En Málaga, 40.705 personas se benefician del bono social, una ayuda estatal que reduce entre un 40% y un 80% la factura de la luz sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). En los últimos siente meses, los beneficiaros han aumentado más de un 8%; desde finales de 2020 son un 43% más.
La ayuda está destinada a pensionistas, familias numerosas, personas en situación de vulnerabilidad, beneficiarios del ingreso mínimo vital y a hogares con rentas bajas. En la provincia, la gran mayoría se los beneficiaron (el 70,8%) son personas en situación de vulnerabilidad según criterio de renta, el 22,8% son familias numerosas, el 3,8% son pensionistas, el 1,2% son beneficiarios del ingreso mínimo vital y el 1,4% hogares con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética.
Del total de hogares malagueños beneficiados con bono social hasta julio, 17.109 son familias vulnerables y cuentan con una rebaja del 65% en su factura de consumo eléctrico (o del 40% si tienen el bono temporal de justicia energética), mientras que 23.596 son vulnerables severas y se benefician de una reducción en factura del 80%.
Según confirma Endesa, hay en marcha campañas informativas junto a entidades sociales que trabajan con estos colectivos para animar a los ciudadanos a solicitar esta ayuda, que estará vigente, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2023.
Tras la solicitud, cuando la compañía recibe la documentación, un equipo especializado se encarga de validarlas si se han recibido todos los documentos necesarios. Si falta algún documento, se informa al cliente y cuando la solicitud está completa, se envía al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
El departamento estatal comprueba el cumplimiento de los requisitos económicos y, finalmente, la energética es la encargada de comunicar al cliente la resolución del Ministerio.