El futuro del emblemático restaurante Antonio Martín sigue en el aire. Aunque empiezan a perfilarse claramente las posiciones de las administraciones que tienen algo que decir en el mantenimiento o no de la construcción. Especialmente relevante es la de la Junta de Andalucía. Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga, el Gobierno andaluz es drástico en su posición de defensa del inmueble.

"La Junta lo que quiere es mantener el edificio; no va a derribar nada", dicen de manera tajante las fuentes consultadas, que apuntan que la intención de la Administración regional es la de seguir adelante con la petición de ampliación del periodo de concesión del actual responsable, el grupo Martín Lorca, al frente del cual se encuentra el empresario José Carlos Escribano.

Pese a que esta es la voluntad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, queda aún por perfilar los detalles de esta ampliación. Se da la circunstancia, según apuntan las fuentes, que en el momento en que se conoció la resolución de la Dirección General de Costas, "con la firma de la ministra", para que se procediese al derribo del restaurante, la Junta ya estaba tramitando una nueva concesión sobre el espacio.

En este escenario, la Junta esquiva cualquier posibilidad de intervenir sobre la construcción. "No vamos a derribar nada; el suelo sobre el que se levanta es, por así decirlo, de Costas y si quiere que lo derribe ella", apostillan. El mensaje autonómico viene a coincidir con el expresado meses atrás por el Ayuntamiento de la ciudad, que también se opuso a ir adelante con la determinación del organismo estatal.

De hecho, en el seno de la Administración regional creen que los distintos mensajes lanzados por el Consistorio respecto al plan litoral y a la incidencia o no de Antonio Martín han podido ser determinantes para que Costas se pronunciase respecto a la demolición.

Hay que recordar que el organismo estatal justificó su decisión en la existencia de una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmaba la decisión de la Junta de Andalucía de dar por extinguida la concesión original que pensaba sobre el inmueble. La misma, de acuerdo con los detalles conocidos, expiró hace casi una década.

Ante este pronunciamiento judicial, la Administración regional solicitó a Costas información sobre el futuro de la construcción, al tratarse del titular del suelo sobre el que se levanta. Ante estos acontecimientos es trascendente la posición de la Junta, que ya en 2013 ordenó demoler la terraza del edificio, al haber sido ejecutada sin autorización. 

Una de las cuestiones clave en el actual conflicto es que la empresa que obtuvo el título concesional desapareció en 1991. Ante esta situación, Costas llegó a iniciar en 2009 un expediente de extinción de la concesión al comprobar que su titular, Antonio Martín SA, había sido dado de baja incluso en el Registro Mercantil. La concesión fue a parar a manos de Exceho SL a través de un contrato de arrendamiento que fue comunicado a Costas y autorizado incluso por la Abogacía del Estado a finales de los años 90. 

El expediente para revocar la concesión administrativa de este restaurante fue inicialmente rechazado entonces por el Consejo de Estado al haberse excedido la Dirección General de Costas en los plazos fijados. Este mismo organismo ordenó la apertura de uno nuevo, pero coincidió con el traspaso de competencias a la Junta de Andalucía a principios de 2011 y ya no hubo tiempo de terminarlo.

A estos elementos hay que sumar la determinación del Ayuntamiento de, aprovechando el proyecto de transformación del eje litoral, plantear una especie de plaza mirador en el punto de encuentro de los paseos Pablo Ruiz Picasso y Ciudad de Melilla, coincidiendo con el punto del antiguo Antonio Martín. Así al menos lo plantea el arquitecto Salvador Moreno Peralta en uno de los estudios realizados sobre esta operación.