Málaga tiene ante sí una oportunidad única para avanzar en la transformación de su movilidad, potenciando medios alternativos como la bicicleta y los vehículos de movilidad personal (VMP), reduciendo el impacto de los vehículos de motor y delimitando una zona de bajas emisiones en el Centro.

Una estrategia en la que viene trabajando desde hace años y que encuentra ahora el respaldo económico del Gobierno central. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha activado una línea de ayudas de 1.000 millones de euros (para el conjunto del país) destinados a colaborar de manera directa con los municipios. Una cuantía que se alimenta directamente de los fondos europeos reservados para hacer frente a la crisis de la Covid.

En este escenario, el Ayuntamiento tiene claro que no va a dejar pasar la ocasión. Así lo ha expresado a EL ESPAÑOL de Málaga el concejal de Movilidad, José del Río, quien destaca el valor de la iniciativa que ahora se pone en marcha.

Aunque queda aún por perfilar el detalle de las propuestas que se formalizarán, habla de manera directa del proyecto de la zona de bajas emisiones (queda por delimitar su dimensión). Desde principios de año, el Consistorio dispone de un anteproyecto que dibuja varias alternativas de desarrollo, abarcando una superficie de entre 350 y 437 hectáreas del casco antiguo y su entorno.

Una delimitación geográfica que quedaría acotada al paso de determinado tráfico más contaminante. Para ello, el plan incluye la creación de medio centenar de puntos de acceso (en función de la solución seleccionada) con cerca de un centenar de cámaras de control. La inversión final, incluyendo los dispositivos tecnológicos necesarios y determinadas actuaciones urbanísticas, rondará los 4,5 millones.

Al tiempo, Del Río defiende la opción que se abre para ampliar de manera significativa la actual red ciclable de la ciudad con otros 16 itinerarios. Otra de las acciones que se maneja afecta a la Empresa Malagueña de Transporte (EMT), que lleva años trabajando en la construcción de unas nuevas cocheras.

Según los detalles recogidos en la iniciativa y la población actual de la capital, el Consistorio puede aspirar a una ayuda global de unos 43 millones de euros. Una cuantía que alcanzaría los 48 millones dado que hay un 10% de los fondos que deben ser aportados por las arcas municipales.

Los ayuntamientos interesados en participar en esta convocatoria tienen de plazo hasta el 31 de septiembre para formular sus ideas, abriéndose posteriormente un periodo de análisis. Entre los condicionantes que pesan en este programa está la necesidad de que las operaciones a financiar sean posteriores a finales de 2020 y deberán estar completadas el 31 de diciembre de 2024.

Plazos previstos

En el apartado de requisitos, se menciona la necesidad de que los beneficiarios certifiquen el inicio de los procesos de licitación de las actuaciones antes del 30 de abril de 2022, así como la adjudicación al menos el 60% del importe del coste subvencionable de las actuaciones previstas antes de que concluya noviembre de 2022. El incumplimiento de estos hitos podrá implicar la pérdida de la subvención.

Es decir, el propio plan exige celeridad a los ayuntamientos y que formulen operaciones que ya estén avanzadas en su planificación. De hecho, uno de los elementos que se toman como referencia en la valoración de las propuestas es el de la "madurez" de las mismas, así como que no supongan impacto negativo. Otro elemento a considerar es que en el caso de las ayudas que busquen la implantación de una Zona de Bajas Emisiones, las mismas deberán estar operativas en 2023.

A ojos del Gobierno central, ¿qué intervenciones son financiables con este dinero? El listado es amplio e incorpora muchas de las operaciones que viene defendiendo el equipo de gobierno encabezado por Francisco de la Torre. 

Además de la Zona de Bajas Emisiones, incluyendo señalización, sistemas de control de accesos y aparcamiento, sistemas de comunicaciones y sistemas de gestión, las bases del ministerio fijan la posibilidad de utilizar dinero para crear plataformas de priorización (o exclusividad) para transporte colectivo y carriles para bicicletas y/o vehículos de movilidad personal.

También se habla de adecuación espacios urbanos para la implementación de zonas e itinerarios peatonales y mejora de la accesibilidad. "Por ejemplo, actuaciones en entornos históricos y artísticos, en zonas comerciales, en supermanzanas, actuaciones de movilidad vertical, pasarelas en permeabilización de barreras urbanísticas como líneas de ferrocarril, autopistas, ríos...", se indica.

Otras iniciativas apropiadas que contarán con fondos son la generación de aparcamientos disuasorios en la periferia o en las proximidades de estaciones de transporte público, y aparcamientos complementarios de zonas peatonalizadas. Se trata de otra iniciativa que viene manejando desde hace décadas el Consistorio, sin que haya avanzado en las mismas. Y ello pese a ser protagonista del Plan Especial de Movilidad Urbana de Málaga (Pemus). 

El Ayuntamiento también puede poner sobre la mesa el proyecto de construcción del centro de distribución de mercancías que quiere ejecutar en el Centro, en una parcela de la calle Gigantes.

Un instrumento mediante el que realizar el reparto final de mercancía a los negocios del casco antiguo mediante vehículos eléctricos. Los datos iniciales elevan a unos 6,6 millones el coste de la infraestructura necesaria, incluyendo la adquisición del solar a la Junta de Andalucía.