Son bastante frecuentes en las ciudades y muchos ayuntamientos los usan como elemento físico para reducir la velocidad de los vehículos, pero los reductores de velocidad o resaltos, como también se les llama, no consiguen el objetivo para el que se han instalado. Y los motivos son varios.
La velocidad, que parece ser el principal motivo a perseguir por parte de los municipios, ha centrado en ella todos los esfuerzos y recursos en aras de conseguir una mejor seguridad vial en entornos urbanos.
Pero no siempre fue así, porque esos entornos urbanos eran verdaderamente peligrosos hasta hace pocas décadas, ya que en ellos convivían de mala manera coches, motos, bicicletas, carruajes, tranvías y peatones.
No fue hasta la década de los sesenta cuando, con la llegada masiva del automóvil particular, se empezó a ordenar el caos vial que hasta ese momento imperaba en las ciudades. En esos años el recurso más habitual para conseguir la velocidad adecuada era la señalización horizontal con un límite numérico. Pero no todos los municipios de esa época se podían permitir esos dispendios, porque los recursos económicos no eran suficientes y había otras prioridades.
No fue hasta los años ochenta cuando se empezaron a ver en urbanizaciones privadas resaltos reductores de velocidad hechos de cemento, a ojo, sin ninguna normativa que los unificara en cuanto a criterios técnicos y constructivos. Y así se han seguido instalando badenes o guardias tumbados o reductores de velocidad de cemento, de material plástico, de metal y de otros muchos tipos, todos sin ninguna normativa común y que casi cualquiera podía poner si estaban dentro de su municipio. Daba igual su tamaño, rampa de subida, altura o cualquier otro dato técnico.
No fue hasta el año 2008 cuando se aprobó por el ministerio correspondiente una normativa para regularlos. Desde entonces se supone que todos los nuevos que se han instalado tienen esas características comunes pero, sin embargo, las asociaciones de automovilistas denuncian que muchos de ellos son ilegales todavía.
Resaltos reductores de velocidad los hay de dos tipos principales: uno de ellos es una plataforma elevada sobre el asfalto, de 10 centímetros de altura y unos cuatro metros de longitud, con una rampa de subida y bajada, que se sitúa en un paso de peatones y con su pintura incorporada.
Los otros, mucho más simples, son piezas de plástico o metal que se atornillan a la calzada transversalmente para crear incomodidad a los conductores cuando se atraviesan. Sin embargo, el 90% de los conductores que pasan por encima de los resaltos de este tipo no hace el más mínimo gesto de reducir la velocidad porque probablemente vayan a la velocidad correcta. Y esa es una evidencia fácil de comprobar. Solo hay ponerse cerca de uno para ver que casi nadie activa las luces de freno.
Hay una consecuencia que nadie tiene en cuenta en cuanto a la seguridad: los resaltos reductores de velocidad de plástico y de metal provocan daños en las suspensiones de los vehículos que pasan por encima de ellos. Es decir, no son solo incómodos, sino que acaban destrozando elementos como los amortiguadores, las rótulas y cualquier componente elástico del sistema de suspensión de los vehículos. No es algo que acabe con las suspensiones de un día para otro, pero si en la zona que vivimos o por donde tenemos que circular a diario existen varios por los que tenemos que pasar, acabaremos destruyendo nuestros amortiguadores en poco tiempo.
Un resalto de ese tipo nunca debería tomarse a más de 10 km/h, para que el vehículo no sufra daños, pero desgraciadamente para la seguridad de todos eso casi nunca ocurre. Y, como consecuencia, muchos coches relativamente nuevos tienen sus amortiguadores en muy mal estado, teniendo esos dispositivos viales parte de la culpa.
Lo que se entiende aún menos es para qué se instalan si ya existe una normativa genérica en cuanto a velocidades máximas en entornos urbanos. Es decir, si alguien en una zona 30 y que va a esa velocidad de 30 pasa por encima de ellos, como ocurre en la mayoría de los casos, está causando daños en el vehículo, con lo que el supuesto beneficio de seguridad se convierte en todo lo contrario. Además, casi ninguna ITV tiene dispositivos para verificar el estado de los amortiguadores, salvo lo que un técnico pueda detectar visualmente, lo que es bien poco, por lo que muchos conductores circulan sin saber que sus amortiguadores están siendo dañados o, en el peor de los casos, totalmente inservibles.
Así que lo que debería ser un elemento para ganar seguridad se convierte discretamente en algo que nos la quita.