El Puerto de Málaga tiene ya trazada su estrategia ante el rechazo expresado oficialmente por el Ministerio de Cultura a la torre proyectada junto al dique de Levante. Frente a la decisión ya adoptada por el Ayuntamiento de interponer una reclamación previa ante el organismo estatal, la Autoridad Portuaria quiere, antes de cualquier otro movimiento de mayor entidad, emplear la baza del diálogo.
Así lo ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga el presidente del Puerto malagueño, Carlos Rubio, quien ha precisado que “a través de Puertos del Estado, se quiere canalizar un contacto directo con el Ministerio, con el fin de que vea las incongruencias” existentes en su primera resolución sobre el hotel.
"Estamos trabajando en el tema; seguimos pensando que la resolución de cultura contiene grandes incorrecciones jurídicas", sostiene Rubio, quien avala la línea de acercamiento a Cultura dado que la "principal figura" que pesa en este asunto sería el de la nulidad del informe emitido "por falta de competencias, algo que no prescribe". Es decir, en caso de necesidad, el Puerto tendría la opción más adelante de dar una vuelta de tuerca y acudir a la vía judicial si fuese necesario.
Lo que está ocurriendo ahora con el proyecto del hotel y la negativa de Cultura, aduciendo la posible existencia de un expolio sobre el patrimonio histórico, puede sentar un precedente "ciertamente grave para Puertos del Estado".
Así lo señalan otras fuentes consultadas por este periódico, que recuerdan que ello podría obligar a que muchos de los puertos de interés general del país que quieran impulsar operaciones semejantes tengan que "estar mirando con un ojo a Cultura a ver qué ocurre".
El camino tomado por el Puerto es distinto al del Consistorio, igualmente crítico con Cultura, que tras una reunión celebrada la pasada semana, a la que también acudió la Junta de Andalucía, justificó la formulación del recurso previo en la posible existencia de una posible invasión en las competencias urbanísticas municipales.
"Tenemos un procedimiento de hace cinco años donde todo estaba legitimado, que contaba con Evaluación Ambiental Estratégica favorable y con el informe de Cultura y Patrimonio, en el que se decía que no había afectación ni sobre el patrimonio ni sobre el paisaje", dijo el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López.
Entre las "contradicciones claras" observadas en el informe inicial de Cultura, el Consistorio detecta las menciones que se hacen al Plan Especial de Gibralfaro, que se incluya el recinto del puerto como parte de la zona declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) del Centro o que se exponga que "como el suelo es del Estado está legitimado".