Más beneficios incluso en el peor año de su historia reciente. Los socios del Metro de Málaga cerraron 2020 con unos números favorables cercanos a los 24,6 millones de euros, suma que crece en más de un millón respecto a las cifras de 2019, cuando la suma fue algo inferior a los 23,5 millones. Del global, unos 22 millones han sido repartidos en concepto de dividendos.

Un incremento de especial relevancia si se tiene en cuenta el efecto devastador que la crisis sanitaria del Covid tuvo el ejercicio pasado sobre la demanda de pasajeros del ferrocarril urbano. Apenas 3,6 millones de personas se subieron a los trenes, un 47% menos que los 6,9 millones con los que la infraestructura ferroviaria fue capaz de concluir 2019.

¿Cómo es posible que crezcan los beneficios pese a que caen los usuarios? La respuesta hay que encontrarla en la particularidad del contrato de concesión que en su día firmó la Junta de Andalucía con los responsables originales de la concesión, en aquel entonces un consorcio empresarial capitaneado por FCC (de todas las firmas iniciales sólo queda Comsa y con un porcentaje menor). El mismo garantiza una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 10,3%.

La situación es particularmente delicada para la Junta de Andalucía en un momento como el actual, en el que, de acuerdo con la literalidad de la relación con los socios privados, queda forzada a inyectar anualmente cantidades millonarias para compensar los retrasos acumulados en la construcción de la infraestructura ferroviaria.

Para contextualizar el escenario en el que se viene moviendo el Metro desde el origen mismo de la obra, la primera fecha de puesta en servicio que se manejó fue la de febrero de 2009, 40 meses después de la adjudicación del proyecto. A esta marca en el calendario le siguió el 11 del 11 de 2011, aunque sólo para una parte del trazado, y otras muchas.

Pero la realidad es que el Metro no empezó a ser operativo, y sólo de manera parcial, hasta mediados de 2014, estimándose ahora su llegada a la estación Atarazanas, que queda situada en la Alameda Principal, en noviembre de 2022. La proyectada prolongación del trazado soterrado hasta el entorno del Hospital Civil se sitúa en la parte final de 2027.

El análisis pormenorizado del documento contable de Metro de Málaga, al que tuvo acceso El Español de Málaga, permite concluir que de los 24,6 millones de beneficios, 22.132.943,24 euros son repartidos en dividendos entre los actuales socios, mientras que los restantes 2.459.215,92 euros se destinan a reserva legal.

Así consta en el acta de la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 2 de junio. Esto supone un cambio respecto al acuerdo de 2019, cuando el resultado favorable, 23,5 millones, fue reservado íntegramente a reservas.

Tomando en consideración los últimos valores, desde el inicio de la explotación comercial del suburbano, a mediados de 2014, la cifra de beneficios acumulada alcanza los 151,6 millones, siendo la cifra repartida en concepto de dividendo superior a los 102 millones.

El reparto se realiza de manera porcentual a la participación de cada uno de los socios del Metro. Actualmente son tres los actores principales, dos de ellos fondos de inversión francés: En este particular lista, Infravía Inversión tiene en sus manos el 33,39% de las acciones; mientras que Mirova, la división especializada en inversiones del banco francés Natixis, posee de manera directa un 32,36%, y de manera compartida otro 10,56%. 

Este último porcentaje corresponde a Mircom, participada en un 80% por Mirova (el otro 20% lo es por Comsa Concesiones). La tercera implicada es la Junta que, a través de la Agencia de Obra Pública de Andalucía (Aopa), mantiene un 23,69% de las acciones.

Inyección de la Junta

El documento recoge el aporte que realizó el Gobierno andaluz por casi 75 millones a la empresa explotadora, suma con la que garantizar el equilibrio económico-financiero del proyecto dada la imposibilidad cierta de que alcance el umbral de viajeros necesario, situado en unos 20,7 millones anuales. Este valor se dispara en casi tres millones respecto a lo ocurrido en el año previo a la pandemia.

En cuanto a la cifra de negocios, apenas 2.946.803 se corresponden con lo pagado por los usuarios (5,6 millones en 2019). Un valor al que hay que sumar 32,3 millones aportados por la Junta para compensar los retrasos acumulados y 20,6 millones destinados a abaratar el coste real del transporte de los pasajeros.

Otro de los detalles plasmados en el documento es el relativo al dinero que la sociedad explotadora debe aún al Banco Europeo de Inversiones (BEI), principal fuente de financiación de la infraestructura. Tomando los valores a finales de 2020, la suma roza los 241,5 millones de euros, lo que supone una reducción de casi 17 millones respecto a finales de 2019.