El Ayuntamiento de Málaga da marcha atrás en su ambiciosa apuesta por impedir la apertura de casas de apuestas, salones de juego y bingos a menos de 500 metros de colegios, zonas verdes y equipamientos sociales deportivos. Así lo asume el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, después de que la pasada Semana Santa recibiese una notificación de la Junta de Andalucía advirtiendo de la interposición de un contencioso judicial contra el acuerdo adoptado por el Consistorio.
Un mensaje contundente que, según el edil, venía acompañado del auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respaldando la petición del Gobierno andaluz contra el Ayuntamiento de Cádiz, que en una acción parecida pero menos contundente que Málaga, también suspendió cautelarmente la concesión de licencias para este tipo de negocios.
"Lo que ha hecho la Junta es trasladar su inquietud ante el procedimiento que nosotros activamos y nos informaban de que si continuamos interpondrá contencioso administrativo", ha expuesto López. "Es un tema que tememos perdido", ha concluido el concejal tras analizar la cuestión con los servicios jurídicos municipales y la Secretaría General.
En este escenario, la intención del equipo de gobierno pasa por archivar la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para disponer una nueva redacción del artículo relativo a los usos recreativos. Con ello se buscaba regular e impedir la apertura de casas de apuestas en determinadas localizaciones.
Una vez se formalice el anunciado archivo, las empresas del sector volverán a tener vía libre para solicitar permisos de apertura, un movimiento que había estado vetado en Málaga durante el último año tras una primera medida adoptada por el Consistorio.
La reacción con la que ahora se ha encontrado Málaga por parte de la Junta no es nueva. De hecho, era esperable. Muestra de ello es que ya el año pasado, cuando se puso en marcha la moratoria de un año para licencias de este tipo, desde la Consejería de Hacienda anunció su intención de impugnar cualquier modificación puntual de las normas urbanísticas que afectasen al régimen de distancias mínimas al entender que supondría una invasión de competencias exclusivas del Gobierno andaluz.
En aquel entonces, el concejal de Ordenación del Territorio malagueño defendió la decisión de seguir adelante con la medida, al entender que no se invadía competencia alguna autonómica. "Creemos que urbanísticamente es una competencia del Ayuntamiento, pero estaremos prestos a conocer el criterio de la Junta", dijo.