El Tribunal que ha enjuiciado el caso Astapa, contra la supuesta corrupción política y urbanística en Estepona (Málaga), ha condenado a 15 acusados, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, en este caso por un delito de cohecho a una pena de suspensión de empleo o cargo público durante cinco meses y siete días y multa de 40.000 euros.
Así, han sido condenados otros 14 acusados, a los que se les han impuestos penas de multa o suspensión de empleo y cargo público y en un caso prisión de seis meses; mientras que otros 31 procesados han sido absueltos, en algunos casos por prescripción de los delitos por los que eran acusados.
Los acusados y sus letrados defensores fueron convocados para este viernes para la lectura del fallo de la sentencia, con más de 3.000 folios, de este caso, cuya investigación se inició en 2007, aunque el juicio comenzó 17 años después.
Fueron casi 50 acusados los que llegaron al inicio del juicio, entre ellos Barrientos, así como otros exresponsables municipales entonces del PSOE y del Partido de Estepona (PES); así como empresarios y funcionarios.
Tras la celebración de la vista oral, son 37 las personas las que están acusadas, una vez que la causa se sobreseyó para algunos procesados y después de que la Fiscalía retirara la acusación para nueve personas.
La vista oral comenzó el 9 de enero de 2023 con el trámite de cuestiones previas, tras lo que la Sala anuló las escuchas telefónicas. El juicio se estructuró por bloques para facilitar su celebración, aunque la complejidad de esta causa hizo que las sesiones se prolongaran durante un año y medio.
Barrientos recurrirá la sentencia
Tras conocer el fallo, el exalcalde de Estepona, condenado por cohecho a pena de suspensión de empleo público, ha asegurado que recurrirá la sentencia, aunque ha señalado que tras el fallo ha quedado patente que el caso ha sido "una auténtica aberración".
"Me habían condenado al paredón y después de todo lo habido, alguna colleja le tenían que dar al alcalde", ha apostillado tras la lectura por parte de la Sala de Málaga que ha juzgado el caso del fallo de la sentencia.
En declaraciones a los periodistas a la salida, ha dicho que "estaría contento si hubiera salido totalmente absuelto", pero ha considerado que el caso ha sido "una atrocidad" y que "ha quedado patente que el Ayuntamiento siempre actuó en defensa de lo público".
"No hay condenados por prevaricación, es decir, por decisiones injustas; ni por malversación, es decir, no ha habido un perjuicio público de las arcas municipales", ha afirmado, señalando que su condena es "por un cohecho pasivo que es por recibir algún regalo, que ya veremos, por razón de mi cargo, no por haber hecho una actuación injusta".