La Fiscalía de Málaga ha acusado a seis personas por presuntamente facilitar a mujeres de Nigeria la documentación necesaria y favorecer su viaje a España para aquí explotarlas sexualmente ejerciendo la prostitución. En la causa constan al menos seis víctimas y a los procesados se les acusa de delitos contra los ciudadanos extranjeros, de trata de personas y de blanqueo de capitales.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, cuatro de los acusados (dos hombres y dos mujeres) formaban parte de un grupo, junto a otras personas residentes en Nigeria, que "facilitaban a ciudadanas de dicho país documentación y recursos para trasladarse a España y una vez aquí ser explotadas sexualmente" presuntamente por las dos procesadas.

La acusación pública señala en su escrito provisional que de esos cuatro acusados, otro era el supuesto encargado de trasladar el dinero conseguido con la prostitución a Nigeria y el último era el que presuntamente acompañaba a la mujeres y facilitaba las peticiones de asilo con las que conseguirían la documentación para quedarse en el país.

De hecho, según precisa el ministerio fiscal, este último habría indicado a una de las chicas que dijera que estaba amenazada por un grupo terrorista para la petición de asilo, por lo que le cobró 250 euros. Supuestamente, los otros dos acusados (un hombre y una mujer) también utilizaban los servicios del grupo y presuntamente tenían en su casa a una chica a la que "explotaban sexualmente" tras haber realizado un viaje en patera.

La Fiscalía explica que los miembros de la organización en Nigeria no informaban a las mujeres de que venían a España a ejercer la prostitución y una vez en el país les decían que debían pagar una fuerte deuda por el viaje, de unos 55.000 euros; para lo que tenían que prostituirse, tras lo que todo el dinero iba para la red.

La investigación señala que la prostitución la ejercían en domicilios, en polígonos o en clubes de la provincia de Málaga, "con jornadas de diez horas seguidas" en algunos casos; y apunta a que a las mujeres se les practicaba rituales de vudú y "se les amenazaba con hacer daño a sus familias" para que pagaran la supuesta deuda, según recoge el escrito de acusación inicial.

Así, la Fiscalía acusa a los seis procesados de varios delitos, algunos agravados por pertenencia a organización, solicitando para una de las acusadas una pena de 77 años de cárcel; y para otra, 32 años de prisión.