La cifra de demandantes de una vivienda a precio asequible en Málaga capital alcanza su nivel más elevado en las últimas décadas. Casi coincidiendo con el momento en que mayor es la proyección nacional e internacional de la capital de la Costa del Sol, convertida en referente de decenas de fondos de inversión, mayor es el número de personas y familias inscritas en el registro de demandantes del que dispone el Ayuntamiento para medir la necesidad residencial.

Mientras en el litoral oeste de Málaga hay pisos por las que se pagan varios millones de euros, los datos oficiales facilitados por el Instituto Municipal de la Vivienda confirman que hay unos 26.500 los nombres inscritos en la citada base de datos. 

¿Implica esto que son 26.500 los pisos sociales que se requieren en la ciudad? Desde el organismo público precisan que son muchos los casos en los que aparecen dentro de este listado todos los integrantes de un mismo núcleo familiar. Una circunstancia que obliga a cribar de manera clara la cifra global. Actualmente, el Consistorio trabaja en la elaboración del nuevo plan de vivienda, en el que se tomarán en consideración la previsión de hogares.

Pese a ello, las estadísticas oficiales constatan cómo año tras año la cifra de peticionarios va creciendo. Muestra de ello es que en los once primeros meses del presente ejercicio son ya 3.895 las solicitudes formalizadas. Un número que crece de manera clara respecto a lo ocurrido en 2020, anualidad en la que parece notarse el impacto de la pandemia provocada por la Covid, con 2.844.

Este instrumento fue creado en mayo de 2010. Desde ese momento, son alrededor de 40.000 las solicitudes registradas, si bien de todas ellas quedan activas unas 26.500. Hay que tener en cuenta que muchos de los peticionarios abandonan el registro porque han encontrado alternativas residenciales o porque sus condiciones económicas han variado.

De todos ellos, casi 13.400 son jóvenes de menos de 35 años. El segundo colectivo más numeroso es el de peticionarios que no forman parte de algún grupo de especial protección o general, con 7.120 casos. 

Le siguen las personas en riesgo de exclusión social, con 1.396 peticiones; aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, con 1.228; los mayores de 65 años, con 1.116 solicitudes; 1.110 son familias monoparentales; 272 son demandas de personas procedentes de ruptura de unidades familiares; hay 50 peticiones de emigrantes retornados…

Este es el perfil social de quienes se apuntan al registro municipal con el objetivo de optar a algunas de las promociones de protección oficial impulsadas por el Ayuntamiento o por promotores privados. Pero los datos constatan también que hay una mayoría de peticionarios que pretende una vivienda en régimen de alquiler. En concreto son casi 15.600 las demandas de este tipo de producto, frente a los 10.527 que se decantan por la compra.

Impulso al sector Universidad

A la espera de que los actores privados pongan en marcha nuevas operaciones residenciales, vuelve a ser el Ayuntamiento el que aparece como principal impulsor de este tipo de producto residencial. Tras años en los que la actividad ha sido algo menor, para el año que viene, el Consistorio pretende activar el que será el segundo gran barrio social de la ciudad, el proyectado en el sector Universidad.

Aunque la bolsa de suelo localizada más al oeste del campus universitario permite la edificación de algo más de un millar de viviendas, la decisión municipal pasa por promover de manera directa 476. 

Con ese objetivo ya ha formalizado el contrato para la construcción de los primeros edificios, con 253 VPO. La actuación ha sido asumida por la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Heliopol e Ielco, con un presupuesto de 26,3 millones de euros. Debido a los plazos manejados, serán necesarios dos años para su terminación.

Al tiempo, la Sociedad Municipal de Vivienda tiene en fase de adjudicación otras dos actuaciones en este mismo sector. Una de ellas con 70 VPO, valorada en casi 7,8 millones de euros, y otra de 69, por casi 6,6 millones. A estas operaciones hay que sumar otras 89 que están pendientes de ser licitadas.

En la mayor parte de los casos son viviendas en alquiler, destinadas a familias con ingresos de hasta veces 3,5 IPREM, unos 26.000 euros, y la renta de alquiler medio será 425 euros/mes para una vivienda de tres dormitorios. Esta mensualidad incluye plaza de aparcamiento y trastero.

¿Qué ocurre con el restante paquete de Universidad? La intención del equipo de gobierno pasa ahora por establecer acuerdos con promotores privados para que sean ellos los que los desarrollen de manera directa.