Durante años, las conocidas como expropiaciones por ministerio de ley fueron una pesadilla que semana tras semana alteraba el descanso del Ayuntamiento de Málaga y de sus máximos responsables. Muchos son los episodios en los que el escenario de lo onírico se ha dado la mano con el mundo real, forzando a las arcas municipales a abonar millones de euros por decenas de suelo de nulo o escaso aprovechamiento.

Y este viejo fantasma, que parecía ausente, vuelve a aparecerse por la Casona del Parque con una reciente sentencia que condena al Consistorio a pagar más de 7,7 millones de euros por la enajenación de casi 13.000 metros cuadrados de un sistema local de espacios libres localizado en la zona este de la ciudad. Una cuantía a la que sumar los intereses devengados.

El fallo judicial, emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 8 de abril, supone un revés considerable para los intereses municipales. La decisión, en cualquier caso, no es definitiva, al existir la opción de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

A los responsables municipales siempre les cabe llorar con un ojo. Porque siendo elevada la cifra fijada por el tribunal, es muy inferior a la reclamación inicial de la empresa propietaria, Capel Sur. La firma, una vieja conocida, responsable de numerosas reclamaciones judiciales exigiendo la expropiación de sistemas locales, elevó el valor de los terrenos afectados en 49 millones de euros.

Sea como fuere, el contratiempo para Málaga es mayúsculo si se parte de la premisa de que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo tasaron esos casi 13.000 metros cuadrados en poco menos de 1.250.000 euros. Es decir, que tomando como referencia lo dictado por el juzgado, la cifra a pagar multiplica por 6 la estimación municipal. En medio puede situarse la valoración que llegó a marcar la Comisión Provincial de Valoraciones, que habló de casi 4,7 millones. Las primeras hojas de justiprecio datan del año 2009.

El Ayuntamiento no prevé recurrir

¿Qué va a hacer el Ayuntamiento ante este pronunciamiento? El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, tras las consultas debidas a los servicios jurídicos, apunta como probable que no se presente recurso de casación. "Hay muy pocas posibilidades de que prospere", viene a señalar a EL ESPAÑOL de Málaga.

Al tiempo, ha solicitado a los técnicos de Urbanismo un análisis en profundidad del fallo judicial y el análisis de posibles alternativas para enfocar la acción municipal. El edil no ha querido dar más detalles. Se da la circunstancia de que si bien en el plan del 97 ese suelo estaba recogido como sistema local de espacios libres, en el vigente, de 2011, se pinta como zona comercial. 

Muestra del impacto que este tipo de expropiaciones forzosas, avaladas por el Plan General de Ordenación Urbanística de 1997, ha tenido sobre las cuentas municipales sirva como ejemplo las ocho sentencias firmes emitidas por los tribunales hace ya varios años, que elevaron el coste de las operaciones a 17 millones de euros.

Todas estas enajenaciones tienen como denominador común que sus propietarios, en su mayoría promotoras que se hicieron con esos suelos a costo bajo, instaron a Urbanismo la expropiación de los mismos por ministerio de ley una vez superado el plazo de 4 años en el que estaba obligado a realizar la obtención. 

Pero con el añadido de que exigieron cuantías muy superiores a las que desembolsaron para hacerse con las fincas. Así, los dueños de 18 parcelas dibujadas como zona verde el plan del 97 llegaron a reclamar casi 300 millones, frente a los 11 millones en las que fueron valoradas por los técnicos municipales.

Terreno junto al OMAU

Uno de los supuestos que guarda cierta semejanza a lo ocurrido ahora fue una sentencia del Supremo, a finales de 2018, fijando el pago de 5,5 millones de euros por 6.444 metros cuadrados de zona verde junto a la sede del OMAU. Un terreno de imposible disfrute vecinal, ya que dos terceras partes del mismo presenta una pendiente del 80%. 

Otro referente de la situación con la que ha tenido que lidiar el Ayuntamiento durante la última décadas fue la expropiación de 21.881 metros cuadrados de zona verde en el Monte Gibralfaro, junto al colegio El Monte. La misma le costó 3,6 millones a la empresa Parque Málaga, que reclamó a la ciudad 68 millones. 

En una primera decisión judicial, el TSJA rebajó la indemnización a 34,6 millones, decisión que, tras el recurso municipal al Supremo, fue modificado de manera significativa. La sentencia firme situó el justiprecio de los suelos en 4,8 millones de euros.

Este caso contrasta con lo ocurrido con otros terrenos en la calle Jacques Capeluto, que los propios técnicos municipales llegan a considerar "de imposible edificación". Los 4.800 metros de parcela le han costado al Consistorio, con sentencia firme, 6,2 millones, muy por encima de los 573.000 euros en los que lo tasó Urbanismo. 

Mucho más benévolas son otras sentencias. Una de ellas tiene también a Capel Sur como protagonista. Se trata de un suelo de 4.500 metros en la calle Monte de Sancha. La promotora reclamó 18,2 millones, pero el TSJA asumió como válido el justiprecio de los técnicos municipales, que lo valoraron en 465.000 euros. 

Y en esta misma línea, lo sucedido con un terreno en Cañada de los Ingleses, por el que el que fuera responsable de la promotora Aifos llegó a reclamar 21 millones. El Supremo redujo la suma a 923.000 euros.