángel González y David Pérez, dos guardias civiles a los que se les ordenó disolver aquella concentración de narcotraficantes. La zodiac en la que viajaban fue embestida por una de las potentes embarcaciones que se encontraban en el puerto.
Tras la tragedia, hubo indignación y promesas políticas, pero todo sigue igual. Incluso, a la luz de las últimas circunstancias, podría decirse que la situación ha empeorado: la entrada de cocaína mediante narcolanchas por el Guadalquivir se ha vuelto habitual.

Narcolanchas en Estepona.
La actuación de esos narcotraficantes en Barbate fue resultado de la sensación de impunidad que tienen, y esta se debe a varios motivos. Uno de ellos es que saben que, en condiciones de mala mar, los barcos de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera rara vez salen a navegar debido al alto riesgo que conlleva. Otro motivo es que las autoridades están constantemente vigiladas por colaboradores de las organizaciones criminales.
Desde el lunes, se han avistado narcolanchas en Barbate, en el puerto de Conil, Sanlúcar de Barrameda, Estepona, Mijas, Marbella, Almería, a lo largo del Guadalquivir e incluso en plena Sevilla. Esta estrategia responde a que las esperas en alta mar para los narcotraficantes, que a veces superan una semana, son extremadamente peligrosas en condiciones meteorológicas como las de esta semana.
Lo normal es que fondeen en zonas alejadas de la costa mientras esperan recibir la droga de un barco nodriza o información precisa para desembarcar en tierra sin ser interceptados por las autoridades. Dado el riesgo que supone navegar con mal tiempo, la mayoría de las organizaciones criminales optan por acercarse a la costa, a sabiendas de que serán detectados tanto por el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) como por cualquier persona que se aproxime a una playa. Asumen ese riesgo y prefieren permanecer en el mar antes que volver a llevar las embarcaciones a tierra, una tarea más complicada que requiere el uso de tráileres y grúas. Según la Fiscalía Antidroga, en 2023 se avistaron 471 narcolanchas en Andalucía; solo esta semana, se han observado más de 30 en el litoral andaluz.
Los grupos criminales están tan activos que ahora utilizan zonas que no suelen ser refugios habituales para ellos, como Estepona, donde el lunes pasado se avistaron cuatro embarcaciones frente a la Playa del Cristo y el espigón del puerto. El martes, otro grupo de narcolanchas fue perseguido por una patrullera de Aduanas en Mijas Costa.
Sin embargo, el lugar favorito de refugio durante un temporal es el Guadalquivir, donde más de una quincena de embarcaciones han entrado y salido del río. Que este se haya convertido en una vía consolidada para la entrada de cocaína es aún más preocupante, ya que el Estado no parece tomar medidas contundentes para cortar de raíz este trasiego en un lugar que, en teoría, es bastante controlable.
La llegada masiva de cocaína a un punto concreto y reducido, como las localidades por las que discurre el Guadalquivir, podría debilitar directamente el Estado de Derecho. Si se permiten pequeños avances en la infiltración del crimen organizado, llegará la corrupción generalizada, lo que podría desestabilizar todo el sistema. Hay decenas de ejemplos en el mundo que lo demuestran.
En otras imágenes, se pudo ver cómo en Cabo de Gata (Almería) diez narcolanchas estuvieron fondeadas tranquilamente en una de las bonitas calas de la costa almeriense el martes. Como en los días anteriores, no se ha registrado ninguna detención ni intervención de embarcaciones, al menos no de manera pública, aunque habrá varias investigaciones en curso. Se han producido persecuciones con patrulleras y helicópteros que, en el futuro, servirán como pruebas para consolidar operaciones judiciales.
Será necesario activar un nuevo plan OCON SUR a tener de lo que solicitan los sindicatos de Policía Nacional, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la Fiscaliía Antidroga. La sensación de impunidad debe terminar.
Cambios en Suecia
Hace unos meses, la Policía Nacional informó en un comunicado de prensa sobre la detención en Benalmádena de un sicario de 17 años con nacionalidad sueca y origen en Oriente Medio que pretendía ejecutar a un miembro nórdico de los Comanches, los antiguos Satudarah. Precisamente esta semana algún que otro miembro de esta organización ha llegado de Suecia para pasar unos días en Marbella.
Este caso alertó sobre cómo las organizaciones criminales que operan en Suecia utilizan a menores para cometer delitos graves. El sicario, de 17 años, estaba contratado por un adolescente serbo-sueco de 14 años que, desde Alicante, dirigía una oficina de cobro y ofrecía servicios de sicariato a través de Telegram.
Este mes, en Suecia se han registrado 32 atentados con explosivos, más de uno por día. El jueves, en una rueda de prensa, el primer ministro del país, Ulf Kristersson, admitió que, debido a esta situación, “está claro que no tenemos control sobre la ola de violencia”. El Estado sueco reconoció así que no puede controlar a delincuentes que tienen acceso a explosivos y armamento militar.
En Suecia, el uso de armas automáticas es mucho más habitual que en España. Tras esta contundente declaración, Kristersson anunció que una ley que inicialmente se planeaba aprobar en 2026 se adelantará a este otoño. Se trata de legalizar las escuchas telefónicas a menores de 15 años, con el objetivo de detectar y detener a niños como el que dirigía una organización criminal desde Alicante. A partir del próximo otoño, las autoridades españolas recibirán más alertas de sus homólogas suecas gracias a esta medida y más concretos: en la Costa del Sol.